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      <title>Logotipo de Cinco Días</title>
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Source: http://cincodias.com/rss/cincodias/economia.xml

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<title><![CDATA[Sección Economía | Cinco Días]]></title>
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<description><![CDATA[Sección Economía | Cinco Días]]></description>
<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2017 22:11:29 +0200</lastBuildDate>
<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 22:11:29 +0200</pubDate>
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<copyright><![CDATA[Copyright 2017, Estructura Grupo de Estudios Económicos S.A.]]></copyright>
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<title>Logotipo de Cinco Días</title>
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<title><![CDATA[La tasa de paro de la EPA bajará al 16,6% en 2017]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Los Presupuestos incluirán una Oferta de Empleo Público la conversión a fijos de 250.000 interinos, una subida salarial del 1% para los funcionarios y la bajada del IVA de los espectáculos en directo.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 14:32:05 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Presupuestos Generales Estado]]></category>
<category><![CDATA[Luis de Guindos]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas Estado]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado en primer lugar la inclusión de una Oferta de Empleo Público (OEP) y ha asegura que "estamos en la legislatura del diálogo y los acuerdos políticos con un objetivo político", que es la creación de puestos de trabajo: 20 millones de personas trabajando en el año 2020.
Los Presupuestos incluyen una oferta de empleo público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas de reposición, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8% en ese periodo.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha procedido después a explicar el cuadro macroeconómico para el periodo 2016-2019. Ha confirmado que se mantiene la proyección de crecimiento del PIB para 2017 en el 2,5% y ha destacado que por segundo año consecutivo hay una aportación positiva de la demanda externa, algo que no ocurría en España desde 1997.
Ha comentado que la previsión para este año es que el empleo va a crecer por encima del medio millón de puestos de trabajo, alcanzando los 19 millones de ocupados en términos (Encuesta Población Activa), y que el desempleo se reducirá en 458.000 personas, de modo que la tasa de paro bajará hasta el 16,6% (dos puntos de caída), algo más de diez puntos por debajo del máximo de 2013.
Guindos ha dicho que son "proyecciones prudentes" porque "es fundamental para la aprobación de los Presupuestos tener unas proyecciones cautas".
Durante su turno, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos que hoy se ha aprobado "pone énfasis en el gasto social" y apuesta por un empleo público estable y de calidad. Ha continuado explicando las grandes cifras del cuadro macro y ha dicho que se pretende programa para que las Adminsitraciones Públicas puedan cumplir con el objetivo de déficit y España salga en 2018 del procedimiento de déficit excesivo. "Para mantener la capacidad de financiación, hay que seguir reduciendo el déficit público hasta el objetivo del 3,1%". Y ha añadido que "si se logra reducir el déficit al 3,1% a finales de este año, el desequilibrio entre ingresos y gastos se habrá reducido más de seis puntos desde el 9,28% del PIB que alcanzó en 2011".
En cuanto a los ingresos tributarios, el cuadro prevé un total de 200.000 millones de euros, el mismo montante que hace diez años. Montoro ha indicado que la bajada del IRPF acumulada de 2015 y 2016 suma 9.300 millones de euros y que buena parte del crecimiento es porque "han bajado impuestos".
Asimismo, ha insistido en que los Presupuestos incluyen un incremento salarial del 1% para los funcionarios, en línea con el aprobado el año pasado, tras su congelación durante los años anteriores de la legislatura de Mariano Rajoy y de 2011, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que lo llego a bajar un 5% en 2010.
Ha recalcado también la necesidad de rebajar el déficit público para fortalecer la creación de empleo y la importancia de sacar adelante los Presupuestos porque "es lo propio de una democracia".
Hasta el martes a las 10:30 en el Congreso, cuando comenzará la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, no se conocerán los detalles de las cuentas públicas para 2017.
Por su parte, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado el recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos catalanes por incluir partidas destinadas a la organización de un referéndum.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también la <a href="http://cincodias.com/cincodias/2017/03/30/economia/1490896362_304183.html" target="_blank">bajada del IVA de los espectáculos en directo, como los conciertos, el teatro, la danza o los toros</a>, del actual 21% al 10%. El Gobierno subió el IVA del 10% al 21% al sector cultural en 2012.
En respuesta a los periodistas sobre las modificaciones en el IVA, Méndez de Vigo, ha explicado que la rebaja del IVA no se aplicará al cine pero que cuando la economía lo permita se hará. "El cine tiene otras medidas como las ventajas fiscales que hace que el cine español esté en un gran momento", ha dicho.
Montoro ha admitido que el impuesto sobre las bebidas azucaradas no lo están desarrollando porque explica que antes ha de estudiarse su viabilidad. Además, insiste en que es un impuesto para el reordenamiento, no para recaudar más. Insiste en que no hay todavía elaborado ni un anteproyecto.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Fomento baja el interés de las hipotecas sobre VPO]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Raquel Díaz Guijarro]]></dc:creator>
<description><![CDATA[La medida beneficia a 267.600 familias. Los tipos más elevados, en el 2,50%, son los correspondientes a préstamos del plan 1996-1999.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 17:15:13 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[VPO]]></category>
<category><![CDATA[Política vivienda]]></category>
<category><![CDATA[Tipos interés]]></category>
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<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el acuerdo por el que se propone la revisión y modificación de los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
De esta forma, los nuevos tipos de interés serán los siguientes: los relativos al programa de 1996-1999 se mantienen invariables en el 2,50%; los del plan 2002-2005 se reducen del 1,87% al 1,74% y los del plan 2005-2008 pasan del 1,90% al 1,75%.
Con carácter general, la revisión se realiza en función de la evolución de los tipos de referencia del mercado que son publicados por el Banco de España, tomando como referencia la variación de los últimos meses, según informó hoy el Ministerio de Fomento en una nota.
El número de familias beneficiadas por esta reducción asciende a 267.605. La reducción media de la cuota será de entre 25,20 y 29,64 euros en el caso del Plan 2002-2005 y de 57,72 para el programa 2005-2008.
La normativa vigente que regula el funcionamiento de los distintos planes de vivienda establece que en el primer trimestre de cada año procede revisar y modificar, en su caso, el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos concedidos en los mencionados programas.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Primeras plazas de la oferta de empleo: policía y guardia civil]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/31/economia/1490964783_847527.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para habilitar ya una partida destinada a que los sectores con necesidades más urgentes, como son Educación, Guardia Civil y Policía Nacional.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 15:00:59 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Presupuestos Generales Estado]]></category>
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<category><![CDATA[Empleo]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Los Presupuestos Generales del Estado que ha aprobado el Gobierno incluye una oferta de empleo público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas de reposición, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8% en ese periodo.
El Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para adelantar 7.969 plazas de la oferta pública de empleo para 2017, para los ámbitos de la educación, las fuerzas armadas, la policía y la guardia civil, ha anunciado hoy el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha detallado que este decreto ley incluye la convocatoria de 6.005 plazas de acceso libre, 1.673 de promoción interna y 291 de otro tipo.
El resto de las plazas de la oferta pública de empleo de 2017 serán convocadas por las comunidades autónomas y, según los cálculos de Hacienda, alcanzarán las 10.000 en el ámbito educativo no universitario y a 1.500 para profesores universitarios.
En concreto, se ha aprobado la convocatoria de una promoción de 3.331 plazas para acceder a la Policía Nacional y otras 1.866 para ingresar en la Guardia Civil. n total, 5.197 nuevas plazas de policía y guardia civil contempladas hoy en el decreto ley de oferta de empleo público de 2017.
Con las convocatorias que realizará la Policía y la Guardia Civil, las plantillas de ambos cuerpos superarán la tasa de reposición de otros años, que se situaban en torno al 10% de las bajas que se producían.
De las 3.331 nuevas plazas para ingresar en la Policía, 130 serán para la escala ejecutiva por acceso libre (inspectores), en tanto que la mayoría -3.201- serán para la escala básica, de la que 640 estarán reservadas para militares de tropa y marinería que lleven al menos 5 años de servicios, tal y como recoge la ley.
Mientras, de la propuesta de la Guardia Civil también la mayoría, 1.801, será ofertada para ingresar en el escala de cabos y guardias y 65 en la Escala de Oficiales. Se reservará hasta un 50 por ciento, 721 plazas, para militares profesionales de tropa y marinería con al menos 5 años, y hasta un máximo de un 20 por ciento, esto es 175, para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Hacienda baja el IVA de toros y teatro, pero no del cine]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Jaume Viñas Coll]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Los Presupuestos que presentará este viernes el Consejo de Ministros contemplan que el IVA del teatro y los toros baje del 21% al 10%. Sin embargo, el cine seguirá aplicando el tipo del 21%.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 12:45:27 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[IVA]]></category>
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<category><![CDATA[Cine]]></category>
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<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El Ministerio de Hacienda ya ha ultimado un cambio normativo en el IVA para incluir en los Presupuestos Generales del Estado el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos que contempla una reducción del llamado IVA cultural. En concreto, el punto seis del artículo 91.2 del IVA establece que aplicarán el tipo reducido del 10% “la entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y museos, galerías de arte y pinacotecas.” Con la reforma, a este artículo se añadirán las entradas a “teatros, circos, festejos taurinos, conciertos y a los demás espectáculos culturales en vivo”.
Así, el cine se queda de momento fuera de la rebaja del IVA y seguirá aplicando el gravamen del 21%. Los toros, que antes del incremento de 2012 del llamado IVA cultural ya aplicaban el gravamen general, sí que verán reducida su tributación. El acuerdo con Ciudadanos no incluía la rebaja del IVA de los toros. Se trata de una medida que ha impulsado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, cuyas tesis se han impuesto a las del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La reducción del IVA de los teatros y los toros tiene un impacto presupuestario menor y apenas supera los 50 millones de euros. Sin embargo, va en la dirección contraria que exige Bruselas, que recomienda reducir el número de bienes y servicios que están bonificados. Por otra parte, se trata de una medida regresiva porque son las rentas más altas quienes destinan una mayor parte de sus recursos a ocio y, por lo tanto, son las beneficiadas de la rebaja del IVA a los espectáculos en directo.
El cine criticará con toda seguridad quedar fuera de la rebaja del IVA cuando ha sido el sector que con más insistencia ha reclamado una rebaja fiscal. Hacienda argumenta que ya ha establecido bonificaciones fiscales en el impuesto sobre sociedades para promocionar la producción de películas en España.
El impuesto de bebidas azucaradas y la subida de tributos verdes, en la nevera 
El acuerdo con Ciudadanos y el Gobierno para apoyar el presupuesto también contempla no incluir ninguna subida fiscal. Así, ni en los Presupuestos ni en una hipotética Ley de Acompañamiento se incluirá la creación de un impuesto sobre la bebidas azucaras ni un incremento de la fiscalidad verde. Ambas medidas estaban incluidas en el Programa de Estabilidad que el Ejecutivo mandó a Bruselas. Si bien Ciudadanos se apuntó como un tanto que se no incluyan estas subidas fiscales, Hacienda nunca vio con buenos ojos la aplicación de estos gravámenes. En realidad, se trataba de incluir medidas en el plan de estabilidad que contentaran a la Comisión Europea y sirvieran para evitar la exigencia de nuevos ajustes.
Ciudadanos anunció ayer que votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado y se mostró satisfecho de haber logrado que las cuentas destinen 4.000 millones “a la clase media trabajadoras” y a las reformas para “modernizar España”. En concreto un primer bloque de 1.915 millones incluye 480 millones para la tarifa plana de los autónomos, el aumento del permiso de paternidad o 500 millones para el complemento salarial para jóvenes. En el bloque para “modernizar España” se contempla, por ejemplo, un plan de choque contra el fracaso escolar o planes de formación.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[La UE se pliega a los deseos del 'brexit' que Londres exigió]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Bernardo de Miguel]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Bruselas se muestra dispuesta a negociar un partenariado especial con Londres en materia de comercio y seguridad que reconozca al país 'fugado' un estatus especial.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 10:37:09 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Brexit]]></category>
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<category><![CDATA[Referéndum UE]]></category>
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<category><![CDATA[Relaciones exteriores]]></category>
<category><![CDATA[Política]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El Consejo Europeo ha publicado hoy las primeras directrices sobre la negociación del ‘brexit’ en las que se recogen casi todas las demandas planteadas por el gobierno británico. Bruselas se muestra dispuesta a negociar un partenariado especial con Londres en materia de comercio y seguridad que reconozca a Reino Unido un estatus especial como antiguo miembro de la UE.
Los 27 socios de la UE también aceptan que tan pronto como se avance en las negociaciones de salida (en cuanto a la factura y los derechos de los residentes a uno y otro lado del Canal de la Mancha) se podrá empezar a negociar el acuerdo sobre la futura relación entre Londres y Bruselas, tal y como planteaba la primera ministra, Theresa May. La canciller alemana, Angela Merkel, ya señalo el pasado miércoles que la negociación del nuevo acuerdo podría comenzar una vez que se resolviesen los asuntos más espinosos de la salida.
La Unión, sin embargo, se reserva el derecho en exclusiva para decidir cuándo puede empezar la segunda negociación. Bruselas confía en que se pueda comenzar a finales de este año o comienzos de 2018.
El objetivo es que en marzo de 2019, al final del plazo de dos años establecido en el artículo 50 del Tratado de la UE, se resuelva tanto el procedimiento de salida como la nueva relación y las fases transitorias necesarias para la adaptación de empresas y trabajadores.
“Evitaremos que haya un vacío legal para nuestras empresas”, ha señalado el presidente del Consejo Europe, Donald Tusk, durante la rueda de prensa en Malta para presentar las directrices. “Se trata de controlar los daños y minimizar el impacto”, ha añadido Tusk.
“Será una negociación dura, pero no es una guerra”, ha señalado el primer ministro maltés y presidente rotatorio de la UE, Josep Muscat, en la rueda de prensa para presentar las directrices.
Bruselas acepta, de entrada, la propuesta de May de suscribir una relación especial. “El Consejo Europeo acepta y comparte el deseo de Reino Unido de esta blecer una relación estrecha entre la Unión y el Reino Unido”, aunque advierte a Londres que no podrá disfrutar de todos los “beneficios” que tienen los miembros de pleno derecho de la UE.
El Consejo Europeo también acepta la tesis de May de que la relación con Londres no puede ser como la que mantiene Bruselas con terceros países, sobre todo, tras la irrupción de Trump en EE UU y el ascenso del proteccionismo en varios lugares del planeta. “El Consejo Europeo reconoce”, según el punto 24 de las directrices aprobadas hoy, “que, en el contexto internacional actual, es necesario tomar en cuenta las especifidades del Reino Unido como Estado miembro saliente, siempre y cuando [Reino Unido] se mantenga leal a los intereses de la Unión mientras sigue siendo miembro”.
Gibraltar pende de Madrid
El Gobierno español ha logrado que las directrices dediquen uno de sus 26 puntos expresamente a Gibraltar, para dejar claro que la futura relación con la colonia británica necesita el visto bueno de Madrid. El punto 22 señala que “una vez que el Reino Unido abandone la Unión, en el territorio de Gibraltar no se podrá aplicar ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido sin el acuerdo del Reino de España y el Reino Unido.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Tinsa calcula que la vivienda se encareció un 1,8% a marzo]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Los inmuebles acumulan unl descenso de precios del 39,6% desde 2007, momento en el que según la tasadora se alcanzaron los máximos del último ciclo alcista.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 11:09:17 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Suelo industrial]]></category>
<category><![CDATA[Burbuja inmobiliaria]]></category>
<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
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<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
<category><![CDATA[Industria]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El precio medio de la vivienda en España aumentó el 1,8% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta situarse en 1.237 euros el metro cuadrado, según informó hoy la tasadora inmobiliaria Tinsa.
Desde 2007, año en el que se marcaron máximos históricos, el descenso de precios se sitúa en el 39,6 %, con lo que, por primera vez en tres años, ha bajado de la barrera del 40 %, lo que, según la tasadora, indica la recuperación del mercado.
No obstante, Tinsa advierte de que el buen comportamiento del sector es todavía heterogéneo, pues conviven mercados con un “claro recorrido al alza” con otros que aún no han finalizado el ajuste de precios.
“Se trata principalmente de enclaves donde la demanda es débil y la vivienda disponible presiona los valores a la baja”, ha explicado en un comunicado el director del servicio de estudios de Tinsa, Jorge Ripoll.
En el primer trimestre, Cataluña, Madrid y Canarias registraron los mayores aumentos de precios, con ascensos del 7,5 %, del 6,6 % y del 5,3 %, respectivamente, informa Efe.
Por contra, los retrocesos más significativos fueron del 5,6 % en Navarra, del 5 % en Murcia y del 4 % en La Rioja.
Por capitales, el precio medio del metro cuadrado registró los mayores repuntes en Barcelona (12,1 %) y Alicante (11,7 %), frente a los descensos “notables” de Castellón de la Plana (10,2 %) y Logroño (7,8 %).
El plazo medio que una vivienda permaneció en el mercado hasta su venta definitiva fue de 9,9 meses en el primer trimestre del año.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[La deuda pública cerró 2016 en el 99,4% del PIB]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[EFE]]></dc:creator>
<description><![CDATA[La deuda del conjunto de las administraciones públicas ascendió a finales de 2016 a 1.106.952 millones de euros.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 10:49:16 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
<category><![CDATA[Financiación déficit]]></category>
<category><![CDATA[Déficit público]]></category>
<category><![CDATA[Bancos]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
<category><![CDATA[Banca]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[La deuda del conjunto de las administraciones públicas ascendió a finales de 2016 a 1.106.952 millones de euros y representó el 99,4% del PIB, de forma que cumple exactamente con el objetivo fijado por el Gobierno, según publicó hoy el Banco de España.
La deuda de la Administración Central ascendió a 796.622 millones (equivalente al 71,5% del PIB), la de las comunidades autónomas, a 276.899 millones (el 24,9% del PIB), la de los ayuntamientos, a 32.094 millones (el 2,9% del PIB) y la de la Seguridad Social, a 1.337 millones (el 0,1% del PIB).
El porcentaje de crecimiento interanual del conjunto de la deuda pública fue del 3,1%, en la Administración Central subió el 0,8 % y en las comunidades autónomas el 5,1%.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Ingresos y control del gasto: claves para cumplir el déficit]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Jaume Viñas Coll]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Montoro, comunicó hoy que España cerró 2016 con un déficit del 4,33% del PIB, lo que significa que cumplió el objetivo de estabilidad por primera vez desde que Rajoy ganó las elecciones de 2011.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 19:02:36 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Ministerio de Hacienda]]></category>
<category><![CDATA[Cristóbal Montoro]]></category>
<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
<category><![CDATA[Financiación déficit]]></category>
<category><![CDATA[Tributos]]></category>
<category><![CDATA[Déficit público]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
<category><![CDATA[Ministerios]]></category>
<category><![CDATA[Administración Estado]]></category>
<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[La Administración Pública gastó 48.187 millones más de los que ingresó en 2016. Registró así un déficit del 4,33% del PIB y por primera vez el Gobierno de Mariano Rajoy cumplió el objetivo de déficit público. El sector público ingresó 421.672 millones, un 1,5% más y elevó el gasto en un 0,3%. El cierre anticipado presupuestario fue clave para mantener el déficit bajo control. 
 
La Administración central registró un desfase del 2,52%, las comunidades autónomas sumaron un déficit del 0,82% y, la Seguridad Social, del 1,62%. Los ayuntamientos, por su parte, lograron un superávit del 0,62% del PIB.
 
Es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy cumple el objetivo de déficit desde 2012. Aun así, hay que tener en cuenta que el límite cuando se inició el año 2016 era del 2,8%. En abril, el objetivo se amplió al 3,6% y, ante la evidencia de que no se cumpliría, Bruselas permitió incrementarlo hasta el 4,6%.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacó que la reducción del déficit público ha sido fundamental para que la economía española se recuperara. Todas las comunidades, salvo Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia cumplieron el objetivo autonómico fijado en el 0,7%. Aun así, en conjunto, el déficit autonómico cerró en el 0,82%, por encima del límite.
Para el cumplimiento del objetivo de déficit fueron claves las medidas de reducción del gasto y el cierre anticipado presupuestario que aprobó el Gobierno y que permitió ahorrar 4.675 millones. Las menos partidas en desempleo y en intereses de la deuda también ayudaron a reducir los números rojos. España gastó 31.358 millones en el servicio de la deuda, un 5,6% menos.
A pesar de que los ingresos públicos totales aumentaron un 1,5%, la Agencia Tributaria recaudó menos de lo previsto. En el IRPF, los ingresos se mantuvieron en el mismo nivel que el año anterior, pero se desviaron en 3.000 millones de la cifra presupuestada. El principal impuesto indirecto, el IVA, aportó a las arcas públicas 62.845 millones, un 4,2% más. Los incrementos de los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades aprobados en septiembre supusieron elevar la recaudación en 3.000 millones. Los ingresos por el tributo que grava los beneficios empresariales aumentaron un 5%, pero también se quedaron por debajo de lo presupuestado. Hacienda había estimado que la recaudación total alcanzaría los 193.520 millones y se ha quedado en 18.249 millones, es decir, 7.271 millones menos de lo previsto. Supone el desvío más relevante desde 2012.
En el caso de la Administración central, el objetivo de déficit era del 2,2% y registró un desfase del 2,53% del PIB. Incluyendo la ayuda financiera, el desvío alcanza el 2,73% del PIB. Las mayores preocupaciones se centran en la Seguridad Social, cuyos números rojos ascendieron al 1,62%, dentro de los objetivos revisados. Aun así, el organismo encargado de pagar las pensiones es el eslabón de la Administración que arroja peores cifras.
Los ayuntamientos volvieron a ser claves y paliaron los desvíos registrados en la Administración central y las comunidades autónomas. Lograron un superávit del 0,64% del PIB, el mayor de su historia. Madrid presentó un superávit de 1.115 millones, el mejor dato en números absolutos. Aun así, la cifra es un 19% inferior al registro de 2015. Barcelona también redujo su superávit, que pasó de 168 millones a 113 millones, un 32,7% menos.
Montoro también destacó que la deuda pública cerró el año 2016 con un nivel de deuda pública del 99,4% del PIB y destacó que la tendencia irá a la baja en los próximos ejercicios.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[La UE se arriesga a aislarse del futuro comercio mundial]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Molina]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El 64% de las exportaciones y de las importaciones de la Unión Europea tiene como destino otro país vecino.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 07:27:42 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
<category><![CDATA[Bienes equipo]]></category>
<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
<category><![CDATA[Combustibles fósiles]]></category>
<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
<category><![CDATA[Comercio]]></category>
<category><![CDATA[Energía no renovable]]></category>
<category><![CDATA[Fuentes energía]]></category>
<category><![CDATA[Energía]]></category>
<category><![CDATA[Industria]]></category>
<content:encoded><![CDATA[En 2004, cuando apenas había arrancado el proceso de globalización mundial, Europa seguía siendo el centro sobre el que gravitaba el comercio mundial. El PIB de la UE suponía el 31,4% del total mundial y las exportaciones de bienes rozaban el 43% de las ventas en todo el mundo. Doce años después, la fotografía ha sufrido cambios radicales. El protagonismo de Europa se ha diluido a favor de China, cuyo PIB se ha triplicado en ese período, y de otros actores emergentes en Suramérica (Brasil o México), Oriente Medio (Arabia Saudí) o Asia (India). En la actualidad, el PIB de la UE apenas supone el 24% del PIB mundial (ocho puntos menos) y las ventas de bienes han caído hasta el 36% (siete puntos menos).
Un proceso de deterioro imparable que se ha tratado de subsanar con la búsqueda de acuerdos comerciales en otros mercados que, por distintas razones, no han salido adelante. <a href="http://cincodias.com/tag/mercosur_mercado_comun_sur/a/" target="_blank">El tratado para liberalizar los acuerdos con Mercosur</a> lleva negociándose desde 2004 y todavía no se ha ratificado. El acuerdo para liberalizar los intercambios comerciales con EE UU ha entrado en vía muerta tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE UU. Y la presencia de la UE en Asia, sigue siendo marginal, como muestra el hecho de que China es el destino del 15% de las exportaciones europeas.
En ese contexto, las empresas exportadoras han optado por buscar acomodo en mercados conocidos. <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7958465/6-29032017-AP-EN.pdf/6ab52f0c-de18-42c3-aa65-28e1a1675213" target="_blank">Los últimos datos de Eurostat</a> reflejan que el 64% de las exportaciones europeas tuvieron como destino otro país de ese continente y que el 64% de las importaciones procedieron de otro socio comunitario en 2016. Supone una décima más que el porcentaje registrado en los dos ejercicios anteriores y corrobora el fracaso de ese proceso de diversificación. Entre los ocho grandes países vendedores de bienes en Europa (Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, España y Polonia) solo hay cuatro que tienen un país de fuera de la UE entre sus tres principales compradores de bienes (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). EE UU es el mayor comprador de bienes de Reino Unido, con un 15% del total, y de Alemania, con un 9% del total, mientras que baja a la tercera posición en el caso de Italia (9% de las exportaciones) y Francia (7%). En los restantes cuatro, todos los grandes proveedores son europeos. Ningún país asiático ni suramericano aparece entre los tres mayores compradores de bienes de la UE.
Alemania es el más beneficiado por el proceso de concentración de las exportaciones en Europa. El país presidido por Angela Merkel es el principal proveedor de 18 de los 28 países de la UE, con porcentajes que llegan al 43% en el caso de Austria o al 31% en el caso de la República Checa. Y al mismo tiempo es el mayor comprador de 16 de los 28 países, con cuotas del 32% en República Checa o del 30% en Austria.
Fuera de la UE, el principal socio comercial es EE UU, al que van un 17,7% de las exportaciones europeas, seguido por China (14,9%). EE UU es el principal comprador de Alemania, Irlanda, Lituania y Malta. China no aparece entre las tres primeras posiciones de ningún país de la UE.
Pese a que los 28 países de la UE compran el 64% de sus bienes a otros vecinos comunitarios (exactamente el mismo porcentaje que las ventas), la presencia de naciones de fuera de la UE es más elevada. China es el principal proveedor de la UE, de donde proceden el 20% de las compras, seguido por EEUU, con un 14%, y Suiza y Rusia, con un 7%.
China es el segundo mayor vendedor de bienes a Alemania (con un 7% de las importaciones), a Holanda (14%), Polonia (8%) y el tercero a Reino Unido (9%),República Checa, Grecia, España e Italia (7%) y a Hungría (6%). Por su parte, EEUUes el mayor vendedor de bienes a Irlanda, con un 15% del total, y Reino Unido, con un 9%. En el primer caso tiene que ver con los tipos bajos del impuesto de Sociedades, lo que ha atraído a un gran número de compañías en busca de rebajar su factura fiscal, mientras que en el segundo tiene que ver con la elección de Londres como sede central para abordar el mercado europeo.
¿Qué vende y que compra?
La relación con los socios comerciales de fuera de la UE se ve muy condicionada por la estructura de la industria europea. El 43% de las ventas son bienes de equipo, fundamentalmente maquinaria y equipamiento de transporte, gracias a la pujanza de la industria alemana y francesa. Le siguen los bienes de consumo, con un 23% sobre el total, y los productos químicos, con un 18%. Esas tres mismas partidas son las que encabezan las importaciones, aunque con porcentajes diferentes: bienes de equipo, con un 32%;bienes de consumo, con un 26%, y productos químicos (11%). El cambio más relevante se produce en los hidrocarburos, que apenas suponen el 3% de las exportaciones, pero cuyo porcentaje escala al 15% de las importaciones (solo Reino Unido y Dinamarca son grandes productores).
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<title><![CDATA[Así te podrías librar de una multa de aparcamiento]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Un juez de Madrid ha anulado una multa de 90 euros impuesta por el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) al estimar insuficiencia probatoria de la denuncia.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 17:37:48 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Zonas estacionamiento vigilado]]></category>
<category><![CDATA[Aparcamientos]]></category>
<category><![CDATA[Madrid]]></category>
<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
<category><![CDATA[Juicios]]></category>
<category><![CDATA[Transporte]]></category>
<category><![CDATA[Proceso judicial]]></category>
<category><![CDATA[Justicia]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Aunque la mejor manera de evitar una multa de aparcamiento es aparcando respetando la ley y pagando la cuota correspondiente, en caso de que seas sancionado, esta sentencia judicial podría ser de tu interés.
Y es que un juez de Madrid ha anulado una multa de 90 euros impuesta por el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) al estimar que la "ausencia de una fotografía o grabación" del vehículo sancionado implica la insuficiencia probatoria de la denuncia del empleado de este servicio.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22, José Manuel Ruiz Fernández, cita el artículo 44 de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, según el cual si bien las denuncias del personal auxiliar de la Policía Municipal pueden usarse como "elemento probatorio", a su correspondiente expediente administrativo "se incorporará una imagen del vehículo".
En la sentencia, el juez asegura que esta norma estatal es "plenamente aplicable al caso" y de carácter imperativo. Subraya además que un trabajador del SER no goza de la "presunción legal de veracidad" al no tratarse de un "agente de la autoridad", ya que "en realidad", sostiene, se trata de "particulares".
Por tanto, considera que una denuncia presentada por un empleado del SER "no puede servir" por sí sola como "fundamento para sancionar", salvo que sea verificada "mediante ratificación posterior".
La sentencia anula una multa de 90 euros por estacionar con distintivo en lugar habilitado para el estacionamiento con limitación horaria, rebasando el tiempo máximo. En el juicio, los abogados del conductor sancionado argumentaron que el Ayuntamiento había vulnerado la presunción de inocencia del ciudadano al rechazar la práctica de prueba para aclarar el hecho denunciado por el SER.
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha explicado a Efe que, si bien no es la primera vez que la Justicia anula una multa del SER con estos argumentos, sí resulta novedosa la alusión a la Ley de Capitalidad, norma aprobada en 2006.]]></content:encoded>
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</item>
<item>
<title><![CDATA[El PIB per cápita de Madrid duplica al de Extremadura]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/30/economia/1490886693_648494.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[Raquel Díaz Guijarro]]></dc:creator>
<description><![CDATA[La comunidad extremeña aún no ha recuperado la riqueza de antes de la crisis. Solo cinco comunidades autónomas lograron el año pasado un PIB por habitante superior al de 2008.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 17:11:49 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[IRGF]]></category>
<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
<category><![CDATA[PIB]]></category>
<category><![CDATA[Indicadores económicos]]></category>
<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
<category><![CDATA[Tributos]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El año pasado cerró con un crecimiento económico del 3,2% por segundo ejercicio consecutivo, consolidando de esta forma a España como uno de los países con mejores indicadores de actividad de la Unión Europea. Sin embargo, los datos de la contabilidad regional publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) demuestran que ese avance del PIB no fue homogéneo en todo el territorio.
Así, Baleares fue la región que contabilizó un mayor crecimiento en términos de volumen, con un alza del 3,8% anual, seguida de Madrid (3,7%), Canarias y Cataluña (3,5% en ambos casos). Esta clasificación demuestra la importancia que ha tenido en el crecimiento del producto interior bruto el año turístico de récord vivido por España, el buen comportamiento de los servicios, así como la mejora experimentada por el sector de la construcción; sobre todo en el segmento de la edificación residencial.
Por el contrario, los menores avances del PIB se registraron en La Rioja (1,5%), Principado de Asturias (1,9%) y Extremadura (2,0%). En el caso de La Rioja, el INE interpreta que su menor crecimiento se vio afectado, fundamentalmente, por el descenso en términos de volumen del valor añadido asociado a las ramas de actividad correspondientes a la industria manufacturera.
Niveles de riqueza de 2008
Otra forma de comprobar los efectos que tiene ese crecimiento económico desigual es comparar los valores de PIB por habitante de los distintos territorios. Madrid fue la comunidad que contabilizó el mayor registro, con 32.723 euros, una cifra que es un 36,5% superior a la media española, situada en 23.970 euros. En el lado opuesto se situó Extremadura, que un año más es la región con un mejor PIB per cápita, de apenas 16.369 euros, un 31,71% por debajo de la media nacional.
Esto arroja como resultado que el PIB por habitante de Madrid duplica al extremeño, una brecha que se ha abierto ligeramente sobre la que ya existía antes de la crisis, en el año 2008. Ese ejercicio, Madrid contaba con una riqueza per cápita de 32.152 euros, que ha logrado aumentar un 1,8% ocho años después. Y, sin embargo, Extremadura contabilizaba una riqueza per cápita de 16.633, también la más baja de España.
Superado lo peor de la crisis, la región extremeña todavía tiene hoy una riqueza por habitante un 1,6% inferior a la que registró antes de la recesión, lo que explica que la brecha entre la región más rica y la más pobre se haya incrementado durante los últimos años. La comparativa realizada entre las cifras de 2008 y las de 2016 revela que cinco comunidades autónomas lograron ya a finales del pasado ejercicio superar el PIB por habitante con que cerraron ocho años atrás. Se trata de, además de Madrid, País Vasco, que aumentó su riqueza en la misma proporción, un 1,8%, Castilla y León, un 1,01% más, Cataluña, un 0,9% y Galicia, un 0,6%.
Los 12 territorios restantes todavía no han logrado recuperar los niveles de riqueza obtenidos antes de que estallara la crisis. Es muy probable que aquellos donde la diferencia es mínima lo logren a lo largo de este 2017, tal y como augura el Ejecutivo; pero existen comunidades a las que previsiblemente aún les costará varios años alcanzar los valores del PIB per cápita que tenían en 2008.
Es el caso de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias o Asturias, puesto que sus datos de PIB por habitante aún son inferiores entre un 4,6% y un 6,4% a los contabilizados ocho años antes. En la comparativa europea, también es destacable que prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas las dos ciudades con estatuto de autonomía, se situaron por encima del dato estimado para el conjunto de la UE-28, que fue del 1,9%. Solo La Rioja y Asturias registraron en 2016 un crecimiento menor.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[El IPC modera su crecimiento al 2,3% en marzo]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[EFE]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El INE explica el menor incremento en tasa interanual por la bajada de los precios de los carburantes y de la electricidad.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 09:08:03 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[IPC]]></category>
<category><![CDATA[INE]]></category>
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<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
<category><![CDATA[Carburantes]]></category>
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<category><![CDATA[Combustibles fósiles]]></category>
<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
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<category><![CDATA[Fuentes energía]]></category>
<category><![CDATA[Energía]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El índice de precios de consumo (IPC) subió el 2,3% en tasa interanual en marzo, un crecimiento siete décimas inferior al registrado en febrero, según el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El INE explica este menor incremento por la bajada de los precios de los carburantes y de la electricidad. Si se confirma este dato el próximo 12 de abril, el IPC sumaría siete meses en positivo.
Anteriormente, entre agosto de 2015 y agosto de 2016, había registrado descensos de forma continuada, a excepción de diciembre de 2015, cuando la tasa fue del 0%.
En comparación mensual, los precios de consumo no registraron ninguna variación en marzo con respecto a febrero (0%).
Por su parte, el indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- subió en marzo un 2,1% con respecto al mismo mes de 2016, lo que implica un crecimiento nueve décimas inferior al repunte interanual registrado en febrero.
En cuanto a la variación mensual, el IPCA de marzo subió un 1,1% con respecto a febrero.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Renta 2016: así se tributa por los alquileres turísticos]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Álvaro Bayón]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El arrendador debe calcular el rendimiento solo del tiempo que ha ocupado la vivienda. Restará los ingresos de los gastos computados en ese tiempo.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 11:03:13 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Renta 2016]]></category>
<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
<category><![CDATA[Declaración renta]]></category>
<category><![CDATA[IRPF]]></category>
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<content:encoded><![CDATA[Hacienda pone el ojo también en el desarrollo tecnológico. Con la eclosión de plataformas de alquiler turístico —como Airbnb o Homeaway— aparece también una nueva fuente de ingresos y, por tanto, una nueva forma de pagar impuestos. Deberá incluir en la <a href="http://cincodias.com/tag/declaracion_renta/a/" target="_blank">Declaración de la Renta</a> lo ganado por este concepto, con independencia de los cargos aplicados por los Ayuntamientos o Comunidades Autónomas. De hecho, la Agencia Tributaria cuantifica que el 75% del total de las estancias no se declara. Y ha avisado de que velará especialmente por revertir esta situación, tanto en los inmuebles situados en España como en los que se encuentran en el extranjero pero el propietario resida en España.
En primer lugar, el casero deberá distinguir dos periodos en su declaración fiscal: aquel cuando la vivienda esté alquilada y cuando esté libre. Al tratarse normalmente de periodos de alquiler muy fraccionados (puentes o fines de semana), algunas plataformas de economía colaborativa como Airbnb facilitan un sitio web donde desgranan el historial de reservas y pagos durante el último año fiscal.
A partir de estos datos, los propietarios de un piso de alquiler turístico deben calcular los rendimientos del capital inmobiliario del bien. Es decir, tiene que restar de los ingresos totales, los gastos necesarios para obtenerlos: el IBI, los intereses de la hipoteca, comunidad, seguros o la contratación de la hipoteca. Sin embargo, no pueden deducirse las ventajas fiscales de los alquileres tradicionales.
También frente a las rentas como vivienda habitual, las turísticas tienen la particularidad de que el arrendador no puede computar el montante total de estos gastos. Debe calcular la parte proporcional pagada por el tiempo en el que el bien le ha producido un rédito y, cuando alquile una sola habitación, debe prorratear el dato aplicado a esa parte. En el caso del IBI, por ejemplo, el propietario deberá dividir el importe pagado al Ayuntamiento por 12 y después multiplicarlo por el número de meses que el inmueble ha estado alquilado.
En el caso de que tras elaborar la cuenta de ingresos y gastos el resultado sea negativo, será necesario presentar una declaración anual de impuestos. La Agencia Tributaria permite al propietario que este exceso lo podrá deducir en los 4 años siguientes. 
De forma paralela, el propietario de la vivienda debe tributar de forma diferente el tiempo que la vivienda ha estado vacía. Lo hará según las normas que establece Hacienda para las viviendas vacías: se calcula que el 1,1% del valor catastral, se divide por 12 y se multiplica por el número de meses que la vivienda ha estado libre.
Otra de las cuestiones que entran en consideración con este tipo de propiedades es que, en muchas ocasiones, la propiedad la comparten más de una persona. Por ejemplo, dos hermanos tanto el beneficio bruto como los gastos se dividirán al 50%. En un matrimonio, esto dependerá de si realizan su declaración de la renta de forma conjunta.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[“La Agencia Tributaria no es el monstruo de las galletas”]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Jaume Viñas Coll]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El director de la Agencia Tributaria ha reconocido que el "impuesto sobre sociedades debería ser más sencillo", una reclamación recurrente de las empresas.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2017 19:46:23 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Impuesto Sociedades]]></category>
<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
<category><![CDATA[Hacienda pública]]></category>
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<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA["El impuesto sobre sociedades debería ser más sencillo”. Así se expresó hoy el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en un foro de fiscalidad organizado por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Las palabras de Menéndez se producen cuando aún es latente el malestar de las empresas por el real decreto del pasado mes de diciembre que elevó la factura fiscal del impuesto sobre sociedades y desbarató sus previsiones de cierre del año.
“Los últimos meses del año fueron dramáticos”, resumió Javier Baulenas, director de Fiscalidad de Seat/Volkswagen, quien criticó la opacidad y la precipitación con la que actuó Hacienda en el <a href="https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf" target="_blank">real decreto de medidas fiscales</a> que restringió aún más la compensación de bases imponibles negativas y exigió que se imputase en la base imponible los deterioros de cartera deducidos en el pasado.
“El impuesto sobre sociedades debería ser más sencillo y más previsible en su recaudación (...) También la Agencia Tributaria y Hacienda quieren tener un marco estable, aunque a veces parezca lo contrario”, señaló Menéndez. Ante un auditorio formado por directivos, el director de la Agencia Tributaria mostró su aprecio por los emprendedores y lamentó que a veces se sitúe a Hacienda y empresas como adversarios. “No somos el monstruo de las galletas que se lo come todo”, señaló Menéndez. Durante su intervención, puso en valor el proyecto SII (Suministro Inmediato de Información) que obligará a las empresas a informar en tiempo casi real de las facturas recibidas y emitidas. En este sentido, señaló que el SII representa “el futuro de la relación entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria”. El nuevo sistema ha contabilizado un total de 757.281 registros de factura (635.166 emitidas y 122.155 recibidas) en los tres primeros meses desde la puesta en marcha de su programa piloto. Menéndez señaló que la Agencia Tributaria pone en marcha este proyecto con la intención de “dar asistencia” y sin la idea de sancionar a las empresas.
Aun así, las compañías mostraron su recelo ante la premura con la que el Gobierno pretende aplicar el sistema SII, un proyecto que quedó paralizado durante el paréntesis electoral. El Gobierno anunció que retomaba el pasado diciembre y estableció la entrada en vigor para julio. Las empresas entienden que lo más razonable hubiera sido esperar al 1 de enero de 2018. La Administración reitera que no existe ninguna posibilidad de retrasar la entrada en vigor.
Aun así, las mayores críticas de la jornada fiscal fueron para el real decreto de diciembre que modificó el impuesto sobre sociedades. La directora de asesoría fiscal de Banco Santander, Carmen Alonso señaló que “el mes de diciembre no está para muchas sorpresas”. Lamentó que las medidas adoptadas a final del ejercicio anterior tuvieron un efecto contable muy relevante. “Hubiera sido deseable una mayor previsión y trabajar en fórmulas para conseguir el mismo objetivo [de reducción del déficit] sin generar ese impacto sobre los grupos internacionales y cotizados”, señaló.
A vueltas con el tipo efectivo 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha denunciado en diversas ocasiones y en sede parlamentaria que las grandes empresas aplican un tipo efectivo muy bajo. El pasado enero señaló que las grandes empresas pagan por Sociedades el equivalente al 7% de sus beneficios, una cifra muy alejada del tipo nominal, que hoy se sitúa en el 25%. “Las grandes empresas pagan lo que es justo y es legal”, señaló Baulenas, de Seat. Carmen Alonso, de Santander, recordó que muchas empresas multinacionales obtienen sus beneficios en el exterior y tributan por ellos en el extranjero. Este es uno de los motivos que explica que el tipo efectivo sea tan bajo. De hecho, cuanto más internacionalizada esté una empresa y mayores beneficios logre en el exterior, menor será su tipo efectivo.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Estos son los empleos públicos interinos que pasarán a fijos]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Raquel Pascual Cortés]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El Gobierno y los sindicatos de la función pública han pactado hoy convertir en indefinidos 250.000 empleos públicos ocupados por interinos, según Hacienda. El proceso durará hasta 2019.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 10:50:23 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Sindicalismo]]></category>
<category><![CDATA[Empleo]]></category>
<category><![CDATA[Relaciones laborales]]></category>
<category><![CDATA[Administración Estado]]></category>
<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha firmado con los sindicatos de la Función Pública, CC OO, UGT y CSIF, un acuerdo para hacer fijos, en los próximos tres años, al 90% de los trabajadores interinos del sector público. Las comunidades autónomas, en cuyas administraciones están la mayoría de estos empleos, se han adherido a este acuerdo, lo que les obliga a su cumplimiento.
Se trata, según han coincidido todos los firmantes del pacto, de una oferta de empleo público “histórica”, “la mayor de la democracia”, ha especificado el presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra.
En qué consiste la oferta: Se trata de una oferta extraordinaria en la que el Estado, las comunidades, los ayuntamientos y las empresas públicas podrán sacar a concurso los puestos ocupados por interinos para hacerlos fijos en estas Administraciones.
A cuánta gente afecta: Sin embargo, la cifra concreta de cuántos puestos ocupados por internos se convertirán en fijos es aún muy incierta, porque existen muchas lagunas de registro, sobre todo en los ayuntamientos.Según el ministerio de Hacienda, los empleos públicos interinos que pasarán a ser fijos a lo largo de los próximos tres años serán 250.000.
¿Qué sectores concretos podrán convertir al 90% de su personal interino en fijo?
El acuerdo firmado hoy afecta, según precisa Comisiones Obreras, a las siguientes áreas de las Administraciones Públicas:
- Docentes de enseñanzas no universitarias
- Personal estatutario del Sistema Nacional de Salud
- Administración de Justicia
- Servicios Sociales en atención directa a usuarios
- Policía local
- Gestión tributaria y recaudación
- Inspección y sanción de servicios y actividades
¿Cómo se reparten estos futuros puestos indefinidos? La mesa negociadora del acuerdo ha utilizado dos vías para estimar estos empleos: por un lado el Registro Central de Personal y, por otro, la Encuesta de Población Activa (EPA). Atendiendo al primero de estos instrumentos que es el registro facilitado por la Administración el reparto es el siguiente:
Sanidad: Se convertirán en fijos unos 129.700, de los 144.111 interinos existentes
Educación: Pasarán a ocupar un empleo público indefinido alrededor de 98.807 de los 109.785 interinos que hay.
Justicia: Se transformarán en indefinidos unos 8.564 empleos de los 9.515 internos que existen.
¿Cuándo saldrán estas ofertas de consolidación de empleo?
El acuerdo permite a las Administraciones Públicas sacar estas ofertas a lo largo de tres años (2017, 2018 y 2019). Previamente, el Gobierno debe habilitar a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones a que hagan esta oferta. La primera autorización llegará el próximo viernes, cuando el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un Real Decreto ley que permita la consolidación de puestos internos de los trabajadores de la educación, la expedición de pasaportes y DNI y la Guardia Civil. Seguidamente, la intención del Ejecutivo es incluir la habilitación para el resto de los sectores afectados en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, lo que previsiblemente permitirá empezar a sacar ofertas a mediados de este año.
Dicho esto, los sindicatos han pedido a Hacienda “garantías jurídicas” que permitan al Gobierno aprobar estas habilitaciones aunque no consiga el respaldo parlamentario suficiente para sacar adelante los Presupuestos Generales. Según ha explicado el responsable del Área Pública de CC OO, Javier Jiménez, el ministro se ha mostrado dispuesto a aprobar futuros Reales Decretos como el del viernes en el caso de que no salgan adelante las nuevas cuentas públicas en 2017.
Otros nuevos puestos: A este acuerdo firmado hoy hay que sumar las sustituciones que se producirán para reemplazar a los empleados públicos que se jubilen este año. Es lo que se denomina tasa de reposición. A los sectores que ya recuperaron el 100% de al tasa de reposición en los años pasados (Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo, Protección Civíl u otros servicios esenciales) este año se abre la posibilidad de sustituir también todas las bajas por jubilación en sanidad, educación y justicia. Si bien no están calculados cuántas serán estas reposiciones. Además, Hacienda ha anunciado hoy que creará 67.000 empleos públicos adicionales de nueva creación, sin especificar destinos.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[4.200 millones en inversión ferroviaria en Cataluña]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/28/economia/1490695081_601063.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[EP]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El presidente del Gobierno asegura que el plan de inversiones será “realista, viable y verificable en todas las etapas”.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 12:01:44 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
<category><![CDATA[Infraestructuras del transporte]]></category>
<category><![CDATA[Inversión pública]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes un paquete de inversiones de 4.200 millones de euros en materia de infraestructuras, transporte y vivienda en Cataluña entre 2017 y 2020.
“Lo hacemos ahora porque podemos hacerlo. Son decisiones clave para mejorar nuestra posición en Europa y el mundo”, ha asegurado en la inauguración de la jornada 'Conectados al Futuro', celebrada en Barcelona.
Rajoy ha valorado dos prioridades estratégicas, como son invertir en Rodalies (Cercanías), un servicio que transporta más de 400.000 usuarios al día, y en el Corredor Mediterráneo, un eje intermodal desde Algeciras hasta la frontera francesa.
Así, el Plan de Rodalies 2017-2025 contempla una inversión de casi 3.900 millones de euros, de los que 1.882 se ejecutarán en esta Legislatura, y el resto en el periodo 2021-2025.
En cuanto al Corredor Mediterráneo, ha anunciado que el tramo catalán estará finalizado en la primavera del año 2020, ya que actualmente las obras están adjudicadas “en casi todos los tramos”.
Así, en el primer trimestre del 2018 se realizará la circulación en pruebas en el tramo Vandellòs-Tarragona tras una inversión de 667 millones de euros, lo que reducirá más de media hora el viaje de Barcelona a Valencia.
Ha recordado que este tramo se sumará al trazado entre Valencia y Castellón de este Corredor, donde el domingo 19 de marzo finalizaron las obras y ya se están realizando las pruebas para su puesta en servicio.
Carreteras, aeropuertos y puertos
En carreteras, el Ejecutivo central destinará en esta legislatura 850 millones de euros al desdoblamiento de la N-II, la N-340 y la N-240 entre Lleida y les Borges Blanques, además de en la B-40 (también conocido como Cuarto Cinturón).
En aeropuertos, Rajoy ha anunciado una inversión de 200 millones de euros, a los que se sumarán 40 millones que Enaire prevé destinar a navegación aérea, ya que en Cataluña se gestiona el 35% del tráfico aéreo español.
El presidente se ha referido también al tren lanzadera que debe unir la estación de Sants de Barcelona con el Aeropuerto, cuya primera fase de construcción ya está en marcha con un presupuesto de 285 millones. “El Aeropuerto de Barcelona se convertirá en uno de los mejores comunicados de Europa”, afirmó.
De igual forma, reivindicó el papel de los puertos en el sector exterior y por eso ha asegurado que se destinarán 587 millones para impulsar el papel de estas infraestructuras en la cadena logística.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Así ha cambiado la crisis el modelo productivo español]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/01/30/economia/1485798296_141523.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[José Antonio Vega]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Se desploma la inversión en activos residenciales y obra civil, y se dispara la exportacion de bienes y servicios.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2017 20:48:08 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Inversión financiera]]></category>
<category><![CDATA[PIB]]></category>
<category><![CDATA[Deuda externa]]></category>
<category><![CDATA[Indicadores económicos]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas internacionales]]></category>
<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
<category><![CDATA[Créditos]]></category>
<category><![CDATA[Construcción]]></category>
<category><![CDATA[Servicios bancarios]]></category>
<category><![CDATA[Comercio]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Banca]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<category><![CDATA[Industria]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística avanzó ayer que el Producto Interior Bruto (PIB) de España se incrementó en el cuarto trimestre de 2016 un 0,7% sobre el generado en el tercero, y el ejercicio cerró con un avance interanual del 3,2%, la misma tasa que en 2015, pese a que las previsiones manejadas durante la primera mitad del año no daban tantas opciones al optimismo. Una estabilidad política cogida con alfileres y el agotamiento de buena parte de los llamados ‘vientos de cola’ que han empujado a todas las economías occidentales, más los particularmente agitados por las reformas en España, han logrado encadenar ya 13 trimestres de crecimiento, primero estimulados por la demanda externa y ahora también por la nacional. Cierto es, no obstante, que, según los datos aportados por Estadística, mientras que 2015 terminó con una tendencia vigorosa y alcista en el perfil del crecimiento, 2016 lo hace de forma simétrica, con el perfil decadente.
No obstante, encadenar nueve trimestres con crecimiento de la producción del 0,7% o superior supone marcar una tendencia con cierta resistencia a la baja, lo que ya está provocando revisiones al alza en las estimaciones de crecimiento para 2017, aunque sea de simples décimas. En 2015 y 2016 han echado una mano providencial la bajada de los precios del petróleo, que ha llevado las tasas de inflación a valores negativos y las alzas de la renta disponible a positivos; las bajadas de impuestos que sucesivamente puso en marcha el Gobierno en un bienio electoral, que no serán neutralizadas ahora porque la presión fiscal se ha desplazado a las empresas; y el fuerte crecimiento del empleo, que en los dos últimos años ha llevado rentas regulares a un millón adicional largo de personas y de hogares.
Con los datos estimados de cierre de 2016, el producto nacional bruto habrá superado 1,113 billones de euros, y se situará al borde del máximo alzanzado en 2008, que fue de 1,116 billones de euros. Tal como recuerdan los gestores de la economía, en el primer semestre de 2017 puede decirse que los niveles de producción previos a la crisis se habrán alcanzado de nuevo. Pero lo producido en 2016 se parece solo parcialmente a lo producido en 2008, porque la recesión primero y la recuperación después han modificado la estructura de la producción, e incluso han dado un pequeño vuelco, pequeño, al modelo productivo nacional. Ahora se parece más al objetivo marcado, si es que había alguno más allá de la doctrina económica, pero sigue muy lejos del objetivo. Algo es algo, aunque sea poco. Se han corregido algunos vicios y se han ensayado algunas virtudes.
Más exportación, menos construcción
El modelo de crecimiento que tenía España en los primeros años del siglo estaba basado en la demanda interna, que absorbía ingentes cantidades de recursos en la inversión residencial, y que ofrecía un déficit por cuenta corriente desorbitado (del 10% del PIB, de los más elevados del mundo) para atender la demanda de consumo y las necesidades de crédito para sostener el boom inmobiliario y el endeudamiento descomunal que exigía. El indicador que mejor define el cambio en el modelo de actividad es el saldo por cuenta corriente, que ha pasado del 10% de déficit en 2007 y 2008, al superávit del entorno del 2% del PIB y por tercer año consecutivo en 2016.
Tal dato encierra un práctico equilibrio en la balanza comercial y de servicios, tras una subida vertiginosa (más del 30%) de las exportaciones, hasta un 34% del PIB, y una demanda comedida de financiación externa ante la ralentización de la inversión. España mantiene una posición internacional de inversión delicada, con una deuda externa de más del 90% del PIB (prácticamente un billón de euros), pero está estabilizada en los tres últimos años.
Tener un tercio del PIB en los mercados exteriores proporciona una capacidad de maniobra desconocida antes en caso de una crisis como la que ha quedado atrás, puesto que no depende solo del capricho de la demanda interna. Pero la propia demanda interna ha registrado también su pequeña metamorfosis: el consumo interno global ha superado ya el nivel de 2008 (muy ligeramente, como se ve en los gráficos), pero la inversión agregada está a un nivel aún un 30% por debajo de 2008, con una contracción muy importante en la construcción, tanto residencial privada como de obra civil financiada con dinero público.
De hecho, mientras el valor de los bienes industriales en el año está prácticamente ya al nivel del año 2008, con la fuerte demanda de manufacturas del exterior, el de la construcción está por debajo de la mitad. El de servicios supera ya con holgura la producción de hace ocho años.
Consecuencia del desplazamiento de la producción a manufacturas y servicios exportables, con fuerte contracción de los costes, es el descenso del empleo en actividades muy intensivas de mano de obra (construcción) y su mantenimiento en aquellas en las que la tecnificación no ha culminado su penetración. Así, en 2016 los españoles han hecho el mismo PIB que en 2008, pero lo han hecho con dos millones largos de empleos menos. Según Estadística, el número de empleos equivalentes a tiempo completo utilizados en 2008 para producir el PIB fue de 19,85 millones, y en 2016, solo 17,374 millones. Productividad aparente ahora, improductividad explícita entonces.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Ganadores y perdedores de la globalización económica]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Molina]]></dc:creator>
<description><![CDATA[China es el mayor beneficiado, los grandes países de la zona euro han sido los más perjudicados y EE UU apenas sufre cambios, pese a lo que asegura Trump.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2017 07:30:59 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
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<category><![CDATA[Fuentes energía]]></category>
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<category><![CDATA[Energía]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Diciembre de 2005. EE UU pugnaba con Alemania por ser el mayor exportador del mundo. Las ventas de bienes al exterior germanas rozaron los 700.000 millones de euros, lo que supuso un 9,5% del total mundial, mientras que las estadounidenses superaban los 621.000 millones, con un 8,67%. <a href="http://cincodias.com/tag/industria/a/" target="_blank">La industria europea</a> competía con la estadounidense por mantener un liderazgo que se empezaba a ver <a href="http://cincodias.com/tag/deslocalizacion/a/" target="_blank">amenazado por los bajos costes del Este de Europa</a>. Más lejos aparecía la amenaza de China. Ya había superado a Japón, tradicionalmente en el tercer puesto de los exportadores mundiales, y sus ventas de bienes al exterior rebasaron en 2005 por primera vez el medio billón de euros. <a href="http://cincodias.com/tag/petroleo/a/" target="_blank">El petróleo empezaba a remontar con fuerza</a> y superaba el techo de los 50 euros por barril, más del doble de lo registrado un año antes, lo que impulsaba las ganancias entre los países productores con Arabia Saudí a la cabeza.
Once años después, la fotografía ha cambiado radicalmente. China ha roto todos los registros y se sitúa como la nación más exportadora del año, con 1,4 billones de euros entre enero y septiembre de 2016, un 13,1% de las ventas de bienes de todo el mundo, a mucha distancia de sus perseguidores. China se ha convertido en la gran beneficiada del proceso de globalización, ya que ha triplicado sus números en once años y su cuota exportadora (su participación en el comercio mundial) ha crecido seis puntos. En ese período, las exportaciones mundiales crecieron un 51,8% y solo cinco naciones registraron incrementos superiores:China (179,1%), México (76,4%), Corea (74,8%) y Brasil (60,4%). El resto de grandes naciones vendedoras de bienes avanzaron a un ritmo más lento.
Los bajos salarios y la elevada productividad en China generaron un proceso generalizado de deslocalización industrial en todo el mundo en busca de mayores rentabilidades, lo que provocó pérdidas de actividad y empleo en numerosas zonas. La segunda más beneficiada ha sido México, con un crecimiento de las exportaciones del 76,4% en esos once años, lo que le ha llevado a contar con una cuota exportadora del 2,35%, por encima de naciones como Singapur, España, Taiwan, Rusia, Brasil o Arabia Saudí.
China y México han sido las protagonistas del <a href="http://cincodias.com/tag/donald_trump/a/" target="_blank">discurso proteccionista de Donald Trump</a> durante la campaña electoral y de las primeras medidas que ha adoptado para volver a hacer “grande” a EE UU. A ambas les acusa de llevarse la industria norteamericana a través de sus políticas de salarios y costes bajos. En particular a China le achaca intervencionismo en su política monetaria, con constantes <a href="http://cincodias.com/tag/yuan_chino/a/" target="_blank">devaluaciones del yuan</a> para hacer más competitivas sus exportaciones frente a las del resto del mundo. Si bien el presidente norteamericano ha sido muy cauto en sus declaraciones sobre el gigante asiático, no lo ha sido con México. Una de las primeras decisiones que ha adoptado ha sido la construcción del muro que separará por completo la frontera de ambos países, cuyo coste asumirá en principio el Ejecutivo norteamericano y posteriormente lo recuperará a través de la imposición de un arancel del 20% para todas las exportaciones mexicanas con destino EEUU.
Los datos de la Organización Mundial de Comercio son una enmienda a la totalidad a los argumentos de Trump. EEUU no ha sido el país más perjudicado con la globalización y la irrupción de China como fábrica del mundo. Las exportaciones han crecido un 61,8% entre 2005 y 2016, diez puntos más que la media nacional, y su participación en el comercio mundial ha subido 0,57 puntos hasta un 9,24% del total, consolidando la segunda posición en la clasificación mundial y ya a bastante distancia de Alemania (8,67%).
Si EEUU no ha sido la gran damnificada, ¿quién lo ha sido? Hay tres bloques diferenciados en función de la cuota exportadora que hayan perdido en esos once años. El más dañado ha sido la Unión Europea, con una merma de 4,7 puntos en ese período, seguido por los países productores de petróleo, como Arabia Saudí, y las naciones asiáticas que han visto como gran parte de su producción se ha trasladado a China.
La zona euro simboliza mejor que ninguna otra área geográfica en el mundo el proceso de desindustrialización, vivido en dos fases (primero al este de Europa y posteriormente a China) y que le ha llevado a convertirse en una economía en la que los servicios cada vez adquieren un peso mayor (un 75,9% del total).
La importancia de la industria manufacturera ha caído en picado y se ha situado en el 19,3% del PIB europeo. Una media que, sin embargo, está condicionada por el elevado peso que tiene en algunos países. Es el caso de Irlanda, la primera en la clasificación, en el que la industria representa el 40% del PIB, gracia al dumping fiscal que realiza, ya que ofrece un impuesto de sociedades con un gravamen reducido (12,5%) con el que ha atraído un gran número de multinacionales. A continuación aparecen los países del Este de Europa (República Checa, Hungría, Eslovenia o Rumanía) en el que la industria representa valores cercanos a una tercera de su riqueza, gracias al proceso de desindustrialización iniciado en 2005. Por debajo de la media del 19,3% aparecen los grandes países de la zona euro como España (18,3%), Francia (14%) y Reino Unido (13,3%).
A ese proceso de deslocalización también han contribuido <a href="http://economia.elpais.com/economia/2015/05/27/actualidad/1432724225_235247.html" target="_blank">los elevados costes de la energía en la Unión Europea</a>, denunciada con reiteración con las empresas para justificar la falta de competitividad frente a sus homólogas americanas o asiáticas. Esa es una de las razones que han provocado la salida masiva de las fábricas de coches o de la industria pesada de Francia o Reino Unido a otros destinos.
<a href="http://cincodias.com/tag/omc_organizacion_mundial_comercio/a/" target="_blank">Los datos de la OMC así lo corroboran</a>. Las exportaciones europeas han pasado de representar el 42,7% del total mundial al 38% en once años. Una pérdida de 4,7 puntos que supone la mayor en todo el mundo y que esconde una doble tendencia, con los países del Este ganando peso y los del oeste cayendo en picado. El mayor retroceso le ha correspondido a Francia, cuyas exportaciones solo crecieron un 8,2% entre 2005 y 2016 frente al 51,8% mundial, lo que le hizo perder 1,29 puntos de cuota exportadora. Las ventas al exterior de Reino Unido, inmersa en pleno proceso de desconexión de la UE, todavía crecieron menos (un 4,4%) y su peso en el comercio mundial se redujo 0,94 puntos. Alemania, la locomotora de la zona euro y el mayor exportador de la UE, también cayó 0,80 puntos y ha pasado de ser el mayor vendedor de bienes en 2005 a la tercera posición en 2016. Ningún país ha ganado peso y todos tienen menos protagonismo en el comercio mundial. Bélgica pierde 0,75 puntos de cuota, Italia 0,69 puntos, Holanda 0,32 puntos y España 0,03 puntos.
El segundo bloque de países perjudicados afecta a los productores de petróleo que figuran entre los mayores exportadores del mundo (Rusia y Arabia Saudí). Ambas han perdido peso en el comercio mundial (-0,56 y -1,05 puntos, respectivamente) y en ello ha tenido que ver el desplome del petróleo, que tocó suelo a principios de enero al llegar a 28 dólares. Posteriormente la cotización se recuperó y cerró el año en un nivel medio de 45 dólares, diez menos que la cotización registrada en 2005.
El tercer bloque de afectados se refiere a los vecinos asiáticos de China, que han visto como su industria tecnológica ha desplazado la gran mayoría de sus centros de producción por el abaratamiento de costes. J<a href="http://cincodias.com/tag/yen_japones/a/" target="_blank">apón es el país del mundo que más cuota exportadora pierde</a> (1,66 puntos) y Singapur ha sufrido una merma de 0,6 puntos.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[La CE exige rebajar las multas por no declarar bienes en el extranjero]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Jaume Viñas Coll]]></dc:creator>
<description><![CDATA[La Comisión Europea envió hoy un ultimátum a España para que modifique las "desproporcionadas" sanciones de Hacienda por no declarar bienes en el exterior.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2017 15:01:04 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
<category><![CDATA[Hacienda pública]]></category>
<category><![CDATA[Agencias Estatales]]></category>
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<category><![CDATA[Justicia]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[La Comisión Europea (CE) envió este miércoles un dictamen motivado a España pidiendo que modifique la normativa que obliga a los contribuyentes a declarar los bienes en el extranjero cuando superan los 50.000 euros. Se trata de la medida estrella que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy contra el fraude fiscal y que entró en vigor por primera vez en 2013. Los españoles han declarado hasta la fecha tener en el exterior más de 97.700 millones de euros.
Bruselas no critica que exista la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero, pero ataca el duro régimen sancionador que lo acompaña. Las rentas en el exterior no declaradas –o declaradas fuera de plazo– se imputan como una ganancia patrimonial no justificada y reciben una sanción del 150%. Ello es así, incluso, si los bienes proceden de períodos ya prescritos. Es decir, la legislación establece una suerte de imprescriptibilidad que ha levantado muchas críticas.
Organizaciones y asesores fiscales como Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Consulting, llevaron el caso ante Bruselas, que el pasado mes de noviembre abrió un expediente sancionador a España y dio un plazo de dos meses para que Hacienda presentara alegaciones. La repuesta de la Administración española no ha sido satisfactoria y, ahora, la Comisión Europea ha remitido un dictamen motivado en el que exige que España modifique y rebaje el régimen sancionador que acompaña a la obligación de declarar bienes en el extranjero en un plazo de dos meses. Si el Gobierno de Mariano Rajoy no sigue las recomendaciones comunitarias, el caso acabará en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué es lo más probable que suceda? Si el departamento de Hacienda considera que su postura es correcta, es previsible que opte por llegar hasta el final, y más teniendo en cuenta que se trata de una medida de la que Montoro ha hecho bandera.
Bruselas considera que “como las multas son mucho más altas que las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa puede disuadir a las empresas y los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él”. La Comisión Europea no se extiende en su comunicado ni cita la “imprescriptibilidad” que contempla la norma como uno de los motivos por los que exige su reforma.
La obligación de declarar los bienes en el extranjero y su duro régimen sancionador se incluyeron en la ley contra el fraude y que el Gobierno aireó pocos meses antes de concluir en noviembre de 2012 la amnistía fiscal. Era la táctica del palo y la zanahoria para lograr que los evasores se adhirieran a la llamada “declaración tributaria especial”. Concluido el proceso, la zanahoria desapareció, pero el palo permanece. Los asesores fiscales han denunciado continuamente que las multas eran desproporcionadas, incluso en casos en los que no existe ánimo defraudatorio.
El mero hecho de no presentar la declaración informativa supone, si Hacienda lo descubre, una sanción de 5.000 euros por cada dato omitido y con un mínimo de 10.000 euros. La multa se aplica con independencia de que el bien se hubiera incluido en otras declaraciones como el IRPF o el impuesto sobre el patrimonio. Es decir, si un contribuyente tiene una vivienda en Francia y no rellenó el modelo 720, deberá pagar como mínimo 10.000 euros, aunque la cifra será mayor porque se habrán omitido varios datos como la fecha de adquisición, el precio o la dirección del inmueble. Y esta sanción se aplica con independencia de que hubiera existido o no un fraude fiscal.
Uno de los primeros inspeccionados por el modelo 720 fue un jubilado granadino que tenía en Suiza 340.255 euros de una venta realizada 20 años atrás y que no declaró al fisco. Este contribuyente presentó la declaración informativa fuera de plazo y Hacienda le abrió una inspección. La Agencia Tributaria, en primer lugar, imputó el dinero en el exterior como una ganancia patrimonial no justificada. Ello equivale a aplicar un tipo en torno al 50% que dio como resultado una cuota a pagar de 169.300 euros. Sobre este importe, Hacienda impuso una sanción del 150%, lo que equivale a 253.950 euros. Incluyendo los intereses de demora, la Agencia Tributaria exigió a este contribuyente 439.268 euros, una cifra que supera con creces todo el patrimonio que tenía en el exterior.
Asesores fiscales consideran desproporcionado que la normativa suponga que, en la práctica, este contribuyente no pueda beneficiarse de la prescripción, que sí rige para otros delitos más graves. En cualquier caso, la Agencia Tributaria indicó que el jubilado podría haber evitado la sanción del 150% si, antes de presentar la declaración de bienes en el extranjero hubiera entregado una declaración complementaria en la que imputara el patrimonio en el exterior como un ganancia no justificada.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Por qué se busca casa de 2 habitaciones y se compra de 3]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/02/15/economia/1487165408_079897.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[Raquel Díaz Guijarro]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El informe anual de Tecnocasa subraya cómo los bajos precios y los tipos de interés en mínimos atraen cada vez a más inversores en busca de mejores rentabilidades.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2017 14:33:44 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Tecnocasa]]></category>
<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
<category><![CDATA[Viviendas alquiler]]></category>
<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
<category><![CDATA[Mercado hipotecario]]></category>
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<category><![CDATA[Banca]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El Grupo Tecnocasa ha presentado hoy en Madrid una nueva edición de su informe anual en el que describe no solo lo ocurrido con los precios de la vivienda usada en España el pasado año, sino que tambien analiza las principales variables del mercado hipotecario y dibuja un perfil de cómo son los actuales compradores de vivienda.
Precisamente en este último aspecto es donde el estudio introduce más novedades. A la pregunta de quién está comprando vivienda, el informe, que ha sido coordinado por el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José García-Montalvo, concluye que en un 71,92% de las ocasiones quienes adquieren vivienda lo hacen para usarla, si bien no distingue entre quienes lo hacer por primera vez (fundamentalmente jóvenes) y quienes venden su actual casa para comprar una más grande o mejor situada (la llamada demanda de reposición).
Esto significa que en el 28,08% de los casos restantes, la operación se realiza como inversión. Paolo Boarini, consejero delegado del Grupo Tecnocasa, resaltó que este porcentaje de inversores se encuentra en el máximo de la serie iniciada en 2013, cuando aquellos que adquirían vivienda con una finalidad distinta a la de habitar en ella apenas suponían el 16% del total. En 2014 y 2015 se mantuvo en el entorno del 24% para haber vuelto a repuntar en la segunda mitad del año pasado hasta el citado 28%.
Preguntados estos inversores para qué quieren la casa que adquieren, el primer motivo que alegan es para obtener beneficios poniéndola en alquiler, mientras el segundo es la posibilidad de obtener una buena revalorización a medio o largo plazo.
Lázaro Cubero, director del departamento de Análisis e Informes de Tecnocasa, matizó que el inversor especulador, aquel que compraba para vender en muy breve plazo y obtener pingües ganancias ha desaparecido, "en parte porque al final del boom hubo muchos que perdieron mucho dinero".
Sobre qué tipo de inmueble es el más demandado por los compradores, sean o no inversores, lo cierto es que un 48,45% busca casas pequeñas, de uno o dos dormitorios; y, sin embargo, en no pocas ocasiones acaban comprando viviendas mayores, sobre todo de tres dormitorios.
Los bajos precios que aún pueden encontrarse en la mayoría de ciudades y las favorables condiciones de financiación animan a muchos demandantes a adquirir una casa mayor por el mismo presupuesto que se habían marcado cuando iniciaron la búsqueda.
La estadística de Tecnocasa revela cómo el 45,08% busca viviendas de tres habitaciones y, al final, es el 52,09% quien acaba comprando una de esas casas más grandes. Lo mismo ocurre con quienes desean un piso de cuatro dormitorios, el 6,47% del total. Finalmente, un 8,52% acaba comprando esta tipología de casas.
Además de los buenos precios, que desde que alcanzaron máximos Tecnocasa calcula que se han abaratado de promedio en España un 51,56%, los autores de este estudio admiten que en muchas ocasiones es un problema de oferta, ya que en el mercado de segunda mano y sobre todo en determinados barrios lo que impera es la vivienda de mayor tamaño, frente a las más pequeñas.
¿Es entonces un buen momento para comprar? A tenor de lo que dicen los números de este informe y en opinión de Tecnocasa sí porque los precios se encuentran todavía en niveles mucho más asequibles que en el momento álgido del boom y las hipotecas son significativamente más baratas hoy que entonces.
Si se adquiere el inmueble para alquilar, las rentabilidades que ofrecen los dos grandes mercados de arrendamiento son muy superiores a las que ofrece la renta variable o la deuda pública. En Madrid, la rentabilidad media ascendía a finales de 2016 al 7,32%, en Barcelona al 5,94% y en el conjunto del país al 6,90%.
Tecnocasa ha elaborado estas conclusiones con la información obtenida a partir de las más de 8.500 operaciones de compraventa en las que intermedió durante 2016, un 15% más que un año antes. Además, también participó, fundamentalmente a través de Kíron, en la suscripción de casi 3.000 hipotecas, un 17% más que en 2015.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Por qué se extravió la economía liberal]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/02/14/economia/1487088552_703765.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[Edward Hadas]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El olvido de la II Guerra Mundial, el fracaso del empleo y de la industria financiera y la ceguera de las elites son cuatro culpables.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2017 08:39:59 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Opinión]]></category>
<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
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<category><![CDATA[Referéndum UE]]></category>
<category><![CDATA[Euroescepticismo]]></category>
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<category><![CDATA[Relaciones exteriores]]></category>
<content:encoded><![CDATA[¿Por qué ha salido todo mal? ¿Y por qué ahora? Esas preguntas resuenan entre la élite global, asustada y al parecer impotente mientras ve a Donald Trump poner en nociva práctica sus promesas sobre comercio y migración. Hace solo seis años esa élite celebraba la primavera árabe como una señal de la inevitabilidad histórica de su ideología.
El nuevo presidente de EE UU es justo el hombre que va a desmantelar el viejo orden: carente de conocimiento o experiencia y capaz de aprovechar las poderosas tradiciones americanas de antiintelectualismo y paranoia. El mundo tiene razón al estremecerse de antemano.
Está mucho menos claro por qué el consenso ideológico liberal –la democracia secular, la cooperación internacional y la globalización económica– está de repente en tales problemas. Pero se pueden identificar cuatro importantes culpables.
Primero, el desvanecimiento de la memoria. Los acuerdos globales actuales se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la valoración de las causas de aquel conflicto está retrocediendo. Aunque se recuerden constantemente los males del totalitarismo, Trump y sus pares globales pueden atraer a generaciones para las que una guerra total es solo el tema de documentales o de videojuegos. Cuando hay poco temor al caos, las concesiones se toman como síntomas de debilidad.
La esperanza también está disminuyendo. Los sueños de un orden mundial más igualitario y abierto han decaído y se han transformado en un deseo pragmático y, a menudo, sin alma, de una mayor prosperidad, desfigurada por las guerras y la opresión. Los liberales idealistas estadounidenses y europeos están a la defensiva.
Eso deja al sistema dependiente de su atractivo intrínseco. Y eso plantea el segundo problema. No ha funcionado como se prometió. La lenta recuperación de la crisis de 2008 es un buen ejemplo. En EE UU y la mayor parte de Europa las corporaciones no han generado muchos empleos buenos y estables y los Gobiernos han sido reacios a ayudar. “¿Por qué ahora?”:la frustración evolucionó en amargura explosiva.
Pero los problemas del sistema liberal son más profundos. Aunque las deficiencias más peligrosas son políticas y sociales, la economía también tiene su parte. Además de la escasez de trabajo, han proliferado los desequilibrios en el empleo y la envejecida población se siente decepcionada. La migración también ha afectado, aunque las quejas sobre el robo de empleos y la caída de los salarios estén confundidas.
El flagrante fracaso de la industria financiera es el tercer factor. El sistema debe hacer que la economía funcione fomentando la inversión, equilibrando el comercio, expandiendo la riqueza y ajustando suavemente las diferencias entre las tasas de crecimiento nacionales. Los banqueros, los brókeres y los bancos centrales han hecho en general lo contrario.
Hizo falta que ocurrieran el brexit y la victoria de Trump para agitar la complacencia de los líderes. Hasta entonces el mundo parecía estar bien, y lo estaba… para ellos. Eso resalta el cuarto problema: la ceguera creada por el interés propio. Es difícil tomar los problemas de otras personas muy en serio cuando tu salario está aumentando y tus hijos tienen todo tipo de ventajas. Eso, además, provocó amargura entre aquellos que no compartían su buena suerte.
Insurgentes políticos como Trump han aprovechado el descontento, aunque probablemente no han pensado mucho en sus causas subyacentes. La ignorancia sin duda le hace la vida más fácil a Trump (que es un ejemplo de buscar el beneficio propio y de malas finanzas). Le permite echar la culpa a las causas equivocadas, y proponer las soluciones incorrectas, como que una mayor autodependencia económica funcionará maravillosamente. Pese a todos los problemas del sistema, su demolición hará que empeore casi todo, incluso aunque la destrucción no lleve a una guerra. Los líderes autocráticos y ultranacionalistas no tienen una alternativa realista.
A la vieja élite política le costará contener las fuerzas antidemocráticas. Pero los líderes económicos probablemente puedan salvar una buena parte de su sistema. Para ello, tendrán que ser más positivos sobre el papel del Gobierno, más cuidadosos con las finanzas y mucho menos egoístas. El primer paso es admitir los defectos profundos del orden global que tan bien les funcionaba a ellos. Si quieren restaurarlo, primero tendrán que cambiarlo.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Hacienda se resiste a subir los impuestos sobre el diésel]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Jaume Viñas Coll]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Bruselas presiona a España para que eleve la fiscalidad del diésel hasta el mismo nivel que la gasolina. Hacienda se resiste a aplicar esta, que solo adoptará cuando ya no tenga opción.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2017 14:22:00 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Déficit energético]]></category>
<category><![CDATA[Ministerio de Hacienda]]></category>
<category><![CDATA[Impuestos ambientales]]></category>
<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
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<category><![CDATA[Economía]]></category>
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<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
<category><![CDATA[Energía]]></category>
<content:encoded><![CDATA["España es uno de los Estados miembro que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles. El diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental: el diésel emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería estar sujeto a impuestos más elevados”. Esta es la opinión que <a href="http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf" target="_blank">recoge un informe de la Comisión Europea</a> publicado la semana pasada. Se trata de una recomendación recurrente. El impuesto sobre hidrocarburos es inferior para el gasóleo que para la gasolina, un diferencial que en términos medioambientales y sanitarios no tiene sentido. El diésel emite partículas que se han demostrado nocivas para la salud.
La menor fiscalidad sobre el diésel es uno de los factores que contribuyó a que en España triunfaran este tipo de motores. Hoy, casi el 60% de los vehículos que circulan por las carreteras españolas va con gasóleo. La dieselización se ha mitigado recientemente y los datos indican que los motores gasolina empiezan a ganar terreno, aunque aún la mayoría de nuevos coches son de gasóleo.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha estudiado muchas veces y tiene encima de la mesa medidas para elevar el impuesto sobre hidrocarburos y la fiscalidad sobre el diésel. Sin embargo, se ha resistido a hacerlo hasta ahora y su idea es mantener esta posición todo el tiempo que pueda. A pesar de las recomendaciones de Bruselas, Hacienda entiende que un incremento de la fiscalidad energética dañaría la economía, perjudicaría la renta disponible y haría que las empresas españolas pierdan competitividad. Es cierto que España mantiene una fiscalidad sobre el combustible inferior a la media europea, pero fuentes de la Administración recuerdan que España se encuentra geográficamente más lejos del mercado europeo. Es decir, que una empresa española debe hacer más kilómetros por carretera que otra francesa o italiana para llegar los mercados centroeuropeos.
Todos estos motivos son los que han llevado a Hacienda a rechazar una y otra vez el incremento del impuesto especial sobre hidrocarburos. La última vez fue el pasado mes de diciembre, cuando el Gobierno subió el impuesto sobre el tabaco y sobre el alcohol. Nuevamente, el impuesto especial de hidrocarburos se salvó. Dentro de los tributos especiales, el que grava la gasolina es el que aporta mayor recaudación. A la espera de conocer los datos de cierre del año, el impuesto sobre hidrocarburos aportó a las arcas públicas hasta noviembre del año pasado 9.682 millones, un 7,8% más. Un incremento que se explica por la mejora de la actividad y el encarecimiento del crudo, que beneficia la recaudación de la Agencia Tributaria.
Aun así, todos los expertos fiscales recuerdan que España tiene margen para elevar la fiscalidad medioambiental. Los últimos datos publicados por Eurostat y que corresponden a 2014 muestran que los llamados impuestos verdes aportaron a España algo más de 19.000 millones de euros, una cifra que equivale al 1,85% del PIB. Supone un porcentaje muy bajo y alejado de la media de la UE (2,46%). Solo Eslovaquia y Lituania sacan menos partido de la fiscalidad medioambiental. En el lado opuesto destaca Dinamarca, que recauda algo más del 4% de su PIBen impuestos verdes. Es cierto que, en los últimos años, España ha aprobado nuevos tributos verdes como los impuestos que gravan la producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, entre otros. Aun así, los datos sugieren que hay margen para recaudar más.
El plan presupuestario de 2017 que el Gobierno remitió a Bruselas contempla una reforma de la fiscalidad medioambiental que, según las cifras de Hacienda, aportaría 500 millones adicionales. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado explicar qué medidas concretas hay detrás de esta cifra. De hecho, fuentes de la Administración señalan que de momento no está encima de la mesa elevar los impuestos medioambientales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que el Gobierno estudiaría modificaciones en el impuesto sobre matriculación, pero tampoco dio detalles. Se limitó a señalar la “la necesidad de mejorar la fiscalidad del automóvil para favorecer que sean más innovadores, más seguros y menos contaminantes”. Lo que no dijo es cómo lo lograría.
El hecho de que España pueda desviarse de su objetivo de déficit es un factor que podría llevar a Hacienda a acelerar posibles medidas en fiscalidad medioambiental. La Comisión Europea ya ha mostrado sus dudas acerca de que el Gobierno cumpla el objetivo de déficit público. Hacienda se ha comprometido a reducir los números rojos hasta el 3,1% del PIB este año y el 2,2% el siguiente. Sin embargo, Bruselas teme que el desfase sea mayor y se sitúe en el 3,5% y el 2,9%, respectivamente.
Si no queda otra opción, el impuesto sobre hidrocarburos aumentará y especialmente la fiscalidad sobre el diésel. En el año 2011, la Comisión Europea planteó una <a href="http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0169_/com_com(2011)0169_es.pdf" target="_blank">propuesta de directiva</a> para avanzar hacia una mayor armonización fiscal. En ese documento se planteaban medidas como equiparar los impuestos del diésel o la gasolina. También se contemplaba la eliminación de las ventajas fiscales de las que disfruta el gasóleo profesional. En cualquier caso, la propuesta se quedó en papel mojado y no llegó a aprobarse ante la dificultad de alcanzar la unanimidad que requieren los cambios tributarios en la UE.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Cómo gestionar, que no frenar, el envejecimiento]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Los demógrafos avisan que el aumento de la población de más edad no tiene solución. Más que revertir la tendencia, reclaman adaptar las estructuras del Estado a la nueva realidad.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2017 19:02:55 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Envejecimiento población]]></category>
<category><![CDATA[Problemas demográficos]]></category>
<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
<category><![CDATA[Prestaciones]]></category>
<category><![CDATA[Demografía]]></category>
<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
<category><![CDATA[Política laboral]]></category>
<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El Consejo de Ministros aprobó recientemente la creación del nuevo Comisionado para el Reto Demográfico, cuyo cometido es, sobre el papel, abordar las medidas necesarias para frenar el envejecimiento, la despoblación y la población flotante. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) celebró ayer una jornada de debate precisamente para abordar esta problemática dado el nuevo escenario migratorio al que se enfrenta España y la conclusión avanzada por algunos expertos no puede ser más descorazonadora: “el envejecimiento de la población no tiene solución”.
Por este motivo, los demógrafos y expertos que participaron en dicha jornada aseguraron que este nuevo órgano creado por el Ejecutivo no debe invertir los esfuerzos y recursos en cambiar esta realidad, sino que debería centrarse en adaptar las estructuras del Estado de bienestar a esta realidad que “ha venido para quedarse”.
La científica titular del Grupo de Investigación del Envejecimiento del COnsejo Superior de Investigaciones Científicas (GIE-CSIC), Dolores Puga, aseguró, en una entrevista a Europa Press antes de su participación en el debate de Funcas, que está “a la expectativa del alcance y trabajos del nuevo organismo”, cuyo único precedente en España se encuentra en Galicia, una comunidad que cuenta con un Plan de dinamización demográfica, que, a su juicio, “va a chocar de frente con todas las evidencias científicas”.
“El envejecimiento no lo vamos a arreglar de ninguna manera porque no tiene solución”, afirmó, para añadir a continuación que este fenómeno no es más que el resultado de una evolución a largo plazo de los países europeos, que “se han vuelto más eficientes en su proceso reproductivo”. Así, recordó que España, en el pasado, necesitaba generar muchos nacimientos para mantener el volumen de una población donde se registraban muchas defunciones, pero en la actualidad la población es muy longeva y necesita menos nacimientos para mantenerlo. “Sencillamente, nos hemos vuelto más eficientes en este sentido”, apostilló. Esta experta en demografía recordó en este sentido que “no hay ninguna evidencia en ningún lugar del mundo en que la transición demográfica se haya revertido”.
Puga también censuró las “alarmas” generadas en torno a la proyección del INE para 2050, cuando prevé que España cuente con 17 millones de personas mayores de 65 años, ocho millones más que en la actualidad.
Si bien dijo que se trata de un cálculo técnicamente impecable, también sostuvo que hipotetiza sobre fenómenos que son “altamente variables”, como los flujos migratorios, el umbral de la vejez o la tasa de ocupación por edad y género. Por ello, advirtió contra los efectos que provocan este tipo de mensajes. “Cuidado con generar alarmas sobre una proyección única donde hay mucho margen de incertidumbre”, insistió esta experta.
Preguntada por la conveniencia de poner en marcha medidas que fomenten la fecundidad, Puga aseguró que “hay margen de mejora”, pero no deja de ser una cuestión “individual”, que “en ningún caso” podrá solucionar el envejecimiento de la población. Sí admitió que se trata de una cuestión importante porque a la sociedad, encuesta tras encuesta, cuando se le pregunta responde que le gustaría tener más hijos de los que finalmente puede tener, “pero facilitar estos deseos reproductivos no va a solucionar los problemas demográficos”, sentenció.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Más viudas que jubiladas]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/23/economia/1490263952_692268.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[Raquel Pascual Cortés]]></dc:creator>
<description><![CDATA[La Seguridad Social aún paga 15.000 prestaciones de viudedad más que de jubilación a mujeres cada mes, pero esta circunstancia está a punto de darse la vuelta por la incorporación femenina al empleo.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2017 19:21:23 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Ministerio de Empleo]]></category>
<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
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<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
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<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
<content:encoded><![CDATA[La Seguridad Social paga actualmente 2,17 millones de pensiones de viudedad a mujeres y 2,16 millones de pensiones de jubilación a trabajadoras ya retiradas. En concreto, según los últimos datos de la nómina de las pensiones a 1 de marzo, hechos hoy públicos por el Ministerio de Empleo, el sistema abona 15.000 prestaciones de viudedad más que de jubilación a mujeres.
Según las cifras conocidas hoy, la pensión media de jubilación que cobran las trabajadoras retiradas es de 774,92 euros mensuales mientras que la prestación media de viudedad asciende a 657,53 euros al mes. Si bien hay que precisar que un buen número de perceptoras de pensiones reciben ambos tipos de prestación. Así lo indican los datos oficiales que señalan que se pagan 9.459.746 pensiones de todo tipo a 8.598.985 pensionistas, lo que significa que aproximadamente un millón de personas compatibilizan dos tipos de prestación y la inmensa mayoría son mujeres.
No obstante, este reparto, que ha sido históricamente así por la tardía incorporación de la mujer al mercado laboral, que en España no se produjo con más intensidad hasta los años ochenta, está a punto de darse la vuelta, lo que será un síntoma más de normalización del mercado de trabajo.
De hecho, hace diez años, la Seguridad Social pagaba casi 400.000 pensiones de viudedad más que de jubilación a mujeres y este desequilibrio se ha ido acortando hasta llegar a la situación de hoy por la citada incorporación de las mujeres al mundo laboral.
Sin embargo, el hecho de que la esperanza de vida femenina sea mayor que la masculina hace que este efecto no tenga igual impacto en las pensiones de los hombres. Así, mientras hace diez años se pagaban 3,17 pensiones de jubilación a hombres y 151.269 de viudedad, en la actualidad apenas se han incrementado estas últimas prestaciones entre los hombres; ahora el sistema abona 3,62 pensiones de jubilación a trabajadores retirados y 178.908 a viudos.
En el actual debate público para la reforma del sistema de pensiones el Gobierno puso encima de la mesa la posibilidad de estudiar que las pensiones menos contributivas --en clara referencia a las de viudedad y orfandad-- pasasen a financiarse con impuestos en lugar de con cotizaciones sociales, que es como se costean en la actualidad. Este cambio de financiación ahorraría unos 24.000 millones de euros anuales a la Seguridad Social que, sin embargo, obligaría a aumentar la recaudación de impuestos generales para hacerles frente.
Aunque, dicho esto, los futuros cambios de la pensión de viudedad podrían no quedarse en el origen de su financiación. Durante las comparecencias de expertos en Seguridad Social que se están produciendo en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que prepara la reforma del sistema, varios de ellos han propuesto una reforma más a fondo de esta prestación para adecuarla a la nueva realidad social, en la que las mujeres se han incorporado de forma generalizada al mercado laboral.
Alguna de estas reformas para la viudedad apuntadas en el seno de la comisión parlamentaria van en la dirección de igualar esta prestación a las de otros países europeos como Francia o Alemania, donde las pensiones de viudedad son incompatibles con determinado nivel de rentas salariales o son temporales durante los dos primeros años tras la muerte del cónyuge y luego se revisa la condición salarial del perceptor.
Así, recientemente el presidente de la consultora de protección social Novaster, Diego Valero, que también ha pasado por la comisión del Pacto de Toledo, se preguntó muy gráficamente si, por ejemplo, una presidenta de una empresa del Ibex necesita cobrar una pensión de viudedad, para concluir que en su opinión la respuesta es que no.
 
 ]]></content:encoded>
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<item>
<title><![CDATA[Renta 2016: fin del programa Padre, cómo usar Renta Web]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/22/economia/1490177609_110962.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS, Cecilia Castelló Llantada]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El sistema Renta Web se extiende para todos los contribuyentes, independientemente del origen de sus rentas.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2017 13:00:13 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Renta 2016]]></category>
<category><![CDATA[Declaración renta]]></category>
<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
<category><![CDATA[IRPF]]></category>
<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
<category><![CDATA[Hacienda pública]]></category>
<category><![CDATA[Agencias Estatales]]></category>
<category><![CDATA[Tributos]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
<category><![CDATA[Administración Estado]]></category>
<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[La campaña para presentar la <a href="http://cincodias.com/tag/declaracion_renta/a/" target="_blank">Declaración de la Renta 2016</a> empieza el próximo día 5 de abril de 2017, para su presentación por internet, y el 11 de mayo para la presentación presencial, según el <a href="http://cincodias.com/cincodias/2017/02/13/economia/1486994285_214725.html" target="_blank">calendario del contribuyente</a> que ha publicado la agencia tributaria.
Este año, como novedad, es el primero que no se podrá utilizar el programa Padre para realizar la declaración en ningún caso. El programa Padre ya se eliminó el año pasado para la mayor parte de los contribuyentes y únicamente quedó disponible para contribuyentes de actividades económicas, es decir, prácticamente solo para los autónomos. Desde este año, tampoco los autónomos podrán usar el programa Padre, que ya no estará disponible, y será sustituido por el sistema Renta Web, se extiende para todos los contribuyentes, independientemente del origen de sus rentas.
Hasta ahora, en caso de que el contribuyente realizara actividades económicas (<a href="http://cincodias.com/tag/empleo_autonomo/a/" target="_blank">autónomos</a>) era necesario que descargara el programa Padre para la confección de la declaración de Renta (modelo 100), se generaba un fichero y éste se podía presentar bien en la sede electrónica de la agencia tributaria o bien de manera presencial en las oficinas.
A partir de ahora el único sistema válido para confeccionar la declaración será Renta Web. Con Renta Web, el contribuyente accede directamente al servidor de la AEAT y puede añadir cualquier dato o renta, de forma que puede tramitar su borrador o declaración directamente desde la sede electrónica. Es decir, todo el proceso se hará a través de internet, sin necesidad de descargar los documentos para su presentación. 
El sistema permitirá, una vez esté activo (a partir del 5 de abril), confeccionar la declaración a partir de los datos fiscales que proporciona la agencia tributaria.La generación del borrador, la modificación del previamente obtenido, si es necesario, así como la confección de la declaración podrá realizarse mediante la aplicación de Renta Web.
Para acceder a Renta Web será necesario identificarse mediante el DNI electrónico (o certificado electrónico), con cl@ve PIN o bien con el número de referencia (se necesita conocer la casilla 440 de la renta del año anterior).
Una vez dentro del servicio Renta Web y aportando los datos que faltan, bien contestando preguntas o añadiendo los datos adicionales necesarios, el usuario podrá obtener el resumen de resultados, se comprueba que la aplicación será muy similar al anterior programa Padre. Desde la agencia tributaria se asegura que será "incluso más sencillo" ya que vendrán incorporados muchos de los datos de los de que dispone la AEAT. Estos datos se podrán modificar o incluir otros. confeccionar el borrador y, a partir de ahí, presentar la declaración.
El usuario también puede, siempre que cumpla determinados requisitos, llamar por teléfono a la Oficina de atención al contribuyente (de lunes a viernes de 9 a 21 horas), 901 200 345, o <a href="http://cincodias.com/cincodias/2017/03/23/economia/1490257188_350147.html" target="_blank">pedir cita </a>a partir del 11 de mayo para que le atiendan en las oficinas.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[¿Cuánto cuestan las bajas laborales a las arcas públicas?]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[EP]]></dc:creator>
<description><![CDATA[La cuantía de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes superó lo presupuestado el pasado año.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Mar 2017 18:45:14 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
<category><![CDATA[Partidos políticos]]></category>
<category><![CDATA[Prestaciones]]></category>
<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
<category><![CDATA[Política laboral]]></category>
<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
<category><![CDATA[Política]]></category>
<content:encoded><![CDATA[La prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes -enfermedad común o accidente no laboral- durante 2016 tuvo un coste para la <a href="http://cincodias.com/tag/seguridad_social/a/" target="_blank">Seguridad Social</a> de 5.900 millones de euros, entre las mutuas colaboradoras y las entidades gestoras del sistema público.
Así se desprende de la respuesta ofrecida por el Gobierno a los diputados de Ciudadanos Sergio del Campo, José Cano Fuster y Saúl Ramírez, que el pasado mes de diciembre preguntaron por el coste de las bajas laborales.
Estos 5.900 millones suponen un desvío de aproximadamente 500 millones en el dinero presupuestado por la Seguridad Social para esta contingencia, que en 2016 estaba cifrado en algo más de 5.400 millones de euros.
La formación naranja había preguntado por la evolución de este gasto y el seguimiento del mismo realizado por el Gobierno, así como las medidas que contemplaba para reducir el absentismo laboral, a lo que el Ejecutivo ha respondido con las medidas llevadas a cabo en los últimos años.
Control de las mutuas
Respecto a esta última cuestión, señala el Gobierno, el decreto 625/2014 establece protocolos de temporalidad de los actos médicos de confirmación de la baja a partir del cual se asigna el plazo estimado de duración del proceso.
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno también alude a la modificación de la Ley General de la Seguridad Social de diciembre de 2014, que amplió la capacidad de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la gestión de las bajas laborales.
A partir de ese cambio normativo, las mutuas tienen la posibilidad de llevar a cabo el control y seguimiento de la prestación económica a partir del mismo día de la baja médica, comprobando la concurrencia de los hechos que originaron la baja, los exámenes y reconocimientos médicos.
En este sentido, pueden proponer el alta médica a través de sus propios facultativos a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud, que debe pronunciarse acerca de la propuesta de alta en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Por otra parte, las mutuas tienen la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, poniendo los resultados de estos exámenes a disposición del médico del Servicio Público de Salud.
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<title><![CDATA[Sánchez pide elegir entre su modelo y el de la gestora]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Agencias]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Este sábado los tres precandidatos en las primarias socialistas a la secretaria general han protagonizado encuentros con militantes.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Mar 2017 14:42:55 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
<category><![CDATA[Susana Díaz]]></category>
<category><![CDATA[Patxi López]]></category>
<category><![CDATA[Primarias PSOE]]></category>
<category><![CDATA[Elecciones primarias]]></category>
<category><![CDATA[PSOE]]></category>
<category><![CDATA[Partidos políticos]]></category>
<category><![CDATA[Política]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El precandidato a la secretaría general del PSOE Pedro Sánchez ha manifestado este sábado que el partido se encuentra en una “encrucijada” entre “dos modelos”, el de “la gestora” que defendió la abstención para la investidura de Mariano Rajoy, y el suyo, por el que tuvo que pagar “un alto precio”.
En un acto celebrado en un hotel de Granada ante un millar de simpatizantes, Pedro Sánchez ha advertido de que, en este proceso, “candidatos podrá haber muchos, pero proyectos de partido hay dos”, el de “la gestora y quienes apoyan a la gestora”, que ha identificado como “partido de la abstención”, y otro, “de izquierdas, creíble” apoyado en la militancia, que él defiende en esta “encrucijada”.
El exsecretario general ha asegurado que su intención es que exista un PSOE “unido” y se ha mostrado confiado en que estas primarias, que “legitiman al partido y a los militantes”, sirvan para que ningún otro secretario general “tenga que pagar el precio” que el pagó.
Por otra parte, ha pedido que se deje de hablar de “lo conseguido” y se comience a hablar de lo que se conseguirá y conquistará, dado que España “no es la misma” de hace 35 años y el PSOE “tampoco”, por lo que no puede quedarse “anclado” en soluciones de entonces.
Susana Díaz, en Murcia
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha advertido a su vez que la Región de Murcia tiene “un problema de regeneración democrática”, con un presidente, Pedro Antonio Sánchez, que se quiere “aferrar al sillón”, por lo que, en su opinión, “el PSOE es la única esperanza de aire fresco”.
Díaz ha hecho esas declaraciones en Cartagena, donde ha abierto sus actos de precampaña por liderar el PSOE, arropada por la vicealcaldesa de la ciudad, Ana Belén Castejón, otros regidores socialistas de la región, el secretario general autonómico, Rafael González Tovar, y la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver.
Ante unos 600 militantes y simpatizantes, Díaz ha advertido al PP de que “la regeneración es imparable” y de que “cuando se firma un pacto hay que cumplirlo”, por lo que “si el PP no está a la altura de las circunstancias, lo estará el PSOE”.
En cuanto a su candidatura para liderar el partido, ha señalado que esperará al 26 de marzo para presentarla oficialmente, ya que un día antes será cuando se presente el nuevo proyecto del partido y, en su opinión, “es necesario primero decir a España lo que queremos hacer con el país y luego quién se va a poner al frente”. Desde que anunció que presentará su candidatura ha vivido el proceso con “ilusión y alegría”, así como con “ánimo y fortaleza”, y ha asegurado que “cuando el PSOE no está bien, España lo nota”, por lo que “hay que seguir avanzando y cambiando”, con un partido “reformado y transformado”.
Además, ha considerado que “el PSOE tiene que salir a ganar y ser un partido de mayorías”, y no conformarse con ser solo “la primera fuerza por la izquierda”, por lo que tiene que evitar que lo acomplejen otras fuerzas políticas.
Patxi López, sin dudas sobre el procedimiento
Por su parte, el precandidato Patxi López ha eliminado este sábado toda “sombra de duda” del procedimiento marcado por la gestora del partido para elegir a su líder para los próximos años.
“Yo no voy a poner ninguna sombra de duda sobre el procedimiento, ni sobre los censos, que estoy seguro que son correctos, ni sobre las cuentas ni sobre el procedimiento de votación”, ha manifestado en una visita a Lugo para participar en un encuentro con militantes.
Antes de la reunión fue recibido por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, con la que coincidió a la hora de señalar que deben “dedicarse a debatir ideas y no sobre los procedimientos y, mucho menos, sembrar dudas sobre ellos”. A Patxi López le parece “bien” que la gestora haya propuesto a los candidatos abrir una cuenta en la que se determinen las donaciones y gastos “para ajustarse a la legalidad”, medida que cuestiona la candidatura de Pedro Sánchez. A respecto de su propuesta, defendió la centralidad en base a su percepción de que “una inmensa mayoría de la militancia no quiere el choque de trenes”, que representan Pedro Sánchez y Susana Díaz.
“La mayoría de la militancia se preocupa no solo por quién gana las primarias, sino por lo que vamos a hacer al día siguiente, y lo que haremos es integrar y sumar propuestas los compañeros que queremos lo mejor para el partido y yo creo que beneficia el espacio de centralidad”, ha puesto de manifiesto.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[La protesta holandesa es convencional]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Peter Thal Larsen]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Tras los divididos resultados electorales, al menos cuatro partidos tendrán que superar sus diferencias sobre fiscalidad, sanidad y empleo para formar coalición de gobierno.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2017 22:19:08 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Opinión]]></category>
<category><![CDATA[Mark Rutte]]></category>
<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
<category><![CDATA[Gobierno de coalición]]></category>
<category><![CDATA[Holanda]]></category>
<category><![CDATA[Euroescepticismo]]></category>
<category><![CDATA[Islamofobia]]></category>
<category><![CDATA[Unión política europea]]></category>
<category><![CDATA[Xenofobia]]></category>
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<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
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<category><![CDATA[Discriminación]]></category>
<category><![CDATA[Europa]]></category>
<category><![CDATA[Organizaciones internacionales]]></category>
<category><![CDATA[Prejuicios]]></category>
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<category><![CDATA[Política]]></category>
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<category><![CDATA[Problemas sociales]]></category>
<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Los holandeses han protestado de forma convencional. La coalición gobernante perdió apoyos en las elecciones del miércoles, pero el agitador Geert Wilders consiguió menos escaños de lo previsto. El Parlamento queda más fragmentado que nunca.
Son unas elecciones extrañas aquellas en las que perder un quinto de los diputados se celebra como una victoria rotunda. Eso es lo que hizo el primer ministro, el conservador Mark Rutte, después de que su VVD fuera el partido más votado por tercera vez, con una proyección del 21%. El Partido Laborista, el socio menor de la coalición, tenía menos motivos para sonreír: se espera que pierda unos asombrosos 29 escaños de los 38 que tenía.
Pero el sentimiento antisistema no se tradujo en un apoyo significativo para Wilders, cuyos ataques contra el Islam y la UE invitaban a comparaciones inevitables con Trump y el brexit. Aunque parece que su PVV terminará segundo, recibió un menor porcentaje de votos que en 2010, cuando acabó tercero.
Es tentador ver el resultado como un rechazo al extremismo que está en aumento en el mundo desarrollado. Pero Wilders no es un rostro nuevo: lleva en el Parlamento casi dos décadas. Además, los principales partidos han incorporado aspectos de su postura antiinmigración. Ninguno de los principales líderes se opuso a que el Gobierno provocara una disputa diplomática al impedir a dos ministros turcos dar un mítin a favor de Erdogan en Rotterdam, la semana pasada.
Por primera vez en la historia reciente los tres principales partidos sumados recibieron menos del 50% de los votos. Aunque Rutte debería ser capaz de formar coalición, necesitará al menos tres socios, que tendrán que superar serias diferencias sobre impuestos, costes sanitarios y el aumento del trabajo a tiempo parcial. El riesgo es que Holanda entre en un período prolongado de limbo político del que surja una frágil coalición. Aunque la mayoría de los votantes ha rechazado el extremismo, su convencional protesta difícilmente es una fórmula para un gobierno estable.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Renta 2016: novedades en la deducción a familia numerosa]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Nuño Rodrigo Palacios]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Desde el mes pasado Hacienda permite que los contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración cedan al otro progenitor el derecho a los 100 euros mensuales.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2017 09:41:38 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Renta 2016]]></category>
<category><![CDATA[Declaración renta]]></category>
<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
<category><![CDATA[IRPF]]></category>
<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
<category><![CDATA[Hacienda pública]]></category>
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<category><![CDATA[Administración Estado]]></category>
<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Desde que en 2015 el Gobierno puso en marcha las deducciones de 1.200 euros al año (100 euros al mes) por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, los contribuyentes han recibido una rebaja fiscal de 1.142 millones de euros, según los presupuestos. La deducción tiene dos modalidades de cobro. O bien se recibe mes a mes como adelanto de la deducción o bien se minora la factura fiscal a la hora de hacer la declaración de la renta. De este modo, quien haya cobrado mes a mes solo puede aplicarse la deducción en <a href="http://cincodias.com/tag/declaracion_renta/a/" target="_blank">la declaración</a> por los meses que no haya ingresado los 100 euros.
Este año, además, la <a href="http://cincodias.com/tag/hacienda_publica/a/" target="_blank">Agencia Tributaria</a> ha puesto en marcha un trámite adicional relacionado con estas deducciones: los contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración podrán ceder el derecho a la deducción en favor de otro contribuyente que tenga derecho respecto al mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa. Adicionalmente, la Agencia Tributaria ha habilitado un modelo para regularizar las deducciones cobradas en exceso.
La deducción la pueden cobrar aquellas personas que puedan acreditar pertenecer a una familia numerosa o dispongan del certificado de discapacidad de un ascendiente o descendiente, además de tener NIF y haber cotizado a la Seguridad Social. Esta deducción puede superar la cantidad que pague por IRPF el contribuyente (de ahí que se le haya denominado desde Hacienda “impuesto negativo”, pero sí está limitada: no puede superar las aportaciones a la Seguridad Social del contribuyente.
Dado que las circunstancias familiares (que dan derecho a las deducciones) suelen afectar a más de un contribuyente, la deducción se puede presentar de forma individual o conjunta. Para recibir la deducción es necesario presentar el llamado modelo 143, pertinente en las deducciones de ascendiente o descendiente con discapacidad, familia numerosa o familia monoparental con dos hijos a cargo. Para otra deducción de esta clase (100 euros mensuales, con posibilidad de impuesto negativo), la deducción por madre trabajadora con hijo menor de tres años, se presenta el modelo 143.
El importe de la deducción es de 100 euros al mes o 1.200 al año para todas ellas, salvo las familias numerosas de categoría especial, que reciben 2.400 euros al año. No obstante, son acumulables; una familia numerosa de estándar con un hijo discapacitado cobraría 2.400 euros al año, y si uno de los hijos tiene menos de tres años la madre podría deducirse otros 1.200. El modelo 143, una vez disponga el contribuyente de la documentación, se puede tramitar por teléfono (901 200 345), por Internet (identificándose con sistema cl@ve, PIN 24H o certificado electrónico ) o de forma presencial. Para la deducción por hijo con discapacidad es preciso que el hijo tenga su propio NIF.
Este año, además, <a href="http://cd00.epimg.net/descargables/2017/02/22/dd6d5b3d515d5305e2b97eaf94e0e781.pdf" target="_blank">la Agencia Tributaria ha habilitado el modelo 121 y 122</a> para que los contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración puedan ceder su deducción a otro beneficiario. Si en una familia numerosa uno de los progenitores trabaja (es preciso cotizar a la Seguridad Social) pero no tiene que presentar declaración al ganar menos de 22.000 euros al año, puede ceder el derecho a deducción al otro progenitor y evitar el trámite de la declaración.
Cabe recordar, en todo caso, que aunque un contribuyente no tenga por qué presentar declaración, le puede convenir hacerlo para que le sean devueltos las retenciones e ingresos a cuenta de sus ingresos (sean rentas del trabajo o del capital).]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Una fiscalidad que incentive la recuperación]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/31/economia/1490984073_791085.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Los cambios que el Gobierno introdujo en 2014 han cumplido con su función, pero no han resuelto viejos problemas pendientes]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 22:10:02 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Opinión]]></category>
<category><![CDATA[Ministerio de Hacienda]]></category>
<category><![CDATA[IRPF]]></category>
<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
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<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[A partir del 5 de abril, la Agencia Tributaria pondrá en marcha la campaña de la Renta de 2016, cuyo objetivo es lograr que 19 millones de contribuyentes españoles hagan cuentas con Hacienda. La reforma fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2014 estableció una bajada impositiva a aplicar en dos fases (2015 y 2016) y se centró en tres grandes capítulos: la rebaja de la tributación de la renta, el trato fiscal del ahorro y la fiscalidad de las empresas. La reforma ha dejado un impuesto articulado en cinco tramos, con tipos impositivos de entre el 19% al 45%, en el que se mejora el trato fiscal de los rendimientos del ahorro y de las plusvalías, además de incluir medidas que fomentan el ahorro a largo plazo en nuevos productos financieros.
El objetivo de la reforma fiscal que Rajoy introdujo en 2014 –una legislatura que se inició con el mayor incremento fiscal vivido en siete lustros de democracia– fue dotar a los ciudadanos y las empresas españolas de un poco de oxígeno que permitiese dinamizar la demanda interna e incentivar el consumo y la inversión. La rebaja del IRPF ha constituido así uno de los factores clave que han posibilitado la recuperación económica en los últimos ejercicios, al sumarse al potente efecto de los programas de compra de deuda del BCE, la devaluación del euro y la caída del precio del crudo.
Las modificaciones que el Gobierno introdujo en esa reforma han cumplido con su función, pero no han resuelto viejos problemas pendientes que justifican una nueva vuelta de tuerca a la reforma. Es el caso de la urgente necesidad de flexibilizar y simplificar un sistema tributario que sigue siendo excesivamente oscuro para los contribuyentes y las pymes, en parte por estar plagado de una maraña de deducciones y bonificaciones que complican innecesariamente el cumplimiento de los deberes fiscales, pero que ofrece, al tiempo, oportunidades a las grandes compañías para reducir su factura con Hacienda. Otro tanto ocurre con los desequilibrios entre las distintas comunidades autónomas y las acusaciones de dumping fiscal de unas a otras, una cuestión que se pondrá sobre la mesa con ocasión de la reforma del sistema de financiación autonómica y que está directamente relacionada con el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal.
El Gobierno se ha comprometido con Ciudadanos a no acometer nuevas subidas de impuestos a cambio del apoyo a los Presupuestos. Y es que suavizar la carga fiscal de las empresas y las familias –siempre que ello no dañe el cumplimiento de los objetivos de déficit público pactados con Bruselas– debe ser una aspiración permanente en una política económica que quiera potenciar y consolidar la recuperación. Se trata de una decisión que debe adoptarse bajo criterios de prudencia, eficacia y equidad.]]></content:encoded>
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</item>
<item>
<title><![CDATA[Presupuestos para el empleo]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/31/economia/1490983830_729117.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2017 22:10:02 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Opinión]]></category>
<category><![CDATA[Presupuestos Generales Estado]]></category>
<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas Estado]]></category>
<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Si la prioridad de Mariano Rajoy es la creación de empleo, como ha venido dejando patente en el estreno de cada una de sus legislaturas, incluida la nonata, los Presupuestos que el Gobierno ha elaborado para 2017 deben ser coherentes con ello. Trabajar con la hipótesis de que la tasa de desempleo bajará del 17% tiene sentido porque es un objetivo realizable. Otra cosa es que peque de falta de ambición. Con un crecimiento del 2,5%, como calculan las cuentas públicas para este año, que según algunos expertos también se queda corta, la economía española estará en condiciones, salvo sorpresas indeseadas, de presentar a fin de año mejores datos en mercado laboral. Pero conviene no errar el tiro. Es comprensible el guiño de la importante oferta de empleo público, con 67.000 plazas nuevas y, en el plazo de tres años, la conversión en fijos de hasta 250.000 interinos. Cierto que es de justicia –y que además se haga con urgencia en áreas como educación– la reposición de funcionarios tras los recortes, así como la meta de reducir la interinidad del 25% al 8%. Sin embargo, la solución a la lacra del paro está en el sector privado. Solo creando un marco facilitador, no restrictivo y que respete reformas que ya han demostrado su eficacia acertará el Gobierno con sus cuentas y se reforzará el crecimiento. Es la forma más segura de volver a cumplir con el –ambicioso este año– objetivo de déficit.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Un ojo en el IPC]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/30/economia/1490900706_153116.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 22:28:19 +0200]]></pubDate>
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<content:encoded><![CDATA[El año se inició con un fuerte repunte de precios, del 3% interanual en enero y febrero para el índice general, que hizo saltar algunas alarmas. Sin embargo, la tasa subyacente, que excluye productos energéticos y alimentos frescos, y por tanto está menos afectada por fluctuaciones, se quedaba en el 1%. En marzo, según el dato adelantado por el INE, el índice general ha bajado el 2,3%. Es decir, los precios de los carburantes y la electricidad cayeron en comparación con el incremento experimentado el mismo mes del año anterior, lo que ha frenado el avance. Pese a ello, la inflación contabiliza ya siete meses seguidos en positivo, tras más de dos años en negativo. No obstante, no hay nada sorprendente en estos datos, porque el citado efecto escalón debido sobre todo al precio del petróleo ya hacía prever ese menor incremento. Así, los expertos tanto del sector público como privado coinciden en rebajar la previsión a una horquilla del 1,3% al 1,5% a fin de año. Esa es la razón por la que viene muy a cuento advertir del peligro de los efectos de segunda ronda sobre los salarios, que siempre sobrevuela en estas situaciones. Se corre el irresponsable riesgo de perder competitividad si ese efecto indirecto toma carta de naturaleza en la negociación salarial. Aún falta un acuerdo y las tradicionales recomendaciones de patronal y sindicatos sobre salarios. Hay que insistir en que se equivocarán si actúan en base al coyuntural y volátil indice general, y no a la inflación subyacente, que por algo también se llama básica.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[La plusvalía municipal, a revisión...]]></title>
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<description><![CDATA[La reciente sentencia que declara inconstitucionales algunos preceptos de la norma foral de Guipúzcoa sobre el impuesto de valor añadido es otro paso para recordar las lecciones aprendidas en la crisis.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 22:28:19 +0200]]></pubDate>
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<content:encoded><![CDATA[El pasado 16 de febrero se publicó una sentencia histórica por parte del Tribunal Constitucional, según la cual se declaraban inconstitucionales algunos preceptos de la norma foral de Guipúzcoa, relativos al impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos. La sentencia del máximo tribunal se fundamenta en la vulneración del principio de capacidad económica previsto en el artículo 31.1 de la Constitución Española y en la imposibilidad de presentar prueba en contrario por parte del contribuyente.
Lo que el Tribunal Constitucional viene a decir es que no se puede exigir al vendedor del inmueble el pago de un impuesto derivado del incremento del valor del terreno cuando dicho incremento no se haya producido realmente. Esto es lo que le ha ocurrido a un gran número de vendedores de inmuebles en nuestro país durante los años de la crisis, en los que hemos asistido probablemente a la mayor devaluación de los inmuebles de la historia reciente. Y es que, tal y como se desprende de la normativa actual, la simple titularidad de un inmueble pareciera que llevase implícito el incremento del valor del terreno.
Con todo, conviene señalar que esta sentencia no toma en consideración todas las situaciones de liquidaciones improcedentes. Además, si bien la sentencia se produjo en respuesta a una norma foral en Guipúzcoa, antes o después acabará teniendo efecto sobre el resto del territorio nacional, tal y como pronostican todos los expertos juristas. Dadas las distintas casuísticas que intervienen, la sentencia solo declara inconstitucional el procedimiento de determinación de la base imponible cuando se ha producido una minusvalía del valor del terreno, y no contempla, por ejemplo, las situaciones de liquidaciones improcedentes por determinación de bases imponibles erróneamente calculadas. La imposibilidad de plantear prueba en contrario y el hecho de gravar una renta ficticia se dan en una relevante mayoría de casos no contemplados en esta sentencia.
Más allá de las implicaciones que la sentencia tendrá en la mayoría de las ventas de inmuebles en los que se ha producido una depreciación del valor del terreno, se trata de un hito histórico que viene a remover de nuevo el panorama inmobiliario español, y a poner en jaque a un importante número de ayuntamientos que verán potencialmente mermadas sus cuentas al tener que hacer frente a la devolución de este tributo local. (La posibilidad de reclamar siempre ha existido). Con esta sentencia se abre con cierta garantía de éxito la posibilidad de reclamar los impuestos indebidamente liquidados de los últimos cuatro años. Para ello, se deberá presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de impuestos indebidos ante el ayuntamiento correspondiente, acreditando la inexistencia de incremento de valor, mediante la aportación de las escrituras de compra y venta del inmueble y mediante la valoración pericial realizada por un experto independiente. Se inicia así la vía administrativa.
A la hora de preparar este recurso, recomendamos conocer a fondo el origen local del impuesto: se trata de un tributo que grava el incremento del valor del terreno de fincas urbanas, no el del bien inmueble en su conjunto, por lo que no bastará con presentar las escrituras de compra y de venta. En este sentido, cabe señalar que el valor del suelo es tan solo un componente más que participa en la determinación del precio o valor de mercado del inmueble, pero hay otros factores que determinan su valoración final. En efecto, también se ha de considerar que el valor catastral de los inmuebles y el valor de mercado no evolucionan necesariamente al mismo ritmo, y que, por tanto, los valores de los terrenos tampoco evolucionan de forma paralela. Las normas catastrales de valoración podrían hacer que el valor catastral evolucionase positivamente, aún cuando el valor real del suelo siguiera una tendencia negativa.
Teniendo en cuenta estos aspectos, aventurarse a determinar cuántos propietarios en el territorio nacional podrían iniciar acciones para reclamar la devolución del tributo a los ayuntamientos es un ejercicio que requiere la valoración individualizada de todos y cada uno de los inmuebles transmitidos para determinar si se ha producido o no el incremento del valor del terreno entre las fechas de compra y posterior venta de cada uno de ellos.
Tanto en vía administrativa como en posterior vía judicial, será imprescindible disponer de un informe pericial que acompañe tanto al escrito de solicitud de rectificación y devolución del impuesto en el primer caso, como a la demanda judicial presentada ante el juzgado correspondiente de lo contencioso administrativo en el segundo. Dicho informe debería acreditar el valor del terreno que ocupa el inmueble y, como consecuencia, comprobar que existe incremento de valor del suelo, o que por el contrario este no se ha producido. Es esencial, con carácter previo, realizar una revisión profunda de la legislación que regula el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el ayuntamiento en concreto, y con ello la revisión de las ordenanzas fiscales municipales locales que regulan en último término su aplicación.
Entendemos que la sentencia constituye un paso más para recordar las innumerables lecciones aprendidas durante y después de la crisis financiera e inmobiliaria en España, y favorecer la transparencia de un sector que tiene gran importancia en la economía de nuestro país y en los empleos directos e indirectos que genera. Los tiempos parece que cambian rápido, pero las normas, reglamentos y leyes deben seguir aplicándose fielmente en el marco de la Constitución, y no solo en el literal de su letra, sino también en el de su espíritu, como hemos visto.
Juan Fernández Aceytuno es director de Sociedad de Tasación.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Un ejercicio con los deberes bien hechos]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El esfuerzo de reducción del déficit público constituye un factor esencial para explicar la vigorosa recuperación de la economía española]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 22:28:19 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Opinión]]></category>
<category><![CDATA[Control Presupuestario]]></category>
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<category><![CDATA[Europa]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
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<content:encoded><![CDATA[España cumplió sobradamente con sus deberes de consolidación fiscal el año pasado, al registrar un déficit público del 4,33% del PIB y cumplir con holgura con el objetivo acordado con Bruselas. La Administración pública ingresó 421.672 millones de euros, un 1,5% más, y elevó el gasto únicamente en un 0,3%, en lo que supone prácticamente un calco del efectuado en 2015. El desfase entre ingresos y gastos fue de un 2,52% en la Administración central, de un 0,82% en las comunidades autónomas y de un 1,62% en la Seguridad Social. Los ayuntamientos, a la cabeza en saneamiento y disciplina presupuestaria, obtuvieron un superávit del 0,62%.
La radiografía de las cuentas del Estado en 2016 arroja más de un hito, alguno de ellos histórico, como el hecho de que la partida de gasto se haya cerrado prácticamente en la misma cifra que el año anterior, con una mínima variación de un 0,3%. Se trata, además, de la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy cumple con las exigencias de Bruselas desde 2012 y que lo hace, además, con facilidad. Es cierto que las negociaciones con la Comisión Europea han posibilitado ese buen resultado, dado que a principios del ejercicio el objetivo era del 2,8%, que fue ampliado en abril hasta el 3,6% y finalmente, ante la evidencia de que los números no cuadrarían, se dejó en un más factible 4,6%.
En cualquier caso, y como recordaba ayer Cristóbal Montoro, el esfuerzo de reducción del déficit público constituye un factor esencial para explicar la vigorosa recuperación de la economía española, en contraste con unos años en los que las maltrechas y desequilibradas cuentas de las Administraciones públicas dispararon el coste de financiación del país y lo pusieron en la cuerda floja.
Para cumplir con las exigencias marcadas desde Bruselas, el Gobierno ha echado manos de dos directrices que han funcionado con eficacia: un férreo control del gasto y el cierre anticipado presupuestario. Pese a ello, no todas las herramientas han funcionado con la eficacia esperada. La Agencia Tributaria se quedó el año pasado por debajo de lo presupuestado en cuanto a recaudación, y ello aún tras haber adoptado medidas como los incrementos de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades, que elevaron un 5% los ingresos por este tributo, pero tampoco alcanzaron la cifra prevista.
La radiografía de las cuentas públicas españolas arrastra zonas de riesgo –los números rojos de la Seguridad Social, por ejemplo– pero muestra los resultados de un severo ejercicio de saneamiento logrado gracias al esfuerzo, la disciplina y el sacrificio. Ahora resta seguir manteniendo en líneas generales esa receta, pero también flexibilizar algunas partidas presupuestarias, así como apostar por reformar los mercados e incentivar la actividad de los grandes responsables de la recuperación: las empresas.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Consolidar empleo público, crear privado]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado recientemente la elevada tasa de interinidad que existe en España]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 09:24:15 +0200]]></pubDate>
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<category><![CDATA[Empresas]]></category>
<category><![CDATA[Política laboral]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y los sindicatos para hacer fijos en los próximos años al 90% de los trabajadores interinos del sector público impulsará lo que constituye la mayor oferta de empleo público de la democracia. Las Administraciones públicas consolidarán en torno a 250.000 puestos ocupados actualmente de forma temporal por este tipo de trabajadores. El proceso, que se iniciará el próximo viernes y terminará a finales de 2019, involucra a las comunidades autónomas –que aglutinan a la mayor parte de estos empleados– que se han sumado también al compromiso entre el Ejecutivo y los sindicatos. Esta gigantesca consolidación de oferta pública permitirá a Estado, autonomías, ayuntamientos y empresas públicas sacar a concurso los puestos ocupados por interinos para hacerlos fijos en estas Administraciones.
 El acuerdo afecta a varias áreas: es el caso de los profesores de enseñanza no universitaria, personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia, Servicios Sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades.
Este gran pacto para consolidar la oferta de empleo público no traerá consigo la aceptación de otras demandas sindicales, como la recuperación de la jornada de 35 horas o el cobro del 100% de la prestación cuando los empleados públicos están de baja por incapacidad temporal. A cambio, sí habrá que sumarle la creación de 67.000 nuevos empleos públicos y la reposición de las bajas de jubilación (en un 100%) en áreas como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales, la lucha contra el fraude, la prevención y extinción de incendios y políticas activas de empleo. En materia salarial, el Gobierno ha dejado claro que no levantará de momento el pie del freno –subirá un 1% los salarios en 2017– pese a dejar la puerta abierta a la posibilidad de pactar mayores mejoras salariales a partir de los presupuestos de 2018, cuyo techo de gasto se aprueba en junio.
La consolidación de la ingente cantidad de puestos de trabajo interinos que existen en las Administraciones Públicas españolas es una buena noticia, dado que pone remedio a una situación que constituye una anomalía en el entorno europeo. No en vano, el Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado recientemente la elevada tasa de interinidad que existe en España, que ronda el 11% en Sanidad y sube al 20% en Educación. Pese a ello, la gran asignatura de la economía española en materia laboral está en el sector privado, cuya función natural es crear empleo productivo, cuanto más estable mejor y capaz de general riqueza. Apostar por flexibilizar la legislación y los mercados para facilitar esa tarea debe ser una prioridad para los agentes sociales y el Gobierno.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Moncloa echa humo]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
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<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2014 22:05:35 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Opinión]]></category>
<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
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<category><![CDATA[Política]]></category>
<category><![CDATA[Administración Estado]]></category>
<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El Palacio de la Moncloa es, por razones obvias, un lugar con una intensísima actividad diaria. No obstante, esta semana ese ritmo se ha convertido en absolutamente infernal. Y no solo porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se haya visto con el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con los representantes de la patronal y los sindicatos o con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Altos cargos de varios ministerios, especialmente los de Hacienda, han estado y están concentrados (en el más estricto sentido futbolístico) en Moncloa con el fin de llegar al último Consejo de Ministros de la temporada con los deberes bien hechos. La reforma fiscal y la esperada aparición pública de Rajoy previa al periodo estival así lo aconsejan. ¿Habrá alguna sorpresa?]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Deuda del 60% en 2028 es posible]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2014/07/29/economia/1406658277_689128.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
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<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2014 22:14:47 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Opinión]]></category>
<category><![CDATA[PIB]]></category>
<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
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<category><![CDATA[Financiación déficit]]></category>
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<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
<content:encoded><![CDATA[España está a punto de traspasar el umbral del 100% del PIB en su deuda pública como consecuencia de los déficits acumulados en los años de crisis. Lo traspasará en 2015, aunque se ha comprometido a reducirla hasta el 60% del PIB en el año 2020, algo que parece bastante complicado. Imposible. Pero una combinación adecuada de políticas fiscales y de crecimiento, en determinados escenarios de financiación en los mercados internacionales de deuda, hacen posible llegar a tal objetivo del 60% del PIB en el decenio siguiente, antes incluso de 2030. Una simulación técnicamente bien construida, en la que se movilizan hasta ocho variables macroeconómicas, detalla cómo deberían comportarse en los próximos años para tener la deuda pública en el 60% del PIB en el año 2028. Luego, imposible no es.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Los riesgos de calentar la silla]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2014/07/02/economia/1404313268_153096.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
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<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Jul 2014 21:57:36 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Opinión]]></category>
<category><![CDATA[General Motors]]></category>
<category><![CDATA[Enfermedades cardiovasculares]]></category>
<category><![CDATA[Condiciones trabajo]]></category>
<category><![CDATA[Empresas]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
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<category><![CDATA[Medicina]]></category>
<category><![CDATA[Salud]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Estar sentado más de seis horas y media en su puesto de trabajo puede costarle muy caro. La encuesta Aragon workers health study, elaborada con una muestra de 861 empleados de la fábrica de General Motors en Figueruelas (Zaragoza), señala que los trabajadores más sedentarios muestran mayores índices de masa corporal, perímetro de cintura y presión arterial distólica. A partir de estos datos, la doctora Montserrat León-Latre, del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, considera que las personas que pasan más de seis horas y media sentadas tienen “un riesgo más elevado de padecer una enfermedad cardiovascular”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud calcula que el sedentarismo provoca tres millones de fallecimientos al año. Definitivamente, calentar la silla no conviene.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Lobbies y abogados: una relación saludable]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2017/03/30/economia/1490871672_792586.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Capa]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El Congreso da luz verde a la regulación de la actividad de los grupos de interés, tradicionalmente opacos.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 15:05:00 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Lobby]]></category>
<category><![CDATA[Leyes Orgánicas]]></category>
<category><![CDATA[Activismo]]></category>
<category><![CDATA[Normativa jurídica]]></category>
<category><![CDATA[Empresas]]></category>
<category><![CDATA[Legislación]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Justicia]]></category>
<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El pleno del Congreso de los Diputados dio el pasado 14 de marzo luz verde –a iniciativa del Grupo Popular– a la regulación de la actividad de los llamados lobbies o grupos de interés, atendiendo a una recurrente demanda de instituciones como el Consejo de Europa en ese sentido. No deja de ser paradójico que, habiendo caído España en 2016 a su peor registro en la clasificación mundial de percepción de la corrupción, según un informe de Transparencia Internacional, y siendo esta la segunda preocupación de los españoles, según el barómetro del CIS, la actividad lobística, o de representación de intereses, carezca de regulación legal hasta el momento. La creación de un registro de lobbies, que fuerzas políticas como el PSOE quieren extender más allá del ámbito del legislativo, dará carta de naturaleza a los grupos de interés, reconociendo su legitimidad y, con ello, su necesario papel de aportación de conocimiento en la adopción de políticas públicas.
Así, la actividad de consultoras y despachos legales, que ya en la práctica representan intereses de sectores económicos o empresas, pasará a un plano de mayor visibilidad que en el que hasta ahora han venido habitando, lo que puede reforzar su capacidad de oferta de servicios de asesoramiento y representación. Hoy todavía reacios a iluminar sus actuaciones en este ámbito, al resguardo del deber de confidencialidad, muchos bufetes reconocen su participación en esta actividad y los importantes ingresos generados por ella. Es obvio que los despachos son un lugar privilegiado para establecer o facilitar contactos y los clientes así lo valoran. Quizá la mala prensa del término tenga que ver con la opacidad en reconocer la intervención de una actividad, por otra parte, ya prevista en el Estatuto General de la Abogacía de 2001.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, considera “muy necesaria una mayor transparencia en el terreno de los lobbies a nivel general y sobre todo en torno a las instituciones públicas y parlamentarias más importantes, de forma que haya una clara identificación de los mismos, mediante el correspondiente registro público, que se regulen mínimamente sus actividades y que, en definitiva, se llegue a conocer e incluso se valore positivamente su posible contribución en los procesos de emisión y promulgación de las leyes”.
En opinión de Lizcano, este registro de lobistas “debería ser obligatorio e _incluir a todos aquellos que realizan lobby profesionalmente –como los despachos de abogados– y no debería limitarse a regular lo relativo al Parlamento nacional, sino que debe regular también el lobby en relación con los Parlamentos autonómicos y el poder ejecutivo”.
Como aportación de Transparencia Internacional al debate ahora abierto en el Congreso, propone que se incorpore “un código ético para la actividad de lobby, estableciendo estándares éticos claros con respecto a la comunicación y la búsqueda de influencia hacia los representantes electos y funcionarios públicos”.
Para Marcos Camacho, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez y responsable de la Oficina de Representación Institucional de la Abogacía, esta regulación suscita un gran interés en el colectivo”. Es esencial la regulación de esta actividad para que la defensa de los intereses personales, empresariales e institucionales se realice desde el principio de transparencia”, dice el representante de la abogacía, quien considera “esencial la regulación y el establecimiento de unas reglas de juego amparadas en un código de conducta ético y bajo el principio de publicidad y transparencia”.
Según Camacho, “la existencia de un registro público y accesible, en el que se inscriban los grupos de interés –firmas de abogados, entre otros–, es fundamental para que se puedan cumplir los fines a que nos hemos referido”. Considera el decano que “la defensa de intereses de terceros que realizan los abogados es esencial en la actualidadl, y solo desde la regulación se puede conseguir que la participación de los grupos de interés en los desarrollos normativos consigan una legislación fundada en los planteamientos y deseos de la sociedad y de los interesados que puedan verse afectados por la misma”. Predicando con el ejemplo, el propio Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) está inscrito, a través de su delegación en Bruselas, como lobista en el Registro Europeo de Grupos de Interés (EU Transparency Register), declarando un lobista a tiempo completo y tres acreditados.
Lucas Osorio, socio de mercantil especializado en colaboración público-privada y director en Madrid del bufete Hogan Lovells (que figura entre las diez primeras firmas de servicios legales en el mundo), cree que “esta actividad no debe ser necesariamente mala si se realiza con fines legítimos y se actúa de manera transparente. Tratar de influir para que las cosas se hagan o regulen mejor nunca puede ser un problema. El problema surge si se pretende ejercer esa influencia de manera inadecuada”.
Para el especialista, en un mundo que es cada vez más global e interdependiente, “el componente regulatorio es cada vez más intenso en las decisiones de los Gobiernos que deben analizar los efectos nacionales de sus decisiones, la trascendencia de las mismas en el ámbito internacional o de qué manera encajan sus decisiones con las regulaciones de otros Estados. En esa labor de entendimiento regulatorio y de valoración de riesgos legales la función del abogado externo puede ser relevante, con mayor motivo si pertenece a una firma global con experiencias similares en otras jurisdicciones”. Dice Osorio que en una situación como la actual, de hiperregulación nacional e internacional, “es necesario alinear intereses de Gobiernos, sectores empresariales y ciudadanos, correspondiendo a los abogados ayudar a buscar las soluciones legales más adecuadas, independientemente de que representen a unos u otros”. Para el director de Hogan Lovells, está claro que, “llamándose lobby o como queramos, se trata de buscar vías de influencia positiva en la elaboración de normas”.
Otra visión es la de George Abegg, socio director de Rödl & Partner –uno de los principales despachos alemanes– en España, quien ve necesario distinguir “la aportación que hace el despacho a las instituciones, ofreciendo su punto de vista como expertos en regulación”, de los encargos precisos de los clientes. Comenta el abogado alemán que distingue su bufete en su proceder con los despachos anglosajones o las big four, ya que los intereses de sus principales clientes, empresas familiares alemanas, son diferentes.
En Rödl & Partner, dice Abegg, ayudan a los clientes “a buscar una asociación de confort con otros clientes específicos” al tiempo que trabajan la “diplomacia corporativa a largo plazo”. En todo caso, también desarrollan actividades lobísticas “cuando se nos encarga buscar una solución a un problema completo. En este caso utilizamos nuestros contactos y nuestro expertise”. Cree el director del bufete germano que en España “sería bueno tener una regulación del lobby, que puede ayudar en muchas ocasiones a transmitir conocimiento. Esta actividad se puede tratar con transparencia”, y recalca que “debe estar especialmente claro que no hay vinculación de estas actividades a la corrupción”.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Perito judicial: ¿funcionario o experto privado?]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Capa]]></dc:creator>
<description><![CDATA[La complejidad del trabajo de estos profesionales, así como su mala remuneración, llevan a la judicatura a pedir un cambio de modelo para mejorar su funcionamiento.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Sun, 4 Dec 2016 20:38:52 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Asistencia jurídica]]></category>
<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
<category><![CDATA[Ordenamiento jurídico]]></category>
<category><![CDATA[Derecho]]></category>
<category><![CDATA[Proceso judicial]]></category>
<category><![CDATA[Justicia]]></category>
<content:encoded><![CDATA[La proliferación de causas judiciales referidas al ámbito económico, especialmente las relacionadas con la corrupción, ha provocado una cerrada reacción en la judicatura, que reclama una mejor organización y más medios para poder hacer frente con solvencia a cientos de casos de una complejidad singular.
La reunión anual de los 52 jueces decanos españoles, representando a más de 2.000 titulares de juzgados, celebrada en Málaga entre el 24 y el 26 de octubre pasados, levantó la bandera de la reclamación de más medios para los juzgados y que estos puedan disponer de peritos especializados en materia financiera, sin las dificultades que, en la práctica, se dan en estos momentos.
Pedro Viguer, juez decano de Valencia y uno de los redactores del documento de propuestas de la asamblea judicial, señala que este asunto “es muy relevante para el colectivo judicial. Tenemos muchos problemas para designar peritos y constantes renuncias, que se van encadenando”. Y es que, reconoce Viguer, “a los peritos se les paga mal. Hay que tener en cuenta que los sumarios acumulan miles de folios de asuntos muy complejos, como los relacionados con la corrupción”.
El problema principal, detalla el juez decano de Valencia, está en la jurisdicción penal, ya que en materia civil o mercantil, al final, son las partes las que pagan su intervención, bien por su iniciativa o por condena en costas.
Sin embargo, en el orden penal será la Administración la que corra generalmente con los gastos, lo que provoca, dice Pedro Viguer, que sea “un auténtico calvario para los juzgados” conseguir que un profesional acepte intervenir en un procedimiento en las condiciones actuales. Los jueces han trasladado sus peticiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que lidere las actuaciones encaminadas a este objetivo.
Concretamente, reclaman “la creación de un cuerpo de peritos en materia económica y contable al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse con la rapidez que supone su cercanía y trabajo conjunto, y no solo en las causas complejas”. Consideran los togados que “se trata de una medida fundamental de asesoramiento a los jueces, expertos en derecho, no en contabilidad o economía, que redundaría en una mayor agilidad, calidad y eficacia del trabajo judicial”. Una iniciativa que, además, cuenta con el respaldo casi unánime del colectivo, un 94%, según la Encuesta a la carrera judicial realizada por el CGPJ en 2015. Este nuevo cuerpo también debería prestar su asesoramiento desde el primer momento de las investigaciones, si así se solicita, no solo al juez, sino también a los funcionarios policiales.
En todo caso, dicen los jueces, esta propuesta no es excluyente de otras, como “potenciar los conciertos con entidades públicas como la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Intervención General del Estado, las universidades o los colegios profesionales”.
Compartiendo el análisis de fondo del problema, los expertos que actúan como peritos en los juzgados y tribunales tienen propuestas alternativas a las que lanzan los jueces. Así, Rubén García-Quismondo, socio director de Quabbala Abogados y Economistas, considera que la solución “no es crear más funcionarios, sino lograr que sea rentable para los mejores profesionales acudir a los tribunales para hacer informes periciales”. Sin dudar de la buena fe de un funcionario, entiende García-Quismondo, quien atesora casi 30 años de experiencia en el sector, que puede haber dudas sobre su objetividad cuando una de las partes sea la Administración. “En un caso de delito fiscal”, ejemplifica, “no entiendo que el perito sea un inspector de Hacienda. Desde luego, ofrece más neutralidad un experto proveniente de la actividad privada”. En todo caso, reconoce el director de Quabbala que “los jueces son los que sufren el problema, en ningún caso los culpables”.
Por su parte, Ernesto Díaz-Bastien, abogado con una extensa experiencia como perito tanto en la jurisdicción española como en la británica, señala la anomalía que, ya hoy, supone que actúen como peritos los funcionarios que han intervenido en los procesos previos al judicial. Eso, dice, pasa habitualmente en los delitos fiscales, ya que “existe un claro conflicto de intereses y un objetivo riesgo de prejuicio”. El problema para Díaz-Bastien se encuentra en la confusión que se produce entre “el ser y el deber ser”. Aunque la ley, respaldada recurrentemente por la jurisprudencia, fija para el funcionario el deber de neutralidad, en su opinión “es innegable que, aun desde la buena fe, su juicio está contaminado” cuando una de las partes es la propia Administración a la que pertenece.
Desde su experiencia internacional, Ernesto Díaz-Bastien considera que sería positivo que “hubiera más ósmosis entre lo público y lo privado”, incentivando la participación de especialistas con algún retorno de tipo fiscal o recompensando con prestigio para el letrado sus actuaciones pro bono.
Un modelo que da buenos resultados, sugiere el experto, es el británico, en el que las costas del peritaje son asumidas por el condenado o por la entidad pública encargada de la recuperación de activos intervenidos por la justicia. En este modelo, dice Díaz-Bastien, “los honorarios son más bajos que los del mercado, pero reconocen el valor del trabajo prestado y también supone una recompensa profesional el ser escogido como experto”. Un formato que, a su modo de ver, “es mucho más garantista que el español, ya que la neutralidad pericial está más protegida”.
En el Ministerio de Justicia, admiten las fuentes consultadas por CincoDías, se es consciente de la preocupación del sector por dar una solución a los problemas del peritaje. Por ello, aseguran, “con ese mismo interés se va a estudiar” la propuesta de los jueces decanos, que consideran “muy interesante para tratar en profundidad.”]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[El retiro de los abogados, ¿mutualistas o autónomos?]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Capa]]></dc:creator>
<description><![CDATA[A diferencia de otros profesionales, son varias las opciones que tienen los letrados para poder garantizar sus ingresos una vez se hayan jubilado.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Nov 2016 17:30:02 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Abogacía General Estado]]></category>
<category><![CDATA[Abogados]]></category>
<category><![CDATA[Bufetes abogados]]></category>
<category><![CDATA[Poder judicial]]></category>
<category><![CDATA[Gente]]></category>
<category><![CDATA[Derecho]]></category>
<category><![CDATA[Justicia]]></category>
<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El dicho popular que mantiene que en casa del herrero, cuchillo de palo, rige también en la abogacía, profesionales expertos en asesorar a sus clientes pero, quizá, más laxos en cuidar de sus propios intereses. Como reconoce el recientemente elegido presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, “los abogados tardan en jubilarse porque, frecuentemente, no han tenido la precaución de asegurar convenientemente su futuro”.
A diferencia de otros profesionales, son diversas las opciones que los abogados pueden escoger para, concluida su vida laboral, poder garantizar sus ingresos. En general, los profesionales que desarrollan su actividad de forma independiente se inscriben en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), pero en el caso de los abogados –y otras profesiones colegiadas– existe una alternativa que son las mutualidades: la Mutualidad de la Abogacía que es la de mayor volumen de negocio –maneja, según sus datos, 5.600 millones de euros de ahorros y unos activos con valor de mercado de 7.219 millones de euros– e implantación territorial, formada por más de 192.000 mutualistas, y Altermutua, que con 175 años de historia y operando desde 2009 en el conjunto del Estado, tiene una especial implantación en Cataluña, contando con 25.000 asegurados.
Las mutualidades son asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos miembros aportan una cuota periódica con la que se financian prestaciones, particularmente, sustituir las coberturas que ofrece la Seguridad Social a los autónomos, como son la jubilación o la incapacidad laboral transitoria.
Para los que se incorporan al ejercicio profesional de la abogacía, acogerse al RETA o a una mutualidad es una decisión trascendente que requiere, al menos, una valoración fundamentada, ya que las normas de la Seguridad Social establecen que quienes se incorporen al régimen de autónomos perderán su derecho a acogerse al sistema mutualista en un momento posterior. Una decisión sin vuelta atrás, aunque sí podrán suscribirse a las mutualidades como sistema complementario o de ahorro.
Siendo de esta importancia la cuestión, ¿cómo elegir que es lo más conveniente? Evidentemente no hay soluciones generales, máxime en tiempos de evolución y cambio como los presentes, pero una primera recomendación es, sin duda, comparar coberturas y prestaciones. Las entidades mutualistas ofrecen altos grados de solvencia y coberturas que no están incluidas en la Seguridad Social.
Así, la Mutualidad de la Abogacía permite compatibilizar la percepción de la pensión con el mantenimiento del ejercicio profesional: el Tribunal Supremo estableció que no se puede percibir pensión de jubilación en el RETA y mantenerse en el ejercicio profesional de la abogacía. Por su parte, Altermutua ofrece subsidiar en la incapacidad transitoria el cuidado de los hijos menores afectados por cáncer o enfermedad grave y otras prestaciones, inhabituales en sistemas alternativos, como la posibilidad de acceder a la “media baja” en procesos de convalecencia o rehabilitación, fórmula que se adapta a las específicas particularidades del ejercicio de la abogacía.
En todo caso, lo que sí es un elemento diferenciador del sistema mutualista es su nivel de solvencia en relación las exigencias del regulador, concretamente el 245% en el caso de Altermutua y el 269% en el de la Mutualidad. También en la rentabilidad están muy lejos de los índices que, actualmente, ofrecen la mayoría de los planes de previsión privados. Según la información aportada por el Ministerio de Economía y Competitividad, la rentabilidad media ponderada de los planes de pensiones del sistema individual en 2015 fue del 1,22%, mientras que en el caso de la Mutualidad de la Abogacía, en el mismo periodo la rentabilidad ofrecida fue del 5,20%.
Las mutualidades ofrecen la posibilidad, a los ya incorporados como autónomos al sistema de la Seguridad Social, de inscribirse en planes complementarios que mejoren sus prestaciones a la hora de su jubilación.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Los despachos, prudentes ante el ‘brexit’]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Capa]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Los resultados del referéndum han pillado desprevenidos a la mayoría de bufetes y firmas de abogados.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2016 13:20:11 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Brexit]]></category>
<category><![CDATA[Referéndum UE]]></category>
<category><![CDATA[Euroescepticismo]]></category>
<category><![CDATA[Referéndum]]></category>
<category><![CDATA[Elecciones europeas]]></category>
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<category><![CDATA[Ideologías]]></category>
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<category><![CDATA[Organizaciones internacionales]]></category>
<category><![CDATA[Europa]]></category>
<category><![CDATA[Política]]></category>
<category><![CDATA[Relaciones exteriores]]></category>
<category><![CDATA[Justicia]]></category>
<content:encoded><![CDATA[El 23 de junio, el fantasma del brexit –la salida de Reino Unido de la Unión Europea–, que venía recorriendo Europa inquietando a la economía global, se materializó en forma de referéndum y los británicos, contra pronóstico, decidieron tomar la puerta de salida, provocando una tormenta que hizo caer a la libra esterlina a su nivel de cambio más bajo desde 1985 y el desplome de los mercados bursátiles de todo el mundo (el Ibex 35 registró el 24 de junio la mayor caída de su historia, dejándose un 12,35%). Los despachos de abogados han desplegado, algunos anticipándose desde hace meses, estrategias de respuesta, tanto para su organización interna como para los servicios que les demandan sus clientes, y están articulando medidas para hacer que esta novedosa situación (es la primera vez que un miembro de la Unión Europea decide abandonar el club), no pase una gravosa factura a sus intereses y los de sus representados.
Aunque la preocupación en el sector legal es generalizada, se siente de forma más cercana en las firmas de dimensión global y en las que operan en España, pero tienen matriz británica.
El pasado 11 de julio, el despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, uno de los que encabezan el sector legal en España, facturando 265,7 millones de euros en 2015, convocó en su sede de Madrid una jornada informativa sobre el brexit. En el encuentro se constató que, si bien pertenecer a la Unión Europea es una situación jurídica perfectamente definida, lo que suceda al salir de ella genera incertidumbre. Andrew Ward, socio de Cuatrecasas en Madrid, señaló que “que no sabemos ni cuándo ni en qué dirección cambiarán las cosas”, lo que produce “una situación inédita y jurídicamente muy interesante”.
En el despacho dirigido por Rafael Fontana vienen trabajando desde meses antes del referéndum en un grupo de estudio, explica Andrew Ward, en el que participan socios de diferentes áreas, como la financiera o la fiscal, que mantiene un contacto constante con la oficina londinense del despacho.
Reconoce Ward que los efectos del referéndum británico ya empiezan a sentirse, a pesar de lo cercano de la decisión, y que han recibido un especial interés “o preocupación” desde corporaciones estadounidenses o de fondos no comunitarios, “que preguntan por las ventajas de Madrid como alternativa a Londres”. En todo caso, desde el punto de vista de las empresas españolas, dice el socio de Cuatrecasas, el sector más interesado es el financiero, “que puede correr un mayor riesgo por ser un mercado altamente regulado y en el que poder utilizar el pasaporte comunitario es trascendental”.
Otro de los aspectos en los que ya están actuando es “la revisión de los contratos y el replanteamiento de operaciones”, a petición de sus clientes, aunque de cualquier forma, “pasado el primer shock, es el momento de la prudencia”. Queda un prolongado proceso en el que habrá muchos altibajos, sin dejar de reconocer que “lo último que quiere un inversor es no saber dónde se estará en un plazo de 10 o 15 años”.
Otro despacho que lleva tiempo trabajando en el tema es el bufete, con sede principal en Londres, Hogan Lovells. El socio director de su oficina de Madrid, Lucas Osorio, reconoce una “vorágine de actividad en los bufetes, un aluvión de acciones e iniciativas que contrasta con la realidad de que aún no ha pasado nada”
La política de Hogan Lovells, especialistas en relaciones lobistas y Derecho público comunitario y británico, es “ser muy activos, pero no atosigar”, afirma Osorio, explicando que hace ya 18 meses se creó en el despacho un grupo de trabajo liderado desde Londres y con representación de las oficinas de Madrid, Bruselas, Fráncfort o París, “con el objetivo de interiorizar y curtirse en la situación”. Este trabajo previo, explica, les permitió ser los primeros en lanzar una comunicación a las pocas horas del referendo y en poder generar resúmenes informativos para sus clientes constantemente.
La recomendación de Osorio es “crear grupos de trabajo interno que aborden materias como contratos, fiscalidad o estrategia de negocio, hacer un seguimiento de los movimientos e incorporar a consejeros externos para poder radiografiar los escenarios cambiantes”. Advierte, eso sí, que los cambios que se produzcan no van a tener efectos individualizados y, por ello, será crucial “buscar aliados cercanos (patronales, instituciones, etc.) en el ámbito local y en el comunitario”. Además, añade, acercarse a los lobbys comunitarios es una actitud acertada.]]></content:encoded>
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</item>
<item>
<title><![CDATA[China, ruta prometedora para el sector legal]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2016/07/04/economia/1467625683_288005.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Capa]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Varias firmas españolas ya operan en el gigante asiático, a la espera de crear fuertes relaciones entre ambos países.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Mon, 4 Jul 2016 11:55:18 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Bufetes abogados]]></category>
<category><![CDATA[China]]></category>
<category><![CDATA[Asia oriental]]></category>
<category><![CDATA[Asia]]></category>
<category><![CDATA[Derecho]]></category>
<category><![CDATA[Empresas]]></category>
<category><![CDATA[Justicia]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Hay un proverbio chino que dice: “Quien trabaja solo irá más rápido, pero quien trabaja en equipo llegará más lejos”. Esta filosofía también impregna a un sector legal español en el que, cada vez más, el interés por China gana relevancia. Y viceversa.
Como a otras muchas realidades económicas y sociales, China es una recién llegada al mercado de los servicios jurídicos, cuyo nacimiento podríamos situar en 1979 con la implantación de las primeras medidas reformistas del Gobierno de Deng Xiaoping. Pero su progresión y desarrollo discurre en paralelo a la internacionalización de su economía. En el año 2001 se autorizó el establecimiento de bufetes extranjeros en China, aunque su capacidad de actuación ha estado restringida y sometida a grandes controles. Los avances en la liberalización económica de los últimos años han permitido, limitadamente, una actuación menos encorsetada a los despachos extranjeros en algunas zonas de regulación especiales, como la zona piloto de libre comercio de Shanghái.
Según datos ofrecidos por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en 1979 existían 212 abogados en el país asiático, que se han convertido en unos 230.000 letrados ejercientes en 2016. Con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2001, su sector legal creció en progresión geométrica y hoy, entre los primeros despachos del mundo en número de abogados se encuentran firmas como Dentons Dacheng –fruto de una fusión internacional realizada en 2015–, que opera en más de 50 países, incluido España, y que cuenta con cerca de 4.000 abogados.
En la actualidad hay un gran número de firmas españolas presentes en China, algunas con más de una década de experiencia, como Garrigues y Roca Junyent, instalados en 2005 primero en Shanghái, o Cortizo Abogados (2006) en Beijing. En octubre de 2013, el CGAE y el Instituto de Comercio Exterior (Icex) reunieron a 14 firmas españolas con 53 despachos de abogados chinos en Hong Kong y Shanghái, en un evento dedicado a explorar las posibilidades de colaboración en el ámbito de la práctica legal.
Josep Herrero, hoy a la cabeza del China Desk de Roca Junyent y primer abogado ibérico en establecerse en el país asiático en 2002, confirma que “el sector legal chino se ha desarrollado exageradamente en los últimos años, con crecimientos de dos dígitos y expansión internacional”, pero que mantiene una evolución estandarizada producto de que, a diferencia de otros sectores económicos, los socios mayoritariamente se han formado en el extranjero.
En cuanto a su expansión, explica Herrero, los grandes despachos chinos han mirado prioritariamente a EE UU, Reino Unido o Canadá, donde, mayoritariamente, se han formado sus responsables y donde “la asociación entre formación y potencialidad de negocio es una realidad, lo que hasta ahora no se ha explotado en España”.
El crecimiento acelerado del sector legal chino se traduce también, explica Herrero, en que sus despachos empiezan a ser muy activos en las alianzas o foros internacionales, como la Unión Internacional de Abogados (UIA), que entienden como “plataformas de proyección para futu_ras alianzas estratégicas o partenariados”.
A pesar de esta evolución, reconoce el responsable del China Desk de Roca Junyent que aún “no ha calado ninguna gran operación cross border para abordar de forma conjunta”. En todo caso, Herrero da por seguro que “está próximo el momento en que, desde despachos locales chinos, se busquen alianzas con despachos españoles para materializar operaciones”. Este cambio de tendencia se manifiesta en síntomas, afirma Herrero, como que “hace unos años éramos nosotros los que impulsábamos encuentros con bufetes chinos. Ahora son ellos los que vienen a vernos con regularidad”.
<ul class="en_contenido"><li>Diferencias</li></ul>
Cortizo Abogados fue pionero entre las pequeñas firmas legales en instalarse en China, hace ahora diez años. Su socio director, y también vicepresidente de cátedra china, Víctor Cortizo, descarta, por su parte, que exista un interés especial del sector legal chino en instalarse directamente en España porque “no les hace falta”, ya que pueden gestionar sus intereses “con otras fórmulas de asociación”.
Una característica particular de la relación legal hispano-china, según Cortizo, es que “el despacho chino hace un seguimiento muy meticuloso de lo que hace el despacho español”, hasta el punto de que la relación del español con el cliente “no suele materializarse hasta la última instancia o en fases muy avanzadas de la negociación”.
En cuanto a las áreas de negocio legal más requeridas, Víctor Cortizo destaca la del asesoramiento general sobre inversiones, lo que define como “participación local en procesos de due diligence” y las relacionadas con el real state o inversión inmobiliaria.
También sitúa como uno de los grandes espacios de crecimiento del negocio jurídico entre España y China la “representación de intereses” de compañías interesadas en licencias o adquisición de derechos en España. Las empresas chinas no están interesadas tanto en comprar o invertir directamente, como en obtener licencias o aplicaciones para el desarrollo del negocio en China, comenta Víctor Cortizo, “y en esa negociación es donde los abogados españoles tenemos un atractivo campo de oferta de servicios”.
Entre las dificultades, destaca que “en España no se valora y no se paga el trabajo y el know how del abogado que conoce la mecánica de la negociación con el inversor chino, lo que hace que fracasen muchas inversiones, al no asumir, por la parte española, el coste de un asesoramiento legal especializado en estos procesos”.
Una dirección diferente a la mera asociación o partenariado es la que tomaron en junio de 2014 Adarve Abogados y Yingke Law Firm, sellando un acuerdo de exclusividad por el cual el despacho español pasó a denominarse Yingke Adarve Law Firm para todas las operaciones relacionadas con la alianza. El socio director de Adarve Abogados (bufete especializado en derecho de los negocios e internacionalización), Juan José García, se muestra totalmente satisfecho de su asociación con el bufete chino, el segundo por número de abogados en el país asiático
<ul class="en_contenido"><li>Tácticas</li></ul>
“La diferencia de tamaño no ha sido un problema. Al contrario, es lo que fortalece nuestra alianza”, asegura Juan José García, ya que Yinke sigue, dice, el ya clásico aforismo “piensa en global, actúa en local”. Gracias a este acuerdo, Yingke Adarve Law Firm, por ejemplo, asesoró a la delegación de más de 300 empresas chinas que acudieron a la Feria Internacional de Ingredientes Farmacéuticos CPhI Worldwide, la más importante del sector en el mundo, que se celebró en Madrid en 2015. Destaca este abogado que, “una vez alcanzado el acuerdo con un despacho chino, se establecen con vínculos de total confianza. Los chinos son un socio muy leal”, lo que favorece la generación de espacios comunes de negocio y multiplica las sinergias.
Tampoco cree Juan José García que exista un especial interés del sector legal chino en establecerse en España mediante compra o participación de cuota de bufetes españoles, ya que “el mercado legal español, como el resto de nuestros sectores económicos, no deja de ser pequeño para las inversiones chinas”.
El socio director de Adarve Abogados considera que, “aunque están creciendo las inversiones, todavía están lejos de las que se realizan en otros países como Alemania, Francia o Italia”. Según datos del informe Inversión china en Europa 2015-2016, elaborado por el Esade China Europe Club, la inversión del país asiático en España fue de 610,3 millones de euros en 2014 y de un total de 1.670 millones de euros desde que existen registros (1993). Al contrario, la inversión española en China fue de 1.258 millones solo en el periodo 2010-2014, según refleja el mismo informe.
<ul class="en_contenido"><li>Cómo triunfar</li></ul>
Para Juan José García la clave de que un pequeño despacho español se convierta en la marca de uno de los más grandes despachos del mundo está en haber sabido “tocar piel”, lo que define como “establecer un espacio confortable para la colaboración y asumir valores comunes, como el deseo de evolucionar y dejar fluir los proyectos”. Esta sintonía ha permitido a Adarve Abogados formar parte del comité internacional de la firma.
Para el futuro inmediato, García cree que la consultoría estratégica tendrá “un papel relevante en el desarrollo del sector legal entre España y China”, dado que es muy demandado. En donde queda mucho por hacer, confiesa el letrado, es en la interiorización del derecho preventivo, extraño a la cultura jurídica china. Esto produce, en su opinión, situaciones inhabituales y problemáticas en la práctica jurídica, como “solicitar asesoramiento para una venta y después pedir que lleves un pleito contra el comprador, sin haber requerido tus servicios para la gestión o revisión del contrato”.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Los notarios buscan romper con una imagen antigua]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Pablo Sempere de la Plata]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El proyecto ‘Notario por un día’, lanzado por el Consejo General del Notariado, pone en contacto a profesionales y estudiantes.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2016 13:21:35 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Notarios]]></category>
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<category><![CDATA[Derecho privado]]></category>
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<category><![CDATA[Derecho]]></category>
<category><![CDATA[Empresas]]></category>
<category><![CDATA[Justicia]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Hay varias profesiones condenadas a arrastrar estereotipos y prejuicios muy complicados de borrar. Estos no siempre causan una mala imagen de una labor concreta, pero a veces sí que acarrean un desconocimiento que, de forma indirecta, no termina de venir bien a un colectivo de profesionales.
Una de estas labores es la notaría, a la que muchas veces se asocia con un despacho oscuro lleno de papeles y un señor serio vestido de negro. “Quizá sea porque no hemos sabido transmitir bien nuestra verdadera imagen, la de funcionarios públicos que se encargan de que los documentos sean válidos y todo el mundo tenga que respetarlos”, explica el presidente del <a href="http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/inicio" target="_blank">Consejo General del Notariado</a>, José Manuel García. Por esa razón, y con el objetivo de abrirse a la sociedad para aportar conocimiento, “y que también esta nos lo dé a nosotros”, recalca García, el Consejo ha puesto en marcha el proyecto Notario por un día, un plan para acercar la profesión del notario al sector de la sociedad que quizá más desconocimiento tenga de esta labor: los jóvenes. “Una de las partes que más nos interesa es que nos conozcan, para quitar todos los prejuicios que pesan sobre nosotros y también para despertar la vocación hacia el notariado en los jóvenes”, indica el presidente.
De esta forma, y aunque el proyecto está en fase piloto, desde el Consejo General del Notariado persiguen que al menos un estudiante de primero o segundo de bachillerato de cada comunidad autónoma viva la experiencia de acompañar a uno de estos profesionales durante una jornada.
En Madrid, la encargada de abanderar este proyecto fue la notaria Lucía Serrano, quien acogió en sus oficinas de la calle Zurbarán a Ruth Sacristán, estudiante de 17 años de segundo de bachillerato en el colegio concertado La Inmaculada Marillac. Y las sospechas se confirmaron, hay una gran cantidad de labores y puntos que se desconocen de la profesión del notariado. “Yo, por ejemplo, sabía que los notarios son funcionarios públicos, pero desconocía que tenían que superar una oposición”, relata Sacristán. Este es uno de los asuntos que trataron las, por un día, pupila y maestra. “Como hay libre elección de notario y cada particular puede dirigirse al profesional que quiera, parece que no somos funcionarios públicos. Y no solo lo somos, sino que nuestras tareas están totalmente reguladas, desde cómo trabajamos hasta la forma en la que tenemos que conservar y guardar los documentos”, señala Serrano.
Precisamente este último fue uno de los puntos que más curiosidad despertó en la estudiante. “Me ha sorprendido que los documentos tengan que quedar archivados en los tomos y guardados durante 25 años antes de tener que ser enviados al archivo”, apunta Sacristán. Son detalles, añade Serrano, que poca gente conoce, no solo los más jóvenes. “Los documentos no son propiedad del notario, por lo que, aunque estén bajo su custodia, tiene que dárselos a otro profesional si, por ejemplo, decide jubilarse y dejar de ejercer”. Por eso, compartiendo una mañana con varios estudiantes, también se consigue que estos luego cuenten estos datos curiosos a sus familias, vecinos y amigos. “Es una forma de crear redes y hacer llegar la profesión a mucha más gente”, prosigue José Manuel García.
Pero el proyecto no se queda solo en eso. Desde el Consejo General del Notariado inciden en que esto no es una simple clase teórica que un profesional le da a un estudiante acerca de su trabajo. También hay una parte práctica, en la que los alumnos acompañan al notario durante todas las labores que llevan a cabo. “Y es aquí donde realmente se ve nuestra función. Porque los estudiantes nos ven en nuestro hábitat y se dan cuenta de que la notaría es un espacio que está vivo, en constante movimiento” explica Serrano.
Así, durante el rato que Sacristán y Serrano estuvieron juntas en el despacho pasaron por allí una pareja que quería firmar una separación de bienes antes de casarse, un padre que necesitaba testimoniar el título de la carrera de medicina que había terminado su hijo y un hombre que quería formalizar su testamento. “Es el día a día del notario, firmar copias de documentos, resolver consultas, autorizar escrituras...”, recalca Serrano, quien ve en este proyecto una iniciativa muy bonita y necesaria para cambiar la percepción que se tiene de su profesión.
Hasta la fecha, la experiencia del proyecto es muy positiva, “todos los estudiantes que han participado nos han comentado que antes de entrar en las respectivas oficinas pensaban que el notario era un señor que se dedicaba a firmar documentos, y han descubierto que realmente hacemos mucho más”, alega García. Y de estos estudiantes, al menos una, Ruth Sacristán, ha sentido curiosidad por este trabajo. “Yo siempre he querido estudiar Derecho, y vine aquí casi sin saber en qué consistía la notaría. Ahora, al menos, ya me planteo orientar hacia ella mis estudios”.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Perú, el alumno aplicado que aspira a ser socio de la OCDE]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2016/10/31/economia/1477911806_671028.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Otiniano Pulido]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Kuczynski se ha propuesto que el país sea miembro pleno del organismo en cinco años. Desbloquear obras por 16,5 millones de euros es otro de los principales desafíos del nuevo Gobierno.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2016 12:43:50 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Pedro Pablo Kuczynski]]></category>
<category><![CDATA[Técnicas Reunidas]]></category>
<category><![CDATA[FCC]]></category>
<category><![CDATA[Enagás]]></category>
<category><![CDATA[BBVA]]></category>
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<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
<category><![CDATA[OCDE]]></category>
<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
<content:encoded><![CDATA[En su primer discurso como presidente, el 28 de julio pasado, Pedro Pablo Kuczynski se propuso como meta que Perú sea miembro pleno de la OCDE cuando acabe su mandato, en 2021. La entrada en el club de los países ricos, del que en la región solo forman parte México y Chile, sería el marco perfecto para las celebraciones del bicentenario de la independencia.
Al constituir un sello de buenas prácticas en las políticas públicas, la admisión a este organismo ayudaría al país a captar inversión extranjera y cooperación internacional. Elevaría la reputación de un alumno que, después de <a title="Chile, el reto de modernizarse con vientos en contra" href="http://cincodias.com/cincodias/2016/10/31/economia/1477911523_770668.html" target="_blank">Chile</a>, ha sido el más aplicado a la hora de hacer los deberes impuestos por el Consenso de Washington: control de la inflación, liberalización del comercio exterior, privatización de empresas… un ideario del que ni siquiera Ollanta Humala, en su momento el líder de izquierda más radical, se apartó.
Ahora con PPK en el Palacio de Pizarro pocos cambios cabe esperar en esta línea. El presidente ha sido asesor de fondos de inversión y director de varias corporaciones, incluyendo Credit Suisse y First Bank Boston en Nueva York, donde ha vivido varios años.
De carácter pragmático, ha formado un gabinete de tecnócratas (Alfredo Thorne, el ministro de Economía, ha sido jefe de análisis para América Latina de JP Morgan Chase) y el destino de su primer viaje oficial no ha sido EE UU ni Reino Unido, sino <a title="PPK llegó a China en su primera visita de Estado" href="http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/199672-ppk-llego-a-china-en-su-primera-visita-de-estado/" target="_blank">China</a>, principal mercado de las exportaciones peruanas, con el 23% del total.
Además, se ha fijado metas muy concretas, como la regularización de al menos el 60% de los empleos en negro y, por supuesto, el ingreso en la OCDE.
<ul class="en_contenido"><li>Barreras de entrada</li></ul>
¿Cuán lejos (o cerca) está Perú de incorporarse a este exclusivo foro? La misma OCDE ha realizado un diagnóstico de las barreras que impiden el avance del país hacia un desarrollo sostenible e inclusivo y ha propuesto un programa de actividades que los peruanos deben cumplir para conseguir el derecho de admisión.
En el <a title="Estudio multidimensional del Perú Volumen 1. Evaluación inicial" href="http://www.oecd.org/dev/MDCR%20PERU%20Principales%20mensages_FINAL.pdf" target="_blank">estudio</a>, publicado el año pasado, se identifican como principales obstáculos la baja calidad de la educación, el alto coste del despido, que inhibe la contratación formal; la escasa diversificación de la economía, la falta de buenas conexiones de transporte y las deficiencias de un sistema fiscal cuyos impuestos no aumentan en función de la renta de los contribuyentes sino que grava por igual a pobres y ricos.
Estos problemas conviven con otros tres de carácter transversal: la economía sumergida, la desigualdad social y la baja productividad. La OCDE sostiene que, si bien en los últimos 15 años, la estabilidad macroeconómica y los altos precios de las materias primas han permitido que el PIB crezca a una tasa media anual del 5,3% –la segunda más alta de la región y muy por encima de la media latinoamericana (3,1%)– y que la tasa de pobreza se reduzca del 59% al 23%, enfrentar estos desafíos es clave para evitar la trampa del ingreso medio.
Este fenómeno se produce cuando un país ya no puede seguir dependiendo de sus motores de crecimiento habituales (en este caso, los altos precios del cobre, oro y petróleo) para progresar. Según los estándares del <a title="Datos del Banco Mundial: Perú" href="http://datos.bancomundial.org/pais/peru?view=chart" target="_blank">Banco Mundial</a>, Perú alcanzó la condición de país de ingreso medio-alto en 2008 y actualmente tiene una renta per cápita de 5.694 euros anuales o 475 mensuales. Si se queda estancado en este nivel y no pasa al siguiente, habrá caído en la trampa del ingreso medio.
Para evitarlo, la OCDE recomienda la aplicación de reformas que promuevan la productividad y la diversificación de las exportaciones.
<ul class="en_contenido"><li>Reforzar sectores</li></ul>
“La minería, agricultura y pesca representan el 20% del PIB, lo cual lo hace vulnerable a factores externos tales como la caída de los precios internacionales o factores climáticos”, dice Ignacio de la Vega, gerente general de la oficina de representación de Banco Sabadell en Lima.
El experto sostiene que el fortalecimiento de los sectores no primarios, aquellos que transforman las materias primas en bienes manufacturados, pasa por el cierre del déficit de infraestructura, que impide un desarrollo territorial homogéneo. Debido a la falta de buenas carreteras, en los Andes, por ejemplo, no florece ninguna industria importante salvo la minería.
De la Vega sostiene que el cierre de esta brecha, estimada en más de 78.000 millones de euros, ofrece muchas oportunidades para constructoras españolas y empresas auxiliares, sobre todo en proyectos de energía, carreteras, puertos, servicios públicos (agua, luz, hospitales y escuelas), vivienda para la nueva clase media y hoteles para el creciente flujo de turistas.
Precisamente, entre las medidas que el Gobierno espera implementar figura el desbloqueo de una cartera de proyectos de 16,5 millones de euros en los próximos dos años. Se trata de obras que ya han sido adjudicadas, pero que por trabas burocráticas no se han puesto en marcha.
Entre las cinco más grandes figuran tres en las que participan empresas españolas: la línea 2 del metro de Lima, encargada a un consorcio liderado por ACS y FCC; el Gasoducto Sur Peruano, en el que interviene Enagás; y la modernización de la refinería de Talara, que opera Repsol y rediseñará Técnicas Reunidas. Los tres proyectos se entregaron en 2014.
<ul class="en_contenido"><li>Proyectos a relanzar</li></ul>
Estas obras, junto con la transmisión eléctrica Mantaro-Marcona y la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cuzco, supondrán una inversión de 2.285 millones de euros en 2016 y de 4.109 en 2017, y contribuirán a que el PIB se expanda un 3,6% y un 4,2%, respectivamente, según BBVA Research.
“Es cierto que vamos rezagados en infraestructuras, pero las mejoras ya se han iniciado y dentro de cinco o seis años se empezarán a sentir los resultados”, afirma Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Lima.
¿Es factible conseguir el ingreso en la OCDE en cinco años? A México, socio desde 1994, le llevó cuatro, y a Chile, admitido en 2010, tres. “Sí puede lograrse con un trabajo coordinado y multisectorial en el ámbito público, y con la estrecha colaboración de instituciones, gremios y empresas. Cinco años es un buen periodo para cumplir el programa propuesto por la OCDE”, estima Paulo Pantigoso, socio director general de EY en Lima.
Por lo pronto, el Congreso, controlado por el fujimorismo, ha concedido las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno para impulsar sus reformas. La pelota, como dicen los peruanos, está ahora en la cancha del Ejecutivo.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[América Latina en el horizonte]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2016/10/31/economia/1477913298_393647.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel García Vega]]></dc:creator>
<description><![CDATA[España es, en la práctica, el segundo país extranjero en la región gracias a proyectos a largo plazo]]></description>
<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2016 12:33:50 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[AFI]]></category>
<category><![CDATA[EOI]]></category>
<category><![CDATA[Instituto de Empresa]]></category>
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<category><![CDATA[América]]></category>
<category><![CDATA[Empresas]]></category>
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<category><![CDATA[Economía]]></category>
<content:encoded><![CDATA[En la década de los noventa del siglo pasado, España tuvo que cruzar un océano de agua y tiempo para encontrarse. Años de dictadura y una Transición deshilvanada dejaron en la economía española una atmósfera sin oxígeno. Sin embargo las empresas abrieron las ventanas y vieron en América Latina una misma cultura y una historia, con fogonazos de luces y oscuridad, compartida. Pero, sobre todo, vieron un destino a largo plazo. Poco importó que apenas tuvieran experiencia en manejar grandes flujos de dinero en el exterior. Santander, BBVA, Telefónica, NH, ACS, Red Eléctrica… Todos los colosos nacionales supieron que si cruzaban esa distancia era para estar y no solo para ser. Y, desde luego, en estos años ha habido aciertos, errores y, también, lecciones aprendidas. “Con la crisis, las empresas españolas han ido a Latinoamérica con más humildad”, reflexiona el consultor Santiago Foncillas.
Ese compromiso de años supone estar allí cuando del cielo cae café o llueven clavos. La inversión española directa en la región llegó a sumar 19.986 millones de euros en 2014. Un año más tarde cayó a 8.994 millones. El 45% menos. Pese a las dificultades que atraviesa, sobre todo debido al descenso del precio de las materias primas, España es el tercer inversor (11,8% de los fondos) en América Latina. Por detrás de Estados Unidos (25,9%) y Países Bajos (15,9%). Pero la presencia de empresas neerlandesas es un trampantojo contable. “Muchas compañías transnacionales establecen divisiones en ese país aprovechando sus ventajas fiscales, para luego invertir en terceros territorios”, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Una estrategia dirigida a eludir el pago del impuesto de sociedades. Sin este ardid, España sería el segundo inversor. Pese a competir en desigualdad, el país ha señalado los destinos favoritos para su dinero: Brasil, México, Argentina y Chile. “Si los tomamos en conjunto” –puntualiza Juan Manuel Ruiz, economista jefe de BBVA Research para América del Sur– “suponen más del 82% de las inversiones españolas acumuladas en América Latina y el 22% de todos los fondos de nuestro país en el exterior”.
<ul class="en_contenido"><li>Alta Rentabilidad</li></ul>
El viaje ha sido de miles de kilómetros pero ha merecido la pena. Entre 2008 y 2013, la rentabilidad de las inversiones en Latinoamérica –sostiene CaixaBank Research– duplicó las efectuadas en la eurozona y cuadriplicó las dirigidas a Estados Unidos. Es verdad que los tiempos de ahora no son los de antes. La riqueza de la región –estima la Cepal– se contraerá un 0,6% a final de año y la entrada de fondos extranjeros podría caer el 8%. Da igual. Aunque América Latina haya dejado de ser ese brillante milagro que fue una vez, la desaceleración se detiene. El PIB debería alcanzar el 1,8% en 2017 y poner rumbo hacia un 3%, que es el potencial que le imaginan varias casas de análisis.
Unas matemáticas que narran que América Latina es una región de regiones con una cartografía económica propia. “Hasta 2012, el principal receptor de inversión española era Brasil. Sin embargo, a partir de 2013, España destina mayores flujos a México, y Brasil queda relegado el año pasado a una posición muy reducida”, observa Nereida González, experta de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Brasil vive una recesión cebada por la corrupción y el desplome del valor de las materias primas. Pero a veces hay esperanzas. “La crisis es profunda y parece que la riqueza del país puede caer más de un 3% en 2016. Con una inflación prevista del 7,5%, el PIB nominal podría crecer por encima del 4%, lo que sumado a la apreciación del real frente al euro, quizá termine generando, sorprendentemente, un buen año para el inversor español”, analiza Félix López, profesor en la EOI. Es cierto que compañías como Telefónica han invertido mucho y que “el retorno de los activos resulta bastante incierto”, comenta Diego Jiménez-Albarracín, responsable de renta variable del Centro de Inversiones de Deutsche Bank. “Sin embargo no esperamos una huida de las inversiones que estén bien hechas y con cabeza. Brasil será el gigante que prometía”.
<ul class="en_contenido"><li>Cada uno, un mundo</li></ul>
Una evidencia de que la región es un universo propio y cada tierra, un mundo. Gas Natural planea invertir 1.100 millones de dólares (990 millones de euros) en Chile a través de su filial Metrogas; Iberdrola y Gamesa participan en la construcción de varios parques eólicos en México; el grupo Antolín inauguró en marzo pasado su octava planta en el mismo país y Acciona construye la segunda fase del metro de Quito (Ecuador). Es el dedo en la llaga que hace siglos necesitó Santo Tomás. Con sus certezas y vacilaciones. “Las empresas españolas continuarán invirtiendo en la región, aunque de forma más limitada y selectiva”, confirma Alejandro González de Aguilar, socio de Financial Advisory de Deloitte.
Porque la economía también tiene sus creencias. Chile, por ejemplo, cree en el empeño de lo público como motor de la prosperidad. “La presidenta Michelle Bachelet ha anunciado un plan de carreteras de 1.143 millones de dólares (1.020 millones de euros) y su Comité de Inversiones Extranjeras dio el plácet a 49 proyectos de inversiones foráneas”, recuerda Thierry Planet, director del Área Internacional de March J LT. Esta política le permitió ser el tercer destino de la inversión extranjera directa en Latinoamérica. De hecho 20.457 millones de dólares (17.800 millones) entraron en Chile durante 2015. Y más de 3.100 millones (2.770 millones) procedían de España. En este país de cartografía encajonada, Acciona construye la mayor planta fotovoltaica de Latinoamérica (El Romero). Y con una tensión distinta, Red Eléctrica de España (REE) traza una línea de transmisión de electricidad de 600 kilómetros, 500 kilovatios y 780 millones de dólares (700 millones de euros).
<ul class="en_contenido"><li>La promesa de paz</li></ul>
Y en una época en la que resulta difícil extraer poemas de los periódicos, a veces los seres humanos ofrecen lo mejor de sí mismos. Tras cincuenta años de violencia, la lucha por la paz en Colombia es una buena noticia, que se refleja en la economía. El año pasado España invirtió 1.283 millones de dólares (1.146 millones de euros), la cifra más alta desde 2007. De ahí que mire a Colombia con la esperanza de los días venideros. Así lo ha entendido NH, que compró el 87% de Hoteles Royal. Aunque hasta allí también han llegado grandes despachos de abogados (Uría Menéndez, Ontier, Garrigues). Porque la alegría se expande como el sol en una mañana de estío.
El Instituto de Empresa (IE) ha preguntado a las compañías españolas presentes en la región cómo ven su futuro. Y la imagen es de esperanza. Un 77% prevé aumentar sus inversiones. Aunque, de fondo, se imponga la prudencia. “Es un tiempo” –precisa Juan Carlos Martínez Lázaro, autor del informe– “de mantener los números y ver cómo evolucionan”. O de todo lo contrario. Mirenchu Villa, actual directora general adjunta del Área Aseguradora de Mutua, materializó la estrategia de internacionalización de la compañía negociando el año pasado la compra del 40% de la chilena BCI Seguros (la mayor firma de seguros No Vida del país). Era su primera operación internacional y era, también, una respuesta al objetivo de “continuar la diversificación geográfica y por productos de la empresa”, describe.
Sin duda contemplamos el alba de una mañana nueva, que da réplica a una primera marea de inversiones a comienzos de siglo dominada por los bancos (BBVA, Santander), las materias primas (Repsol) y las grandes infraestructuras de transporte (ACS, OHL). Unos años de deberes hechos y de cuentas pendientes. “Lo más preocupante de Latinoamérica es que no aprovechó los 15 años de vacas gordas para invertir en educación e infraestructuras”, critica Mario Weitz, consultor del Banco Mundial y profesor de Esic. Pero la región son muchas regiones y, por ejemplo, la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú) ha sido un refugio en tiempos de escasez. En el país andino, Telefónica invirtió en los últimos años 8.500 millones de dólares (7.600 millones) y prevé desembolsar 2.000 millones más entre 2015 y 2017. Y México se refleja en la misma luz. “Puede crecer a tasas de entre el 2,5% y un 3,5% en los próximos ejercicios, a pesar de la bajada del precio del petróleo”, aventura Daniel Lederman, economista principal y jefe adjunto para América Latina y El Caribe del Banco Mundial. Ese espacio de resistencia llevó a la inversión española a desembolsar durante el ejercicio pasado 2.804 millones de dólares (2.500 millones de euros).
La región pesa en la balanza económica sus fortalezas y sus debilidades y busca sus abrigos. “Los sectores clásicos (banca, seguros, telecomunicaciones) seguirán aportando flujos de inversión, se mantiene la apuesta manufacturera y el ámbito primario coge fuerza”, resume Xavier Mendoza, profesor de Esade. En Perú, por ejemplo, conservas El Cidacos ya es una marca muy conocida en esas alturas andinas y Repsol ha invertido unos 200 millones de euros en la modernización de la refinería La Pampilla. Ya están aquí los vientos de cambio. “Los factores tradicionales de inestabilidad en la región (derivados de la falta de institucionalidad política y económica) son recuerdos del pasado. Y las empresas españolas saben que al invertir en las mayores economías de América Latina están diversificando su riesgo”, señala Jaime Trujillo, socio principal de la oficina de Colombia del bufete Baker & McKenzie.
<ul class="en_contenido"><li>Mayor inestabilidad</li></ul>
Desde luego el sustantivo “inestabilidad” remite a Cuba, Venezuela y Argentina. En este último país, Repsol sufrió la expropiación de YPF. El nuevo Gobierno pidió disculpas a la petrolera y dejó en la historia una certeza: “Las empresas españolas tuvieron una relación complicada con el kirchnerismo”, recuerda Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. “Pero esto ha cambiado. El país atraerá capitales y negocios. Las infraestructuras se abrirán y las firmas de nuestro país tomarán posiciones”.
Y más al norte, otro tipo de apertura ha llegado a una isla que hace años quiso construir un paraíso. “En Cuba, España debe liderar no solo las inversiones y la presencia sino, también, recuperar las relaciones y fuertes vínculos que se han tenido históricamente con el país”, escribe Ramón Casilda, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). ¿Y qué hacer con Venezuela? Las cifras, entre oficiales y oficiosas, bailan como coristas de cabaret. La Cepal apunta que en los tres primeros meses de 2015 el país recibió 1.383 millones de dólares (1.236 millones de euros). Un 153% más comparado con el mismo periodo de 2014. La certeza de que América Latina es un prisma de 21 caras que algunas veces la luz hace refulgir como supernovas y otras devora al igual que agujeros negros.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Entrar en Colombia por la puerta grande]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Teresa Ruiz-Tapiador]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El país andino ofrece un crecimiento estable y varios sectores en expansión]]></description>
<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2016 12:13:55 +0200]]></pubDate>
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<content:encoded><![CDATA[Su estratégica situación, entre el Cono Sur y Centroamérica, con salida tanto al Atlántico como al Pacífico, y el crecimiento sostenido de su economía, hacen de Colombia la puerta de entrada idónea para el inversor español en Latinoamérica. Elogiado como país emergente, se le ha calificado de “locomotora del continente” y no son pocos los sectores donde las compañías españolas pueden tener un prometedor futuro.
De hecho, la inversión extranjera directa (IED) en Colombia superó en los seis primeros meses de este año “los 7.500 millones de euros, lo que supone un 16% más que en el mismo periodo del año anterior”, según datos del banco central del país. Además, durante el segundo trimestre, España se colocó como el segundo mayor inversor allí. Porque “en estos momentos, es un país comprometido en favor de quienes quieren desarrollar negocios y hacer inversiones en su territorio”, relata el informe España-Colombia, una alianza en expansión elaborado por la consultora Kreab. Además, “lleva más de una década creciendo por encima del 4% anual”, añade.
“Nuestro país es un destino de inversión recomendado también por organismos multilaterales y calificadoras de riesgo de todo el mundo”, confirma María Claudia Lacouture, presidenta de ProColombia, agencia encargada de promover las exportaciones en el país.
<ul class="en_contenido"><li>Unas 400 empresas</li></ul>
Cerca de 400 empresas españolas tienen operaciones en Colombia, donde “los sectores relacionados con el outsourcing concentran el 30% de la inversión. Le siguen los servicios financieros, con el 15%; software y servicios tecnológicos, con cerca del 14%; telecomunicaciones, 12%; e infraestructuras turísticas y metalmecánica, según informes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, confirma Lacouture.
Para la presidenta de ProColombia, “el fortalecimiento de la empresa local, la solidez de sus instituciones y el capital humano han sido determinantes para que Colombia se encamine por la senda del desarrollo”. Y sentencia: “Es un hecho: inversión atrae inversión”. No hay que olvidar que, en los últimos tiempos, el Ejecutivo colombiano ha eliminado muchas de las barreras administrativas para facilitar la entrada de capital exterior. “Además, el Gobierno impulsa un paquete de incentivos por sectores: por ejemplo, un proyecto de hotel que consiga ejecutarse, al menos, en un 61% antes de diciembre de 2017, estará exento del impuesto de la renta durante 30 años”, añade.
<ul class="en_contenido"><li>Oportunidades</li></ul>
Colombia cuenta con 10 ciudades con más de 500.000 habitantes y se espera que en 2020, “haya oportunidades de desarrollo y un mercado diverso y con capacidad adquisitiva en casi todo el país”, según apunta la directora de ProColombia.
Para Fernando Niño, director sénior de la consultora FTI Consulting en Colombia, “la reforma tributaria en trámite busca disminuir las cargas impositivas para seguir impulsando la inversión exterior”. Jurídicamente, “el país se suma cada vez más a tratados internacionales que le otorgan atractivo”, añade.
Actualmente Telefónica, BBVA, Mapfre, Banco Santander y Gas Natural Fenosa son las principales compañías españolas operando en el país y, a pesar de las diferencias de la empresa presidida por Salvador Gabarró con el Gobierno (que amenaza con expropiar su filial Electricaribe), “la percepción de las empresas españolas que quieran invertir no cambiará”, opina Niño. NH Hotel Group, por ejemplo, adquirió el año pasado la cadena colombiana Royal, entrando así en el país con una quincena de establecimientos.
Ante el rechazo de la ciudadanía al Acuerdo de paz del Ejecutivo de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, todos se hacen la misma pregunta: ¿cómo afectará esto al inversor extranjero? “La negociación continúa y todas las partes apuntan a una salida negociada del conflicto, por lo que no debería tener ningún efecto directo sobre la inversión extranjera”, responde el director de FTI. A lo que José Piñeiro, su homólogo en España añade: “La actividad empresarial siempre ha convivido con situaciones difíciles y el actual, no es un escenario nuevo, sino alentador por las oportunidades que puede traer”.
<ul class="en_contenido"><li>Infraestructuras con acento español</li></ul>
Las necesidades de desarrollo en materia de infraestructuras en Colombia abren un abanico de oportunidades para un sector en el que España es experto. Las grandes constructoras ponen el acento español, con proyectos tan importantes como la construcción de numerosos tramos de autopistas llevada a cabo por OHL, Iridium, Dragados y Sacyr (que levanta también el puente de Pumarejo, el mayor del país, obra que se adjudicó por 225 millones de euros). Estos proyectos se enmarcan en el programa Vías 4G (cuarta generación de concesiones viales) con más de 8.000 kilómetros por construir y modernizar.
“Ferrovial, a través de un consorcio liderado por su filial Cintra Infraestructuras, se ha adjudicado el diseño, construcción y mantenimiento en concesión de 152 kilómetros de la autopista Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó”, cuentan desde FTI Consulting España.
Además, Acciona lleva a cabo la construcción de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Los Angelinos, en Bucaramanga, y Duro Felguera se encarga de la ampliación de la terminal de hidrocarburos de Coveñas, la más importante del país.
El rechazo de la ciudadanía al acuerdo de paz con las FARC no debería afectar a la inversión extranjera]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[¿Dónde hay ya más empleo que antes de la crisis?]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Raquel Pascual Cortés]]></dc:creator>
<description><![CDATA[El sector servicios, los profesionales y trabajadores cualificados y los mayores de 34 años tienen ya más empleo que en 2007. Pero hasta 2021 no volverá a haber 20 millones de ocupados.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2017 15:09:32 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Josep Oliver]]></category>
<category><![CDATA[Raúl Grijalba]]></category>
<category><![CDATA[ManpowerGroup]]></category>
<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
<category><![CDATA[Empleo]]></category>
<category><![CDATA[Empresas]]></category>
<category><![CDATA[Economía]]></category>
<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Entre finales de 2007 y 2013 se llegaron a destruir en España 3,8 millones de empleos. A mediados de 2014 empezó la recuperación del mercado laboral y desde entonces hasta el último trimestre de 2016 --que son los últimos datos disponibles-- la economía española ha recuperado 1,5 millones de los puestos de trabajo destruidos.
En concreto, esta última crisis española se llevó por delante el 18,4% del total del empleo y, aún queda por recuperar un 8,8% de los más de 20 millones de ocupados que tenía España a finales de 2007, según precisa el indicador laboral ManpowerGroup presentado hoy y que elabora el economista experto en mercado laboral, Josep Oliver.
Pero ¿Cuánto se tardarán en recuperar estos puestos de trabajo para volver al nivel de ocupación de antes de la crisis? Según las estimaciones de Oliver, a diferencia de la crisis de los años 70 en la que se destruyó el 14% del empleo y se tardó en recuperarse casi 18 años, ahora "la recuperación será más intensa y más rápida, ya que en 2021 o 2022 se habrán vuelto a superar los 20 millones de ocupados". Con ello, habrán pasado entre 14 o 15 años desde el inicio de la crisis y su recuperación total. Si bien esto exigiría crecimientos anuales del empleo del entorno del 2%.
Sin embargo, ya hay varios sectores y colectivos de trabajadores que ya han recuperado el nivel de empleo que tenían antes del inicio de la crisis, a finales de 2007. Es el caso de los profesionales y trabajadores cualificados, donde ahora hay ya un 1,8% más de ocupados que hace nueve años. 
Asimismo, a finales de 2016 había también un 11% más de trabajadores mayores de 34 años, mientras que seguía habiendo un 43% menos de ocupados con edades entre los 16 y los 34 años. Y el colectivo menos afectado por la crisis, el de los trabajadores con mayor nivel educativo, está ahora muy por encima de lo niveles de finales de 2007: hay casi un 14% más de ocupados. 
Pero el grupo más significativo, por ser el que más está tirando del empleo en la recuperación que se inició en 2014, es el sector servicios. Así, este sector terciario, en 2016 ya recuperó los niveles de ocupación previos a la crisis e incluso en el tercer trimestre ya tenía un 2,4% de ocupados más.
En particular, dentro del sector servicios ha sido especialmente bueno el comportamiento de los servicios privados, mejor que los públicos y colectivos (donde entra la administración pública y la sanidad y educación pública y privada). De hecho, de los 1,5 millones de empleos recuperados, la hostelería ha aportado 432.000 puestos; los servicios a las empresas 249.000; y el transporte 107.000.
La intensidad de esta mejora del sector servicios ha hecho que la economía española haya experimentado en apenas dos años un fuerte proceso de terciarización: a finales de los años 70 el peso del sector terciario en la economía española era del 42%; cuando empezó la crisis a finales del 2007, suponía el 66% y en la actualidad ya representa el 76,3% del tejido productivo español.
"Esta terciarización --explica Oliver-- plantea problemas ante el futuro, ya que la productividad del sector servicios crece muy lentamente y por tanto, la mejora del nivel de vida de los trabajadores también".
Pero Oliver va más allá y pone el foco en el sector turístico que es la rama de actividad dentro del sector servicios que está registrando un mejor comportamiento en el empleo. Así, el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona ha advertido hoy: "Cuidado no vayamos a hacer una burbuja del sector turístico. Ese no debe ser el modelo de crecimiento del empleo de los próximos diez años".
Según Oliver, las condiciones geopolíticas que están beneficiando a España frente a otras potencias turísticas del Mediterráneo no serán eternas, aunque puedan durar aún unos años y, por tanto, la demanda externa del sector podría reajustarse. E, igualmente, la demanda turística interna podrá mermar si la renta disponible de los españoles empieza a crecer a tasas más modestas, como es de esperar cuando se agoten los beneficios de la política monetaria o de factores como los tipos de interés o los bajos precios del petróleo.
¿Hacia qué actividades debería ir entonces la economía española? Oliver ha considerado que "España debería ser capaz de volver a crear buena parte del 25% del empleo industrial que aún no se ha recuperado e ir hacia empleos industriales y tecnológicos que permitan que la productividad pase de crecer un 0,5% a un 1,7% y, por tanto, con menos empleo tendríamos más renta", ha explicado. En esta línea ha recomendado que las políticas públicas hagan hincapié en incentivar las actividades del sector servicios que más valor añadido generan como los servicios a empresas y el transporte; así como la inversión en tecnología de las compañías.
En este sentido, el presidente de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, también tiene claro que las ocupaciones que mejor están funcionando en estos momentos y que son las que además mejoran la productividad de la economía, son aquellas relacionadas con el apoyo a la internacionalización y las nuevas tecnologías.
"Las empresas están a la caza del talento, sobre todo en las profesiones relacionadas con los STEM (siglas en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), donde los salarios crecen hasta un 25%", ha asegurado Grijalba. Por ello, el presidente del Manpower ha hecho hincapié en la necesidad no solo de cualificar "adecuadamente" a casi dos millones de parados "crónicos" que existen, sino también de "orientar a los que ahora tienen entre 12 y 18 años hacia esas profesiones".]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[La movilidad laboral, en cifras]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Jaume Viñas Coll]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Los datos de la Agencia Tributaria indican que 2.590 contribuyentes que residían en Cataluña se fueron a vivir a Madrid en 2015. El camino inverso lo siguieron 2.430 personas.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2016 08:28:27 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Movilidad mano obra]]></category>
<category><![CDATA[Mano obra]]></category>
<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
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<content:encoded><![CDATA[¿Cuántos asalariados catalanes han dejado su comunidad para ir a trabajar en Madrid? ¿Y viceversa? Estas y otras preguntas las contesta la Agencia Tributaria a través de su estadística sobre movilidad laboral publicada ayer y que, entre otros aspectos, permite conocer los cambios de residencia entre comunidades autónomas. Según los últimos datos tributarios, 109.314 españoles trasladaron su residencia a otra comunidad autónoma en 2015. Madrid es la comunidad más dinámica y que atrajo a un mayor número de trabajadores. La región vio como llegaba 33.412 empleados desde otras comunidades al tiempo que se fueron 18.324. Ello supone un saldo neto positivo de 15.088 asalariados. Cataluña, Baleares, Canarias y Murcia son las otras comunidades que registraron saldos positivos.
En el lado opuesto destaca Andalucía, la comunidad más poblada de España y que registró una pérdida neta de 7.010 empleados. Los datos de la Agencia Tributaria reflejan los cambios de residencia de los ocupados. Es decir, un parado que vive en Galicia y se traslada a trabajar a Cantabria no aparece en esta estadística. Los cambios de residencia pueden deberse a motivos laborales, familiares o, incluso, fiscales.
El tránsito entre Cataluña y Madrid es de los más llamativos. El año pasado, 2.590 contribuyentes que residían en Cataluña se desplazaron a Madrid. El camino contrario, de Madrid a Cataluña, fue emprendido por 2.430 personas. Ello refleja que el movimiento es relevante en ambos sentidos, aunque la balanza se inclina a favor de Madrid, que obtuvo con Cataluña un saldo neto favorable de 160 personas. Para los catalanes que se van a trabajar a otra autonomía, Madrid es la primera elección. En cambio, para los madrileños, el destino prioritario es Castilla-La Mancha. Así lo fue para 4.561 contribuyentes. Probablemente, buena parte de ellos son madrileños que siguen trabajando en la región, pero que han fijado su residencia en la comunidad vecina.
Por detrás de Andalucía, la región con peores cifras es Castilla y León, que presenta un saldo negativo de 4.878 ocupados. 10.192 castellanoleoneses salieron de la comunidad frente a los 5.595 que llegaron. De los que se fueron, casi la mitad acabó residiendo en Madrid. De hecho, esta comunidad fue el primer destino de todos los contribuyentes que cambiaron de residencia en 2015, con la única excepción de Aragón y las Islas Baleares. Los aragoneses y baleares que se mudaron de autonomía eligieron mayoritariamente Cataluña.
La estadística de la Agencia Tributaria también refleja la movilidad por sectores. En 2015, el número de asalariados aumento un 3,2%, sin embargo, el incremento fue muy dispar. Así, el sector de “servicios personales y ocio” registró un incremento del número de empleados del 8,3%, el nivel más elevado. Le siguieron las compañías que dan servicios a otras empresas, con un aumento del 8% y, a mucha distancia, el sector de la construcción y actividades inmobiliarias, con un avance del 3,2%. En cambio, el número de trabajadores en el sector de la información y la comunicación menguó en un 10,7%, registrando el mayor descenso.
¿Y por salarios? Los datos de la Agencia Tributaria reflejan que el grueso de contribuyentes, el 70%, se sitúa por debajo de un sueldo de 22.700 euros anuales, que supone 2,5 veces el salario mínimo interprofesional vigente en 2015. Aun así, llama la atención que, según los datos de la Agencia Tributaria, el año pasado aumentó significativamente el número de contribuyentes que se encuentran en la parte alta. Así, los asalariados que declararon ganar más de 90.000 euros anuales (10 veces el salario mínimo) se incrementaron un 6,9% hasta los 136.500 trabajadores. El aumento supera con creces el incremento medio del 3,2%del número de empleados. Los contribuyentes que están por debajo del salario mínimo suman 5,3 millones, un 2,4% más. En este grupo se encuentran personas que, por ejemplo, no han estado ocupados durante todo el año, lo que explica que sus rendimientos salariales no alcancen el SMI. Ello afecta especialmente a las mujeres. De los 16,7 millones de asalariados, el 54% son hombres y el resto mujeres. En cambio, de los 5,3 millones de trabajadores que no llegan al sueldo mínimo, el 52% son mujeres, el colectivo más afectado por la temporalidad y la precariedad.]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[Medio siglo con mano de hierro al frente de la isla]]></title>
<link><![CDATA[http://cincodias.com/cincodias/2016/11/26/economia/1480145858_493431.html#?ref=rss&format=simple&link=link]]></link>
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<dc:creator><![CDATA[CINCO DÍAS]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Castro dirigió el país caribeño durante casi medio siglo hasta que su hermano Raúl Castro asumió sus cargos como primer secretario del partido Comunista y la presidencia.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2016 14:20:11 +0200]]></pubDate>
<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
<category><![CDATA[Cuba]]></category>
<category><![CDATA[Caribe]]></category>
<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
<category><![CDATA[América]]></category>
<content:encoded><![CDATA[Fidel Alejandro Castro Ruz, el líder de la Revolución cubana que triunfó en 1959, fallecido hoy a los 90 años, dirigió el país caribeño durante casi medio siglo hasta que en 2008 su hermano Raúl Castro asumió sus cargos como primer secretario del partido Comunista y la presidencia.
Nació en la finca que poseía su familia en Birán, Mayarí, provincia de Oriente (hoy Holguín), Cuba, el 13 de agosto de 1926.
Hijo de la segunda unión de su padre, Ángel María Castro, un terrateniente de origen gallego, con Lina Ruz, del que nacieron siete hijos: cuatro mujeres (Angela, Juana, Emma y Agustina) y tres varones (Ramón, Fidel y Raúl). Sus padres contrajeron matrimonio en 1943, dos años después de iniciar el divorcio de su primera esposa, María Luisa Argota.
Estudió interno en colegios de los jesuitas en Santiago y La Habana y en 1945 inició la carrera de Derecho en La Habana, que finalizó cinco años más tarde. Durante esta última etapa ya manifestó sus inquietudes políticas y participó en la fallida Legión del Caribe, que pretendió derrocar al dictador dominicano Rafael Trujillo, y encabezó la delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) a la Conferencia Interamericana de Bogotá en la que se produjeron disturbios de los que se acusó a los cubanos.
En 1952 comenzó su lucha pública contra el dictador Fulgencio Batista, que acababa de dar un golpe de Estado ante su más que previsible derrota electoral, y el 26 de julio de 1953 encabezó el asalto al cuartel de la Moncada en Santiago, intento fracasado en el que perdieron la vida ocho del centenar largo de asaltantes, aunque la cifra aumentó hasta los 69 como consecuencia de las ejecuciones sumarias.
Detenido días después, en el proceso, iniciado el 21 de septiembre, asumió su defensa y el 16 de octubre pronunció su alegato "condenadme. No importa. La historia me absolverá", en el que expuso su programa político y revolucionario. Fue condenado a 15 años de prisión por insurrección y recluido en el penal de la Isla de Pinos (hoy de la Juventud).
En la cárcel fundó en marzo de 1955 el Movimiento Revolucionario 26 de julio (M-26) y el 15 de mayo de ese año, el grupo de asaltantes del Moncada se benefició de la amnistía, fruto de la presión internacional, partiendo a comienzos de julio al exilio en México, donde conoció a los pocos días de su llegada al argentino Ernesto "Che" Guevara, con el que proyectó el regreso a la Isla con un comando guerrillero. En el país azteca recompuso el M-26.
Los 82 expedicionarios del yate "Granma", entre ellos Fidel y el "Che", partieron el 25 de noviembre de 1956 de Santiago de la Peña (México) y desembarcaron el 2 de diciembre en playa Las Coloradas, cerca de Manzanillo, en el oriente de la Isla.
En dos semanas el grupo guerrillero quedó mermado a la mitad por los enfrentamientos con el Ejército de Batista y las ejecuciones de algunos hechos prisioneros. Los hermanos Castro, el "Che" y una docena de supervivientes lograron con fortuna refugiarse en la Sierra Maestra, donde constituyeron el núcleo del Ejército Rebelde (I Frente "José Martí").
El 1 de marzo de 1958 anunció la guerra total en el país y amplió su "cuerpo de ejército" con dos frentes más, a los que se sumaron otros dos más a lo largo del año. Además, el 9 de mayo de ese año fue elegido secretario general del M-26 y en julio se conoció la firma del pacto de Caracas, respaldado además por otros partidos de la oposición en el que se pedía al pueblo el apoyo para derrocar a Batista y al Gobierno norteamericano que no siga apoyándolo.
Tras sucesivas batallas con el Ejército, la guerrilla encabezada por Fidel Castro logró derrocar el régimen de Fulgencio Batista, quien abandonó el país el 1 de enero de 1959.
Fidel Castró entró en La Habana el 8 de enero. En el Gobierno provisional se hizo con el control del Ejército y en febrero sumó el puesto de primer ministro.
Durante el año 1960 expropió los latifundios y nacionalizó las empresas extranjeras, lo que motivó la amenaza norteamericana de la intervención, decretando el 20 de octubre el embargo a las exportaciones cubanas.
Estableció relaciones diplomáticas con la URSS en 1960 e inició una rápida evolución hacia el socialismo real. Tránsito en el que influyó el intento de invasión de Bahía Cochinos (abril de 1961) o la "crisis de los misiles" (octubre de 1962). Proclamó el carácter socialista de la Revolución, el 16 de abril de 1961, y el 2 de diciembre se declaró marxista-leninista.
Coincidiendo con la renuncia del "Che" a sus cargos, en octubre de 1965 dirigió la conversión del Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS) en Partido Comunista de Cuba (PCC), del que fue su secretario general hasta abril de 2011.
A partir de los sesenta impuso un régimen de austeridad, disciplina y productividad, que tuvo un gran revés al no alcanzar la meta de los 10 millones de toneladas en la zafra de 1969-70, aunque el ingreso de Cuba en julio de 1972 en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) contribuyó a casi dos décadas de bonanza para el país.
Tras la aprobación en febrero de 1976 de la Constitución, el 3 de diciembre de ese año fue elegido presidente del Consejo de Estado y en enero de 1980 sumó el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
En 1989 cuando el clima social estaba más tranquilo, excepto por el juicio y fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, se produjo la desintegración del bloque del Este, pero Castro se mantuvo fiel al marxismo-leninismo y rechazó la "Perestroika".
Estrangulada la economía nacional, el 29 de agosto de 1990 decretó el "Período Especial en tiempos de paz", imponiendo importantes restricciones. Luego, en agosto de 1993 intentó salvar la situación con una tímida apertura económica y en los años siguientes el PIB pasó a tasas positivas.
Con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez, en 1999, se inició un acercamiento entre ambos países, que les llevó a firmar en octubre del año siguiente un importante acuerdo, por el que Cuba recibe petróleo en condiciones ventajosas a cambio de servicios de miles de cubanos, sobre todo médicos.
El 31 de julio de 2006, tras someterse a una operación quirúrgica como consecuencia de una crisis intestinal, delegó provisionalmente en su hermano Raúl los cargos de primer secretario del Partido Comunista, presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Desde entonces fueron contadas las ocasiones que se vieron imágenes del Comandante, la mayoría con motivo de entrevistas con mandatarios extranjeros. La comunicación con la sociedad cubana la mantuvo desde marzo de 2007 con la publicación de sus "Reflexiones" en el diario oficial "Granma" y el digital "Cubadebate", en el que continuó publicando artículos esporádicamente.
El 19 de febrero de 2008, un mes después de su reelección como diputado por Santiago, dio a conocer que no aceptaría ni aspiraría a un nuevo mandato como presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe, y el 24 de ese mes el Parlamento eligió a su hermano Raúl para desempeñar esos puestos. En febrero de 2013 fue reelegido diputado por Santiago.
El 17 de diciembre de 2014 Cuba y EEUU anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas. En enero siguiente, cuando circularon rumores sobre su fallecimiento, envió una carta a Diego Armando Maradona y un mensaje a los estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria, en el que decía no confiar en la política de Estados Unidos, aunque respaldó la "solución pacífica" y "negociada" a los conflictos.
Fue delegado en el VI Congreso del Partido Comunista, en abril de 2011, en el que Raúl Castro le relevó como primer secretario, y en febrero de 2016 fue elegido para el Congreso del partido en abril, en cuya clausura intervino.
En marzo de 2016 se produjo la visita a Cuba del presidente estadounidense, Barack Obama, con el que no se entrevistó.
Castro publicó "Pensamiento político, económico y social" (1958), "La historia me absolverá", "Fidel y la religión", "La crisis económica y social del mundo" (1983), "La Paz en Colombia" (2008) o la autobiografía "Por todos los caminos de la Sierra: la victoria estratégica" (2010).
Fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz (1961), nombrado héroe de la Unión Soviética (1963) y miembro de la Orden de la Revolución de Octubre (1976).
Estuvo casado con Mirtha Díaz-Balart (1948-54), con quien tuvo un hijo, Fidel. Además, de su relación con Nati Revuelta nació Alina Fernández Revuelta. Desde comienzos de los sesenta estaba unido a Dalia Soto del Valle, con la que tuvo cinco hijos (Alejandro, Alexis, Antonio, Alex y Ángel). También, se le atribuyen otros dos hijos (Jorge Ángel y Francisca Pupo)]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[El año récord del turismo da alas al negocio aéreo]]></title>
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<dc:creator><![CDATA[Carlos Molina]]></dc:creator>
<description><![CDATA[Los vuelos programados hasta julio suben a máximos de la serie histórica, iniciada en 2004, y el consumo de queroseno crece a niveles inéditos en 20 años.]]></description>
<pubDate><![CDATA[Fri, 2 Sep 2016 07:38:29 +0200]]></pubDate>
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<content:encoded><![CDATA[Hoteles, restaurantes, bares, comercios….Son solo algunas de las actividades que se están viendo beneficiadas por un año extraordinario para el turismo, tanto nacional como extranjero, en el que factores externos (<a href="http://cincodias.com/tag/atentados_terroristas/a/" target="_blank">terrorismo en destinos competidores</a> o <a href="http://cincodias.com/tag/cotizacion_divisas/a/" target="_blank">abaratamiento del euro</a> frente a otras divisas) están contribuyendo de forma decisiva a que se estén superando todos los récords. <a href="http://cincodias.com/cincodias/2016/08/30/economia/1472543213_837754.html" target="_blank">En julio llegaron a los principales destinos 9,6 millones de viajeros</a>, el dato más alto de la historia para un mes en España, y en el acumulado entre enero y julio, la cifra subió a 42 millones, también máximo histórico.
Este buen tono también ha tenido reflejo en la industria aérea, cuyas cuentas de resultados reflejaran la confluencia de dos factores: <a href="http://cincodias.com/tag/petroleo_brent/a/" target="_blank">el abaratamiento del barril de Brent</a>, de referencia en Europa, y el boom del turismo en España. <a href="http://www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Estadisticas/Home" target="_blank">Los datos de tráfico aéreo de Aena</a> hasta julio así lo certifican. Si se analizan los pasajeros transportados, el balance en los siete primeros meses arroja un resultado de 129,5 millones de pasajeros. Nunca en la serie histórica, que se inicia en 2004, se había alcanzado esa cifra, que lleva creciendo de forma consecutiva durante tres ejercicios y que supone casi 10 millones de viajeros que antes de la crisis. A este hito ha contribuido <a href="http://cincodias.com/tag/aerolineas_bajo_costo/a/" target="_blank">la eclosión y generalización de las líneas de bajo coste</a>. Entre enero y julio de este año fueron utilizadas por 22,8 millones de viajeros, lo que supone la mitad de todos los que utilizaron el avión como medio para visitar España. Los aeropuertos más beneficiados son los de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, que suman dos tercios de los pasajeros hasta julio.
Para asegurar que todos los viajeros podían volar, las compañías han elevado el número de operaciones, aunque en menor medida que los pasajeros, para ajustar al máximo la rentabilidad. Entre enero y julio se produjeron 1,16 millones de vuelos, el nivel más alto desde 2011 y al igual que sucede con los turistas desplazados, los cuatro aeródromos antes citados absorben dos terceras partes de las operaciones
Otro indicador que refleja el buen tono de la actividad turística es el máximo histórico registrado en el consumo de queroseno, el combustible más frecuente que utilizan los aviones. <a href="http://www.cores.es/sites/default/files/archivos/estadisticas/est-petroliferos-consumo-2016.pdf" target="_blank">Los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores)</a>, sociedad pública tutelada por el Ministerio de Industria, reflejan que el consumo creció hasta los 3,3 millones de toneladas, también máximo de la serie histórica, iniciada en 1996. Las compañías aéreas no solo se han aprovechado de la mayor demanda de turistas, sino también de los bajos precios del petróleo (se ha mantenido estable en los últimos meses en el entorno de entre 40 y 50 dólares por barril), lo que les ha permitido cuantiosos ahorros. El precio queroseno de aviación, al ser un destilado del crudo, también se ha visto seriamente rebajado.]]></content:encoded>
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